Por Leonardo Morales
Recientemente conmemoramos
un año más de la llegada de Colón a estas tierras: Descubrimiento de América,
el Encuentro de dos Mundos, la Resistencia indígena, en fin, cada quien le da
una interpretación. Colonizados por los españoles hasta que nos enfrentamos en
una guerra civil en los tiempos del reinado de Fernando VII, bajo la excusa de
la emancipación por cuanto el Rey había sido depuesto.
De allí soportamos la
presencia de muchos regímenes militares hasta bien entrado el siglo XX. La
Revolución octubrista pretendió encaminar al país en la democracia, sin
embargo, cuando se comenzaba a disfrutar de los significativos cambios
introducidos, el experimento democrático se tropezó con la tradición militar,
dando al traste con el proceso recién iniciado. Un nuevo dictador, otro
militar, Marcos Pérez Jiménez, se alza con las armas de la República y toma el
poder.
Hasta 1958 una dictadura
militar, pura y dura, ejerció el poder en Venezuela. A partir de allí, una vez
caído el dictador, Venezuela se reencontró con la senda democrática que no
abandonaría a pesar de algunos sobresaltos e intentonas golpistas. Más de medio
siglo disfrutando del ideal democrático, de sus virtudes pero también de los
defectos que sus diseñadores no pudieron corregir, están reencontrándose,
nuevamente, con la tradición golpista y antidemocrática.
Ya no se trata de unos
militares, que alzados en armas y escudados en cualquier subterfugio
presumiblemente noble (lucha contra la corrupción, las desigualdades, la
ineficiencia, etc.), echan abajo un régimen legítimamente electo para ahora
imponer el suyo. En Venezuela no estamos en presencia de un golpe
militar, sensustricto, contra el Gobierno. No, la cosa es mucho más
sencilla, es el propio Gobierno que bajo la abdicación práctica de los otros
poderes a sus designios, echa por tierra toda la institucionalidad para
gobernar sin tener que dar cuentas de sus actos.
No estamos en presencia del
derrocamiento de un gobierno sino de un golpe a la democracia y a la
Constitución. No se observa un golpe tradicional para reconducir el Estado
sino, específicamente, para afianzar en el poder a un gobierno cuyo principal
activo ha sido la corrupción, la ineficacia y la destrucción del aparato
productivo y económico del país. Es un golpe del poder por más poder.
La última sentencia del TSJ
es la más absoluta confirmación del golpe que se ha dado al sistema democrático
venezolano, con la cual ya no solo se desconoce la voluntad popular sino que,
además, se desautoriza a la AN para el ejercicio de sus funciones
constitucionales. Ya no son 167 diputados los que ejercerán las funciones de
aprobación y control sobre el presupuesto de la nación sino una Sala Constitucional
integrada por individuos cuyo nombramiento ha sido puesto en duda y no
ratificados por la AN.
Como quiera que una
dictadura no debe estar frenada por la ley, el TSJ facilitará a quien o a
quienes les toque dictar su voluntad un revestimiento de legalidad. Así, en muy
poco tiempo los diputados pudieran ser despojados del fuero legislativo; el
proceso del 20% de manifestaciones de voluntad congelado mientras la MUD da
cuenta de supuestos ilícitos con lo cual el país quedaría con un partido único,
además, preso el Alcalde Ocariz por ser pieza fundamental del camino del
revocatorio; las autoridades electorales pudieran ser sustituidas por otras más
confiables-obedientes- puesto que las actuales permitieron que la oposición
obtuviera las dos terceras partes de la AN y permitido llegar tan lejos el
proceso revocatorio, según confiesan algunos oficialistas.
No faltará mucho para que la
Sala Constitucional, devenido también en cuerpo legislativo por
autodesignación, otorgue summapotestas a un individuo que convertirá
a la República en impresentable.
15-10-16
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