Por EFE
Esas casas, decoradas con gigantes retratos de Hugo Chávez que se ven desde
kilómetros, están ubicadas en los bastiones populares que han sustentado
durante años el régimen socialista, tanto en las urnas como en las calles.
Ahora, tras años de críticas
al programa social de vivienda, la oposición ha encontrado un camino para
inclinar la balanza y atraer a una población hostil a su propuesta política,
sin tener que competir con el proyecto que sumó tanto apoyo al chavismo.
Se trata de un proyecto de ley
que les permitiría a los ocupantes tener el título de propiedad de sus casas,
una promesa que el régimen socialista siempre hizo pero que demoró demasiado en
cumplir.
El proyecto ha pasado sin
tropiezo por el Parlamento, en manos de los opositores desde el 6 de enero, con
109 de los 163 escaños, lo que supone que la ley avanzará sin más contratiempos
que las críticas de los 54 parlamentarios chavistas que pueden cuestionarla
pero no truncar su curso.
Impulsado por el mayor
detractor de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), el opositor Julio
Borges, ahora jefe de la bancada mayoritaria del Parlamento, el proyecto
superó la primera discusión en la Cámara y espera que en la segunda sea
refrendado.
El Gobierno ha hecho lo propio
y anunció con “urgencia” la “inscripción, registro y protocolización” de los
documentos destinados al otorgamiento de la propiedad subsidiada, un segundo
frente para limpiar los señalamientos que culpan al chavismo de oponerse a la
propiedad privada.
El presidente Maduro ha
llamado a sus partidarios a defender en la calles la Misión Vivienda
asegurándoles que permitir que la ley avance acabaría con el programa social,
una idea que, según sus detractores, será difícil de vender.
Maduro aseguró recientemente
ante el Parlamento que para poder aprobar una ley antes tendrán que derrocarlo,
algo que no ha frenado el impulso del Legislativo que ha dejado claro que entre
sus planes está buscar un mecanismo para poner fin al gobierno.
El economista antichavista y
director de la firma Datanalisis, Luis Vicente León, opina que “convencer a la
gente que entregar los títulos de propiedad de las viviendas de la GMVV es malo
es más peludo (complicado) que matar un burro a pellizcos”.
El argumento oficial es que la
nueva ley obligaría a los ocupantes a pagar las viviendas y que las onerosas
cuotas les obligaría a abandonar sus hogares, algo que hasta el momento no
aparece en el proyecto de ley presentado por los opositores.
Asimismo el Gobierno
impulsa la idea de que engordaría el mercado negro existente en Venezuela, pues
daría paso a la compra-venta ilegal de viviendas al margen de las estrictas
regulaciones del Estado, que contempla altísimos precios y en divisas.
Esto es, según el oficialismo,
un intento de instaurar en el país el modelo “neoliberal” del mercado
inmobiliario controlado por especuladores, producto de una oferta casi
inexistente o impagable para un venezolano promedio.
Maduro, para quien estas casas
han sido su gran apuesta, recuerda que de él y de su gobierno depende la
continuidad de las viviendas subsidiadas, al asegurar que de sancionarse
esta ley se interrumpiría la construcción de nuevas casas.
Esto ocurre en un momento en
el que país caribeño, con un déficit habitacional de más de dos millones de
hogares, atraviesa una grave crisis económica, exacerbada por la caída de los
precios del petróleo.
09-02-16
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