La
emergencia económica en Venezuela y la necesidad de una nueva política
económica en 2015
En este nuevo
escrito dirigido a todos los sectores de país, 60 economistas venezolanos
explicamos las grandes dificultades económicas a comienzos del 2015, de dónde
provienen y cómo deberían ser enfrentadas. Venezuela requiere que se establezca
una economía de mercado con fuertes instituciones sociales y económicas,
formando parte de una democracia donde todos los sectores nacionales tengan
abierta las puertas a participar sin temor alguno en el desarrollo nacional.
Nuestro vecinos en América Latina, en su mayoría, ha lograda establecer una
economía con estas características, sin caer en concepciones ideológicas
extremistas.
El presidente
Nicolás Maduro en su Memoria y Cuenta ante la Asamblea Nacional de
ayer hizo algunos anuncios económicos puntuales, que no cambian el curso de las
grandes dificultades de la economía venezolana. El nuevo régimen cambiario que
anunció sigue manteniendo tres tasas oficiales, y como ya se ha
comprobado, es propenso a la ineficaz asignación de divisas, con elevada
corrupción que aprovecha los diferenciales cambiarios. Una tasa oficial
que mantiene un subsidio cambiario de 6,30 Bs/$ para bienes básicos,
alimentos y salud; una tasa unificada de Sicad 1 y 2, cuyo monto no fue
anunciado, pero se espera una devaluación de la misma; y una tercera tasa de
cambio, que operará a través de operadores de bolsa pública y privada.
En el contexto
de la fuerte caída de los ingresos petroleros en 2015, a un estimado de la
mitad de los recibidos en 2014, con pesadas obligaciones financieras y
petroleras que se analizan en este documento, la disponibilidad de
divisas para proveerlas bajo este régimen cambiario son muy limitadas. La
expansión del gasto público anunciada por Maduro, no puede sino aumentar la
liquidez en manos del público y la presión sobre la nueva tasa de cambio vía
casas de bolsa y el mercado paralelo. Esta tercera tasa de cambio, todavía por
ser definida en sus detalles, será, sin embargo, mucho más alta y elevará el
costo del gran volumen de importaciones que no recibirán divisas a las tasa
preferencial ni Sicad. Sin un conjunto de medidas económicas coherentes,
como se plantea en la segunda sección de este documento, un régimen cambiario
como el anunciado no puede sino reflejar la muy fuerte presión alcista en
los precios y en las tasas de cambio de libre fluctuación. El ajuste del
salario mínimo en 15%, a partir de febrero, es insuficiente, y ocurre en medio
de presiones que elevaran la inflación por encima de 100% anual; los anuncios
están lejos de constituir un verdadero plan coherente y creíble para
estabilizar la economía venezolana y sentar las bases para su recuperación.
Debemos
recordar el origen cercano de las dificultades actuales. Las distorsiones de la
economía venezolana se agravaron desde el segundo semestre 2012, al acentuarse
la inflación y la depreciación de la tasa de cambio no oficial; en medio de una
creciente restricción en la entrega de divisas al sector privado que se
prolongó hasta 2013. En ese año el promedio del precio del petróleo para
Venezuela fue 103, 42 $/barril. Ello nos llevó, a un grupo de economistas, a
hacer público un documento con un alto grado de consenso profesional en enero
2014, sobre la crisis cambiaria, las dificultades del sector petrolero y el
deterioro socioeconómico en Venezuela.
Ahora, a
principios del 2015, con la aguda y fuerte caída de los precios del petróleo
desde mediados de 2014, la situación del país entró en una fase de auténtica
emergencia económica, pues los ingresos petroleros estimados para el 2015, son
alrededor de la mitad de los del 2014 en un escenario conservador, con bajas
reservas internacionales operativas y fuerte acumulación de deuda pública y
otras obligaciones comerciales; esta situación hace insostenible mantener el
marco de políticas económicas que se han venido ejecutando desde el Gobierno de
Hugo Chávez hasta el de Nicolás Maduro, centrado en controles de precios,
cambio, ganancias e incluso del patrón de distribución de bienes de consumo
básico en el territorio nacional. Además, la absoluta mayoría de empresas
públicas, incluyendo las nacionalizadas en los últimos diez años, enfrentan
serios problemas de eficiencia productiva y bajos niveles de producción.
La alta
inflación anual de 2014, fue superior a 65%, la más alta del mundo; aunque el
Gobierno influyó directamente en su cálculo desde el tercer trimestre para
intentar detener su continua alza; el desabastecimiento crónico a nivel
nacional y la escasez de bienes e insumos de toda clase, junto a una
contracción de la economía y pérdida de empleos, son parte de las graves
consecuencias que enfrentan los venezolanos desde el año pasado.
En el 2014 se
perdió un valioso tiempo en términos de medidas de política gubernamental
oportunas. Desde antes de la caída más acentuada de los precios del crudo en el
tercer trimestre, hubo una fuerte resistencia política e ideológica dentro del
Gobierno de Nicolás Maduro para asumir la responsabilidad de tomar acciones correctivas
adecuadas en el plano fiscal, monetario, cambiario, petrolero y de
incentivos efectivos para la recuperación del aparato productivo. Actualmente
es visible la disminución en la calidad de vida de los venezolanos, tal como lo
expresan las vivencias de los ciudadanos y los estudios de opinión
pública.
Se debe señalar
que en el 2014 tampoco se avanzó en el dialogo político y que el país sigue
dividido, con instituciones democráticas muy debilitadas, casi
inoperantes. El sector oficialista ha perdido el apoyo de las grandes mayorías
de los venezolanos, que ahora ven más de cerca las adversas consecuencias de un
modelo económico de inspiración ideológica de izquierda marxista leninista,
marcado por el populismo con los recursos petroleros y el endeudamiento masivo;
el cual fue abandonado en el resto del mundo y no fue seguido como ejemplo en
los países más afines del ALBA.
El énfasis de
gasto público en materia social desde 2004, vía las Misiones, generó un gran
apoyo a nivel nacional para el Gobierno, pero éste no debió ser excusa para
socavar las bases de estabilidad de económica del país y acumular una enorme
deuda pública, causando una alta y persistente inflación, desabastecimiento,
cierre de empresas, desempleo, una caída del poder de compra de la familia
venezolana y una dependencia extrema del consumo de la distribución de la renta
petrolera. Las Misiones deben institucionalizarse, como parte del sistema de
gasto social, con transparencia de gestión y mayor eficiencia en el uso de los
recursos.
Desde el 2009
un grupo de economistas venezolanos, de distintas generaciones, tendencias y
regiones del país, hemos dado a conocer nuestros puntos de vista coincidentes
en documentos colectivos, disponibles en la sección editorial del website www.pensarenvenezuela.org.ve.
En esta oportunidad queremos tratar, de manera accesible para los lectores
fuera del área de la profesión, dos grandes temas de importancia para la
delicada situación del país. Primero, un recuento del origen de los grandes
problemas económicos centrales, interrelacionados, que requieren atención
urgente; todos los cuales han sido explicados en escritos anteriores (2009-14)
y ahora tienen dimensiones mayores, en medio de lo que ahora en 2015, podemos
definir como una emergencia económica. Segundo, delineamos nuestro análisis del
impacto de la caída del precio del crudo sobre la economía venezolana y
explicamos nuestras sugerencias al país, como un conjunto de acciones y
objetivos de una nueva política económica, dentro del contexto de precios más
bajos del petróleo para 2015-16.
Estamos muy
conscientes de la resistencia a rectificar en los lineamientos económicos
socialistas, dentro del Gobierno de Nicolás Maduro, muy a pesar de su anuncio
de consultar a economistas sobre algunas alternativas, ahora, cuando es
evidente el fracaso de la gestión económica. Aparte de las razones políticas,
de mantenerse en el poder sin cambios substanciales contrarios a su ideología
de izquierda radical, anti-mercado, es evidente que, tal como han señalado
diversos sectores nacionales, se ha percibido un persistente interés de
provecho personal en grupos que han mantenido el control en la asignación de
las divisas y otros mecanismos de intervención estatal, todos en manos de una
cúpula gubernamental. Ese fue siempre un problema grave en los sistemas
socialistas del siglo XX, que asumían o intentaban un control central de las
actividades económicas de una nación; y tal ha sido el caso del experimento socialista
en Venezuela. Estos grupos o factores de poder con sus intereses y privilegios,
no deberían entorpecer más la rectificación económica en 2015, en aras del
interés nacional.
A)
Los grandes problemas económicos de Venezuela eran muy graves antes de la caída
de los precios del petróleo
Los problemas
económicos del país desde la gestión de Hugo Chávez se manifestaron en una cada
vez mayor dependencia del petróleo y del endeudamiento público, mientras la
inflación se elevaba y se acumulaban grandes distorsiones; el impacto negativo
sobre la población pudo ser compensado por varios años, con grandes
transferencias de recursos a los sectores de bajos ingresos desde 2004; e
importaciones de alimentos y otros bienes, vendidos a precios subsidiados.
Sin embargo, al
mantener un bolívar sobrevaluado para aumentar el impacto de la red de
beneficios sociales, junto a los controles de precio y cambio, para también
mantener los subsidios explícitos o implícitos, se causaron grandes
desequilibrios económicos que llevaron a un acelerado endeudamiento público, el
reemplazo gradual de la producción nacional de alimentos y toda clase de
bienes de consumo, insumos y bienes de capital, por importaciones, más baratas
a la tasa de cambio sobrevaluada. En conjunto, el objetivo combinado de corto
plazo, social, electoral y político, privó sobre todos los previsibles costos
económicos para la nación, los cuales al manifestarse más abiertamente a partir
de 2012, revelaron el impacto social adverso de la inflación, el desabastecimiento
y caída de la actividad económica, advertido previamente por los economistas.
Es en este
contexto que la caída del precio del petróleo desde junio 2014 agrava
enormemente la situación de Venezuela, que se refleja en un grave problema
socioeconómico de desabastecimiento y de escasez generalizada de
productos alimentarios, medicamentos, material esencial para el sector salud,
equipos, maquinaria e insumos para las distintas actividades productivas del
país.
Los problemas
económicos centrales, interrelacionados, que requieren atención gubernamental
urgente en medio de lo que ahora, en 2015, podemos definir como una emergencia
económica, se resumen en los siguientes puntos:
— La expansión
fiscal, dentro y fuera del presupuesto nacional, y los grandes déficits de
sector público son el problema primario que induce a mayores desequilibrios
monetarios y cambiarios. El déficit del sector público restringido, como
porcentaje del PIB, se elevó a 15.6% en 2012, 16,3% en 2013 y se estima en 19%
en 2014. Estas son cifras extraordinariamente altas para cualquier economía y
han sido cubiertas en gran medida con el financiamiento monetario provisto por
un debilitado Banco Central de Venezuela, con su Directorio recibiendo
instrucciones directas del Gobierno. Ni el Gobierno de Hugo Chávez ni el de
Nicolás Maduro han tenido reparo en usar todos los recursos fiscales, sean
estos provistos por el petróleo, los ciudadanos a través de la recaudación del
SENIAT, el endeudamiento público, los acuerdos con China; agreguemos a lo anterior
la inconveniente transferencia de una parte importante de las reservas
internacionales líquidas del BCV y los excedentes de tesorería de PDVSA, a un
fondo de gasto público extra-presupuestario, FONDEN, para fines definidos por
el Presidente, sin respetar las leyes ni la Constitución en sus artículos 314 y
320.
— A nuestra
empresa estatal petrolera, PDVSA, los problemas derivados de la sistemática
extracción de sus propios recursos financieros por parte del Gobierno, más allá
de los impuestos y regalía que señala la ley, además de endeudamiento para
fines distintos a sus actividades, y los compromisos asumidos con China y
Petrocaribe/Cuba, la han colocado en una situación de minusvalía financiera
operacional. Los volúmenes de producción propia de PDVSA en crudos ligeros y
medianos cayeron desde el primer trimestre 2011 hasta el tercer trimestre 2014
en 000 barriles por día, lo cual equivale a 10.5% de las exportaciones del
2014; esta caída ha sido compensada, parcialmente, por el incremento en 140.000
barriles por día en la producción de crudos extra-pesados en las empresas
mixtas, asociada al esfuerzo de las compañías extranjeras, donde los ingresos
petroleros son compartidos. Las importaciones de crudo y productos han venido
elevándose para proveer el crudo diluyente y la nafta, necesarios para la
exportación de parte de los crudos extra-pesados y para suplir el mercado
interno, dada la menor producción en las refinerías. La pesada factura de
importación ha fluctuado en 2012-14, entre $7.000 y $8.400 millones al año,
substancialmente mayor que el servicio anual de la deuda externa de PDVSA en
2014 de $5.389 millones. El volumen de exportación de crudo y productos en 2013
cayó 5,5% a 2.265.000 b/d y en 2014 se estima una disminución de 3,2% a 2.190.000
b/d. La producción petrolera estimada para 2014, 2.740.000 b/d, hace evidente
el fracaso del Plan Siembra Petrolera anunciado en 2006, el cual tuvo una meta
de producción de 5.800.000 b/d para 2012.
— El
endeudamiento público creció en forma acelerada desde 2005, a pesar del alza
sostenida del precio del petróleo desde 2003. El Gobierno de Hugo Chávez y de
Nicolás Maduro usó todos los posibles medios de contraer deuda por 10 años. En
el caso de las leyes de endeudamiento del Gobierno Central, que es una parte de
la masiva acumulación de deuda pública, del saldo de la deuda interna y
externa en dólares, estimada en unos US$150.000 millones a finales de 2014,
sólo un 25% se destinó a proyectos de inversión; el resto fue usada en
restructuración financiera, servicio de deuda y gestión fiscal. Al intentar
consolidar las obligaciones financieras en títulos, convenios con China
y deuda por nacionalizaciones, del sector público restringido en divisas,
estas se estiman en US$147.000 millones. La deuda pública interna en
bolívares a tasa de cambio oficial equivale a US$78.638 millones y el
financiamiento monetario del Banco Central de Venezuela (BCV) a
PDVSA y otros entes públicos llegó en diciembre 2014 al equivalente a
US$107.290 millones. La devaluación del bolívar que se anticipa, sin duda
diluirá en términos de divisas las obligaciones en bolívares del Gobierno y
PDVSA; también lo hará con las obligaciones laborales pendientes y reducirá el
poder de compra de sueldos y salarios. Dada la falta de información oficial
organizada es difícil consolidar el total de obligaciones en divisas y
bolívares, pero estos montos dan idea de montos muy grandes, en particular en
el contexto de los disminuidos ingresos por exportación petrolera de 2015.
— Las cifras
anteriores de deuda pública no incluyen la deuda comercial, en divisas y
bolívares, del Gobierno Central y PDVSA con contratistas y proveedores, ni las
obligaciones de suministro de divisas (CENCOEX/CADIVI) con el sector privado
venezolano y empresas extranjeras residentes en el país, que a su vez tiene
deudas contraídas con sus casas matrices o proveedores internacionales,
estimadas en US$21.200 millones (incluye deuda comercial por importaciones,
servicios, dividendos aprobados y dividendos retenidos a socios de empresas
petroleras mixtas). La deuda de PDVSA con sus contratistas y proveedores era de
US$21.404 millones a finales del 2013; además de deudas indirectas a través de
las empresas mixtas, estimadas en US$12.000 millones, con sus socios
(dividendos retenidos) y contratistas. Se conoce que algunas de estas deudas
comerciales se reestructuraron, pero siguieron creciendo en 2014 debido a las
dificultades financieras de PDVSA. No tenemos cifras sobre las obligaciones
acumuladas del resto del sector público con contratistas y proveedores, pero
las grandes obras públicas en todo el país están paralizadas o en lenta
ejecución por falta de pago. Estimamos que la deuda comercial, servicios y con
contratistas/ proveedores del sector petrolero, consolidada en divisas, es superior
a los US$40.000 millones. Se requiere transparencia de parte del Gobierno, para
informar al país sobre los actualizados de estas obligaciones por pagar, en
divisas y en bolívares. Dada la situación de desabastecimiento general y
escasez de bienes de consumo e insumos agrícolas e industriales, este
componente no titularizado de la deuda pública nacional es tan importante como
la deuda pública financiera registrada.
— La política
monetaria del Banco Central de Venezuela (BCV) fue desviada del objetivo
constitucional de la estabilidad de precios y manejo responsable de las
reservas internacionales para, a través de la designación de un Directorio de
filiación partidista y sin credenciales académicas adecuadas, descuidar las
tareas de un ente monetario responsable. El BCV ha transferido US$62.250
millones (hasta septiembre 2014) de las reservas internacionales al FONDEN
desde la inconstitucional reforma de su ley de julio 2005; y ha adquirido
pagarés de PDVSA desde 2010, medio de financiamiento monetario del
déficit del sector público, en montos en bolívares muy grandes, equivalentes a
tasa de cambio oficial al cierre de diciembre 2014 a US$107.290 millones. El
control gubernamental del BCV, obviando las razones de su autonomía establecida
en la Constitución, es el origen de la falta de reservas internacionales
ahora en 2015 y del acelerado crecimiento de la liquidez monetaria en manos del
público, bolívares sin respaldo. Esta situación en el ente
monetario es una de las causas directas de la rápida depreciación del bolívar
en el llamado mercado cambiario paralelo y de la creciente tasa de inflación,
para llegar a ser desde 2014, la tasa más alta del mundo, a pesar que el
Directorio del BCV ha tomado medidas para modificar a su conveniencia el cálculo
del Índice de precios, al tiempo que ha retrasado su publicación.
— Un régimen de
control de cambio, ahora con múltiples tasas, instaurado en forma temporal en
2003 para enfrentar la caída en reservas internacionales, fue convertido en un
sistema permanente de asignación de divisas, con todas las distorsiones
económicas que esto causa, como la persistente sobrevaluación de la tasa de
cambio oficial, que condujo a mayores importaciones y a la pérdida de valor del
bolívar ante el dólar en el mercado no oficial. El énfasis del Plan Socialista
2007-12, de aumentar la participación del sector público, ampliar los controles
de precios sobre el sector privado mientras se elevaban los costos de
producción, junto a la moneda sobrevaluada y el amplio diferencial cambiario
entre la tasa de cambio oficial y el mercado no oficial, causó un poderoso
desestimulo a la producción nacional, con el consecuente desmantelamiento de
parte de la tradicional producción agrícola e industrial del país, un
incremento de la corrupción asociada a la asignación de divisas y, a finales de
2014, prácticamente el agotamiento de las reservas internacionales liquidas.
— Hace ocho
años, en enero de 2007, el presidente Hugo Chávez anunció luego de su
reelección que Venezuela se dirigía a una transición hacia el socialismo del
siglo XXI. Se inició un proceso de expropiaciones y confiscaciones a varias
empresas nacionales e internacionales, del sector agrícola, industrial,
eléctrico, financiero, servicios y telecomunicaciones; Además, se crearon nuevas
empresas y entes públicos para realizar compras en el exterior y distribuir
bienes dentro de gasto social, estrechamente vinculado a la red clientelar del
partido de gobierno. También se ampliaron las facultades del Gobierno para
ejercer controles de precios, de ganancias y sobre la distribución de bienes de
producción privada en el territorio nacional. Evidentemente, estas medidas
forman parte de la concepción socialista-marxista, previa a la caída del muro
de Berlín, promovida por el Primer y Segundo Plan Socialista desde 2007, bajo
el auspicio de Hugo Chávez. Desde el 2009 la pérdida de la eficacia productiva
y del potencial de producción en prácticamente todos los sectores de la
economía, público y privado, se ha convertido en un impedimento más para el
normal abastecimiento con producción nacional. Las empresas básicas estatales
de Guayana han reducido alarmantemente su producción a un rango estimado de
40-60% de su capacidad potencial; operan con fuertes pérdidas, desactualización
tecnológica y baja calidad del producto final. Algunas empresas estatales
subsisten con transferencias de recursos desde el Gobierno Central, PDVSA, el
Fondo Chino y del BCV. Los sectores de electricidad, agua y telecomunicaciones,
presentan graves problemas de gestión, falta de inversión oportuna y fallas en
la prestación de los servicios.
Estos puntos
anteriores han sido explicados en varios documentos suscritos por economistas
desde 2009, como serios problemas y obstáculos para la estabilidad y el
progreso económico de Venezuela. La política gubernamental no sólo no ha
resuelto ninguna de estas dificultades, sino que ha permitido que se agraven
aún más. Como hemos señalado antes, esta crisis no obedece exclusivamente a
políticas económicas desacertadas sino a una conducción gubernamental sin
respeto a los límites legales en el área económica-financiera y a una
concepción ideológica de izquierda radical que ha justificado con el
presunto fin revolucionario, el abandono de las prácticas de una
democracia funcional moderna, abierta al escrutinio público y respetuosa del
estado de derecho.
B)
La emergencia económica del 2015 y la necesidad de una nueva política económica
Todas las
dificultades económicas resumidas anteriormente, donde se podrían agregar
una serie de problemas sectoriales adicionales, afectados por el marco de
política económica analizado, sonprevias a la aguda caída de los precios
del petróleo. En junio de 2014 el precio de la canasta de exportación de
crudos y productos petroleros venezolana era de 99,11 $/barril; para la primera
quincena de enero 2015 fue de 41,33 $/barril. Una caída de 58,3% en algo más de
6 meses. El excedente de oferta petrolera en la economía mundial se irá
moderando con la disminución del precio del crudo, el cual todavía no encuentra
un punto de equilibrio; pero el débil crecimiento de la demanda mundial, lleva
a pensar que será un proceso prolongado, quizás de un par de años, antes que el
crudo vuelva a elevar el precio de Venezuela por encima de los 65-70 $/barril.
Las
estimaciones del impacto sobre la balanza de pagos, en el contexto anterior,
son realmente dramáticas. En 2012 los ingresos por exportaciones petroleras
fueron de $93.569 millones con un precio promedio de exportación de Venezuela
de 103,42 $/barril; En 2013, según cifras del Ministerio de Energía y Petróleo
provistas al BCV, bajaron a US$85.603 millones, aunque la data de comercio
internacional indica que debió estar cercano a los US$81.000 millones. En 2014
se estima que los ingresos brutos por exportaciones cayeron a US$71.500
millones; y para el 2015, con el crudo venezolano en un promedio de 46
dólares (11.3% más alto que el precio en lo que va de año), las exportaciones
petroleras, llegarían a un estimado de US$35.500 millones.
Con
reservas internacionales insuficientes, US$20.750 millones al 15 de enero
pasado, que incluyen ahora, desde el cuarto trimestre 2014, activos de reserva
no convencionales, Venezuela no puede cubrir una caída del ingreso petrolero
que en 2015 puede ser de US$35.500 millones, una cifra equivalente al 50% del
año anterior, bajo un escenario conservador. No se puede descartar que el
crudo venezolano caiga por algunos meses a un nivel de 30 $/barril, lo cual
bajaría el precio promedio del año a menos de los 46 $/barril estimados aquí.
En este escenario conservador, todos los compromisos financieros descritos y
las importaciones de crudo, combustible y equipos por parte de PDVSA,
requeriría más de 2/3 de los disminuidos ingresos por exportación petrolera de 2015.
Esta situación constituye una crisis de balanza de pagos (crisis cambiaria) sin
precedentes, por la magnitud de obligaciones financieras adquiridos por los
Gobiernos de Chávez y Maduro y la onerosa factura de importaciones de crudo y
productos por parte de PDVSA.
Por un lado las
necesidades de importaciones en el país se han elevado en los últimos años,
reemplazando muchos rubros agrícolas e industriales de producción nacional;
además de contar ahora con una economía postrada, con fuertes limitaciones en
varios sectores en cuanto al acceso de divisas o el suministro de insumos de
empresas estatales, entre otras dificultades asociadas a los controles
gubernamentales, lo cual ha reducido la capacidad productiva, como se describió
antes. La deuda comercial en divisas del sector privado y las ahora mucho
más agudas limitaciones en el suministro de divisas en 2015, para cumplir con
sus proveedores, son también un gran obstáculo para aspirar al normal
abastecimiento del país, sin un cambio drástico en la política económica.
Por otro lado,
están los pesados compromisos externos impuestos sobre el flujo de caja de
PDVSA, con el pago del financiamiento que recibieron el Gobierno de
Chávez y Maduro de China y que estos gobernantes han provisto a PetroCaribe y
Cuba; además del pago en efectivo por parte de PDVSA, de las costosas y
crecientes importaciones de crudo y productos, junto al servicio de la deuda
financiera de la Republica y de la empresa petrolera, que, por supuesto, se
realizan con las divisas petroleras. Por estos motivos y por la transferencia a
fondos extra-presupuestarios como el FONDEN, en los últimos 5 años PDVSA redujo
su entrega de divisas al BCV a montos equivalentes a un promedio de 50% del
total de los ingresos brutos en divisas por exportación petrolera.
En 2015, como
se señaló antes, no se prevé un flujo de divisas petroleras suficientes para
pagar por las importaciones públicas y privadas necesarias, luego de cubrir las
pesadas obligaciones financieras adquiridas; y por lo tanto se trata de una muy
severa crisis de balanza de pagos, sin precedentes en la historia de Venezuela,
que exige un cambio coherente de política económica y buscar financiar un
déficit de balanza de pagos de más de US$35.000 millones.
La caída de la
actividad económica, PIB, en el primer semestre del año, previo a la caída del
precio del crudo, fue, según cifras del BCV, de -4.9%, con un desplome de dos
dígitos en manufactura, comercio y construcción (-11,7%, 11,5 y -10%,
respectivamente); y el PIB se redujo en 2.3% en el tercer trimestre del 2014. A
pesar del peso que estos sectores tienen en términos de empleo, las cifras
oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) indican que no se elevó
el desempleo. El Directorio del BCV ha venido ejerciendo presión sobre los
profesionales que se encargan de las mediciones de inflación, actividad
económica (PIB) y balanza de pagos. En este sentido se ha detectado que las
cifras del sector público provistas a las unidades de estadísticas del BCV se
han adulterado en los últimos años con el fin de atenuar los resultados
económicos negativos.
Sin duda, la
pérdida de autonomía del BCV se refleja en su política monetaria presta a
financiar el déficit del sector público, la manipulación y ocultamiento
de las estadísticas y en haber transferido más de $60.000 millones, desde
2006, de las hoy más que nunca necesarias reservas internacionales, a fondos de
gasto público extra-presupuestario. En octubre de 2014 los profesionales del
BCV denunciaron en un comunicado a la opinión pública que han recibido
presiones para que las estadísticas no reflejen toda la magnitud de la crisis
económica de Venezuela.
En medio de la
muy difícil y vulnerable situación económica y social, por las dificultades
explicadas en este documento a la opinión pública, queremos hacer una
serie de recomendaciones al país, a todos los sectores que promueven la
búsqueda de un rumbo distinto, sobre los cambios urgentes de política económica
y reformas institucionales que consideramos necesarios para sacar a Venezuela
de las graves circunstancias en que se encuentra al inicio del 2015:
— Establecer un
nuevo proceso presupuestario ordenado, con el objetivo de reducir el déficit
del sector público. Este último debe apuntar a no exceder del 4% del PIB en un
plazo de dos años; y en un año de aguda caída del ingreso petrolero se debe
establecer una meta transitoria más alta, aunque acorde con un programa
macroeconómico y financiero de acciones coordinadas. Con más de 1.200 empresas
estatales y nacionalizadas, casi todas con grandes problemas financieros y
operacionales, además de cientos de entes públicos, esta tarea constituye un
desafío a una forma de dirigir el gasto público, guiado por objetivos
políticos-electorales. Se debe cumplir con el artículo 314 de la Constitución
que establece que no habrá gasto público fuera del Presupuesto Nacional y
suspender los fondos extra-presupuestarios de gasto discrecional. El énfasis en
gasto social y en dar acceso a alimentos y medicamentos a la población de
menores de recursos se debe mantener, pero usando ahora mercados funcionales y
acuerdos con el sector privado, en vez de un aparato burocrático propenso a la
corrupción y que facilita la existencia de mercados negros y, además, se
enriquece junto a particulares con el contrabando.
— Rescatar la
autonomía del Banco Central de Venezuela, con el nombramiento de un Directorio
calificado que no esté sometido a las directrices del Gobierno. El
financiamiento monetario de más de dos tercios del déficit del sector público y
la transferencia de reservas internacionales al FONDEN deben ser suspendidas,
dentro de una programación macroeconómica coordinada con el Ministerio de
Finanzas y PDVSA. Las tasas de interés de interés deben remunerar el ahorro
nacional y mantenerse, inicialmente, un control sobre elspread entre tasas
activas y pasivas; se deben tomar medidas para fomentar la estabilidad y el
sano crecimiento del sistema financiero. Aunque no vaya a recibir recursos de
las exportaciones petroleras en los primeros años, mientras se atienden
diversos problemas económicos y financieros, se debe crear un nuevo Fondo de
Estabilización Macroeconómica, que comience a operar en 2017.
— Ejecutar de
inmediato un plan de reorganización y saneamiento financiero de PDVSA, dentro
del contexto de un nuevo plan económico, para iniciar la recuperación y
elevación de la capacidad de exploración, producción y exportación petróleo y
productos derivados, propia y desde de las empresas mixtas.
— Operaciones
de pasivos que permitan mejorar y reducir el perfil de vencimientos de la
deuda externa de la República y PDVSA, además de revisar o suspender otras
facilidades crediticias recibidas o provistas a otros países, dentro de un plan
de reformas y nueva política económica. De otro modo se corre el riesgo de
incumplir con esos compromisos financieros. Las deudas comerciales del sector
público y privado, que se compruebe que son legítimas, deben también ser parte
de la negociación con los acreedores en el nuevo contexto de cambios económicos.
El país requiere de financiamiento externo en montos muy importantes, dentro de
un plan de reordenamiento del perfil de pagos de la deuda financiera, lo cual
debe contribuir para dar sustento al nuevo régimen cambiario, dentro de un
cambio de orientación económica, distante del manejo descrito hasta ahora;
manteniendo el objetivo de un desarrollo económico de largo plazo y
diversificación de la base exportadora de Venezuela. No es aceptable endeudar
más al país para intentar mantener un modelo económico de presunta transición
al socialismo, que ya ha comprobado ser desastrosamente errado en su concepción
y práctica.
— Desmontar el
régimen de control de cambio, como objetivo central dentro del plan económico –
fiscal, monetario, financiero – para lo cual es fundamental crear las
condiciones económicas y sociales para mejorar la producción, distribución y
comercio de bienes y servicios. Esta es una tarea compleja que exige fortalecer
las reservas internacionales y coordinar con el sector privado para un proceso
gradual de desmontaje de los controles de de cambio y de precios, hasta llegar
a una situación de estabilidad, en un plazo a establecer, donde los mercados
puedan volver a operar, en un mejor ambiente económico con una tasa de
inflación disminuyendo rápidamente. Debemos llegar a disponer de un mercado
cambiario funcional sin las generalizadas prácticas de corrupción para
aprovechar los diferenciales cambiarios. La coordinación entre Gobierno
Central, PDVSA y BCV es esencial para el éxito de este proceso de transición a
un nuevo régimen cambiario.
— Diseñar
políticas sectoriales en el contexto de los cambios de la política económica y
petrolera del país, para así estimular la recuperación económica y mayor
productividad laboral en los sector agrícola, manufacturero, minero,
construcción, turismo. Los trabajadores venezolanos se beneficiarán
directamente de la recuperación sólida de los sectores económicos ahora
deprimidos, con más bajas tasas de inflación, mejores salarios reales y
generación de nuevos empleos. El capital privado venezolano, que ahora invierte
en varios países de las Américas podrá volver a ver a Venezuela y ayudar mucho
a elevar la inversión privada y las reservas internacionales, al percibir al
país como una economía en vías de estabilizarse y prosperar. Se deben continuar
con las obras de infraestructura que estén en marcha; y con apoyo de organismo
multilaterales avanzar en la modernización de la infraestructura física y de
servicios públicos.
En los últimos
tres años las exportaciones petroleras representaron en promedio más del 96%
del total de las exportaciones del país, la más alta tasa de dependencia jamás
registrada desde que se comenzaron a llevar las cuentas nacionales a mediados
del siglo XX. En 1997 fue de 76,8%. Hubo un retroceso muy importante y las
exportaciones no petroleras se han reducido a cifras muy pequeñas. La
dependencia petrolera actual y el haber animado a la población a esperar
que el uso fiscal de los ingresos petroleros y el endeudamiento público (basado
en comprometer los ingresos petroleros futuros) solucionen todos sus problemas,
constituyen un importante problema económico, social, cultural y político. Los
cambios económicos, en toda su magnitud, requieren de un clima de
coincidencia, de unidad nacional, que ha probado no ser fácil de conseguir bajo
el Gobierno de Nicolás Maduro.
Como
consecuencia del estancamiento económico, conjuntamente con la elevada
inflación de los años 2013-14, los ingresos reales de los trabajadores formales
e informales han declinado, no solo por la caída en la actividad económica,
sino también por el alza acelerada de los precios. Para el año 2013 el índice
de pobreza general del INE subió a 27,3 %, pudiéndose estimar que este llegó a
un 35 % al final del 2014; ello implica que el número de personas en
condiciones de pobreza aumentó de 8,2 a más de 10.5 millones de venezolanos.
La crisis
económica ya se ha tornado en una gran crisis social. Es visible la
desesperación de la población ante el desabastecimiento generalizado, la escasez
que crea largas colas en todas las ciudades del país; y el aumento del crimen
que encuentra un clima propenso en el empobrecimiento y creciente desempleo que
vive Venezuela. La política comunicacional del Gobierno ya no puede aspirar a
desviar su responsabilidad por la grave situación socioeconómica. La población
ha venido perdiendo la confianza en que el Gobierno puede cumplir sus promesas
de garantizar el abastecimiento y crece la frustración. El país necesita una
visión económica alternativa, una economía de mercado con fuertes instituciones
sociales y económicas, dentro de una democracia donde prevalezca el respeto a
la ley y los derechos humanos, incluyendo los derechos económicos.
Debemos
enfatizar que en una economía abrumada por controles gubernamentales ineficaces
y un control de cambio que enriquece a grupos cercanos al poder político, la
corrupción florece, mientras cae la producción nacional por falta de divisas
eficientemente asignadas; esto ha elevado la percepción de abuso de poder sobre
la población empobrecida y desesperada ante el deterioro de la situación
económica de Venezuela, mientras la caída del ingreso real de la familia
venezolana, la escasez de alimentos, medicinas, bienes de higiene personal,
vehículos, insumos para la construcción e industria, y una larga lista de
otros bienes, nos recuerda la causa del fracaso de las economías socialistas
del siglo pasado.
A principios de
2015, Venezuela se encuentra, como resultado de un muy adverso ambiente
económico y de la reciente caída del precio del petróleo, en una situación
extrema en sus cuentas externas, financieras y fiscales, como no la hemos
vivido desde las primeras décadas del siglo XX. El país se encuentra cercano a
caer un proceso hiperinflacionario (alza de precios de más de 100% al año),
como ocurrió en otros países de América Latina en previas décadas. Esto debe
ser evitado con una nueva política económica sensata, sin la restricción
ideológica ni el cálculo político restringido de quienes trajeron el país a
esta situación.
Venezuela
requiere de un urgente proceso de concertación a nivel nacional frente a las
graves circunstancias explicadas en este documento; y es necesario un ánimo de
rectificación profunda, en función del interés nacional, para que el Gobierno
abandone sus políticas equivocadas y pueda dar paso a una nueva estrategia de
recuperación económica y social exitosa. Esta será una tarea compleja y
exigente que se enfocará en atender la emergencia económica y su devastador
impacto social, que enfrentamos a principios de 2015.
Creemos que la
definición de una estrategia de rectificación económica en medio de la
emergencia económica que estamos comenzando a enfrentar este año, con nuevas
políticas e instituciones dirigidas a alcanzar y mantener la estabilidad económica
en Venezuela, como la gozan casi todos nuestros países vecinos en América
Latina, debe concentrarse en las ideas antes expuestas. Ello implica
enfrentar un auténtico círculo vicioso de prácticas gubernamentales actuales,
incapaces de proveer la estabilidad económica necesaria, así como a
intereses grupales y la resistencia ideológica dentro del Gobierno, muy a pesar
del evidente fracaso económico en su gestión.
El control de
cambio con múltiples tasas, mantenido por razones políticas, ha sido el centro
de una crisis de valores en el país, de afán de riqueza fácil, un serio
problema ético y social que sobrepasa las consideraciones económicas antes
descritas y debe ser desmontado dentro de un marco de reformas institucionales
y cambios de la política económica coherentes. Creemos en la capacidad de los
venezolanos de buscar un camino exitoso para salir adelante y no conformarse
con las penurias asociadas a los grandes errores económicos cometidos.
60 economistas
venezolanos con trayectoria académica y/o experiencia en el sector público
suscriben este documento:
Orlando
Ochoa
Patricia
Hernández
Luis Oliveros
Sary Levy
José Guerra
Ronald Balza
Tamara Herrera
Asdrúbal
Oliveros
Isaac Mencia
Alejandro
Grisanti
Richard Obuchi
José Toro Hardy
Pedro Palma
Domingo
Sifontes
Francisco
Ibarra
Gustavo Rojas
Luis Carlos
Palacios
Henkel García
Héctor Silva
Michelena
Adicea Castillo
Teodoro Petkoff
Ángel García
Banchs
Humberto García
Larralde
Neuro
Villalobos
Francisco
Faraco
Tarquino Barreto
Héctor
Malavé Mata
Edison Morales
Luis Beltrán
Petrossini
Alejandro
Gutiérrez
Jóvito Alcides
Villalba
Marcos Morales
Quintero
Gustavo Guevara
Jesús Casique
Edgar Cárdenas
Medina
Pablo Polo
León Sarcos
Gustavo Machado
Eduardo Semtei
Jorge Sánchez
Melean
Rafael Piña
Pérez
Edinson Jiménez
Medina
Alberto
Castellano
Douglas Ramírez
José Manuel
Puente
Antonio Paiva
Marcos Sandoval
Genry Vargas
Asnaldo Soto
José Mora
Daniel Anido
Rivas
Christi Rangel
Carlos Torres
Arlean Narváez
Luis Bruzco
Alfredo Rincón
Robert Bottome
Kamar Romero
Juan Plaja
Stefan
Balabanoff
*
Caracas,
22 de enero 2015
*
Tomado de:
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico