Por Héctor Lucena
Escribir sobre temas del mundo
del trabajo y de políticas públicas que ejercen influencia en su
desenvolvimiento demanda tener presente la situación política del país. Es
válido para todo análisis en la materia, con igual jerarquía cabe reconocer a
los temas socioeconómicos.
Esta semana ocurrió una
implosión en los poderes públicos que hasta diciembre del 2015 venían actuando
al unísono. El llamado régimen chavista tuvo hasta esa fecha el control de los
cinco poderes públicos constitucionales. El amplio triunfo opositor en las
elecciones parlamentarias que les condujo a alcanzar los dos tercios de la
Asamblea Nacional produjo un cisma en la ventaja de la que dispuso el chavismo
para ejercer su gobierno.
Apenas ocurrido ese amplio
triunfo parlamentario opositor, el chavismo empezó a blindarse para sustraer
facultades a la nueva Asamblea Nacional. Así como lo había hecho en aquellas
derrotas electorales puntuales en algunas pocas gobernaciones y alcaldías; en
ese sentido hay que citar la creación desde el Ejecutivo nacional de los
gobiernos paralelos en los estados Miranda y Lara, así como en la Alcaldía
Metropolitana.
En la situación particular de
sustraer facultades a la nueva Asamblea, es destacable la de pedir la renuncia
de aquellos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia a quienes se les
vencería su término de doce años en el transcurso del mandato de la nueva
Asamblea, y abocarse de inmediato a nombrar los nuevos magistrados. Pero para
cumplir con este proceso no había posibilidades que se cumplieran los lapsos
reglamentarios antes de la toma de posesión de la nueva Asamblea, por lo que se
violentaron los procedimientos y esa aceleración llevó a que en el argot
parlamentario se hablara desde entonces de los magistrados exprés.
A partir del inicio de
actividades de la nueva Asamblea, el TSJ se ha convertido por intermedio de la
Sala Constitucional en el fabricante de decisiones que cuestionan y anulan casi
todos los actos de la mayoría parlamentaria. El inicio de los cuestionamientos
empezó contra los diputados indígenas del estado Amazonas, tres opositores. Sin
juicios ni defensa se les ha suspendido del ejercicio de sus actividades parlamentarias,
no obstante haber recibido la credencial del órgano electoral y juramentado
formalmente.
De ahí en adelante suman 54
decisiones del TSJ oponiéndose al libre ejercicio de las más importantes
facultades de la Asamblea Nacional, que se listan en el artículo 187 de la
Cnrbv, destacándose legislar, controlar al gobierno y a la administración
pública, organizar la participación ciudadana, amnistiar, aprobar el
presupuesto nacional, todo lo relativo a tributos, crédito público, planes de
desarrollo económico y social, contratos de la República con gobiernos o
empresas no domiciliadas en Venezuela.
A lo largo del 2016 las
relaciones del resto de los poderes con la Asamblea Nacional ha sido tensa y
llena de dificultades. Casi todas las leyes aprobadas por la AN son rechazadas
por el TSJ, por otro lado el Ejecutivo ha extendido de manera permanente el
ejercicio gubernamental con poderes habilitantes cedidos antes del ejercicio de
la presente AN.
La implosión aludida
anteriormente refiere a la discrepancia de la fiscal general de la República
con las sentencias del TSJ números 155 y 156, que las ha calificado de
significar la ruptura del orden constitucional, es decir un golpe de
Estado, como desde un primer momento las identificaron la mayoría parlamentaria.
El Gobierno nacional sólo reconoce como un impasse entre poderes y convoca a un
órgano consultivo, el Consejo de Defensa de la Nación, solicitando que el TSJ
enmiende las sentencias, que lo hace parcialmente con las sentencias 157 y 158.
Sin embargo con los
antecedentes de las actuaciones de la Sala Constitucional del TSJ, esta
enmienda no resuelve la crisis desarrollada a lo largo del gobierno chavista de
tener poderes subordinados al Ejecutivo y enfrentados en este pasado año y
tercio a la Asamblea Nacional, el poder electo de más reciente fecha y reflejo
de una realidad electoral nacional ejercida en condiciones adversas bajo un
Consejo Electoral Nacional controlado políticamente por el oficialismo, lo que
se expresó en restricciones y falta de imparcialidad.
Todo esto ocurre en un país
que tiene hoy 30 millones de habitantes, más de dos siglos de vida republicana,
que logró en la segunda mitad del siglo XX establecer un sistema político que
eligió consecutivamente a ocho gobiernos civiles en amplias y abiertas
elecciones, sin traumas y en paz, que si bien el sistema político dejó franjas
de exclusión, hubo la oportunidad para que otras opciones, como por ejemplo la
representada por el autodenominado chavismo experimentara su proyecto. Además
con justo orgullo esta corriente destaca sus consecutivos triunfos electorales
empezando por el logrado en diciembre del 1998, cuando accede al poder, en
elecciones organizadas y administradas por autoridades electorales imparciales,
y en los años sucesivos acumuló otros importantes triunfos electorales, pero
que en cierto momento el CNE fue puesto al servicio del modelo chavista y
perdió la imparcialidad, como ocurrió con todos los otros poderes, y es ese
marco de subordinación que los ha hecho funcionar al margen de los mandatos
constitucionales, sin control ni balance de poderes, lo que ha llevado a la
sociedad venezolana a una situación de autoritarismo, caos y retroceso.
04-04-17
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