ALFREDO MEZA 09 de abril de 2017
El
régimen de Nicolás Maduro está decidido a imponer la hegemonía del pensamiento
único. Las señales de las páginas web de Vivo Play, VPI Televisión y Capitolio
TV, que se transmiten a través de Internet, no pueden ser vistas en Venezuela
por decisión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el
organismo rector del sector. Dos empresas que proveen el servicio de Internet
en el país sudamericano han confirmado a EL PAÍS que la medida está vigente
desde el viernes.
La
medida ha dejado en ascuas a una población ya sometida a un apagón informativo
de facto desde hace cuatro años. Estas tres señales eran las únicas que
transmitían en directo las actividades de la oposición y tenían equipos en la
primera línea de las manifestaciones. Al régimen, que no ha confirmado la
medida, parece haberle disgustado que la población haya sobrepasado sin mayores
contratiempos la presión que ejerce sobre las televisiones locales para que
censuren cualquier contenido que visibilice a la oposición.
La
televisión venezolana libre se acabó en 2013. Ese año la estación Globovisión,
hasta entonces la bestia negra del Gobierno de Hugo Chávez, fue adquirida por
el inversionista Raúl Gorrín, muy cercano al chavismo, quien reorientó la línea
editorial a la medida de los intereses del régimen. Globovisión seguía así el
camino de Venevisión (propiedad del grupo Cisneros) y Televen, dos canales que,
después de la victoria de Hugo Chávez en el referéndum revocatorio de 2004,
abandonaron la confrontación que mantenían con el Gobierno. En los meses
siguientes limitaron los comentarios críticos de los informativos y elaboraron
una programación con predominio de telenovelas y programas de variedades.
Pero
Nelson Hullet, cofundador de Vivo Play y vicepresidente de mercadeo en la
televisora, no parece dispuesto a aceptar la censura, ni a sumarse a ese grupo.
“El Gobierno no nos ha informado siquiera si tomó la medida y si existe una
investigación contra nosotros”, afirma en diálogo telefónico con este
periódico. Hullet ha confirmado que el bloqueo solo rige para quienes visitan
la página web (www.vivoplay.net) desde Venezuela, pero la señal puede ser
sintonizada en el país a través de una aplicación que funciona para todas las
plataformas, entre ellas Android e IOS.
Para
enfrentar ese inconveniente, desde el viernes su equipo difundió a través de
las redes sociales otros dos modos de burlar el bloqueo dispuesto por Conatel.
La información se viralizó de inmediato. Los interesados podían escoger entre
cambiar los parámetros del protocolo DNS en la conexión wifi de los ordenadores
o navegar por la página a través de una aplicación VPN, que enmascara la
dirección donde se encuentra el terminal.
Más
arriesgado que difundir las formas de superar el bloqueo ha sido ceder su señal
para que sea difundida en diez portales venezolanos más visitados. Vivo Play es
una plataforma de paga fuera de Venezuela. De momento ha sido un éxito. El
sábado, cuando la oposición volvió a la calle para manifestarse contra Maduro,
la marca alcanzó casi 25 millones de reproducciones. A principios de semana
tenían 250.000 suscriptores y unos cinco millones de usuarios si se suman las
personas que los siguen en las distintas redes sociales. “Nuestro objetivo es
mantener abierta esta ventana de información”, explica Hullet.
La
apuesta de Vivo Play demuestra hasta qué punto los medios digitales venezolanos
están dispuestos a dejar de lado las rivalidades para vencer la censura. Es una
experiencia novedosa para enfrentar lo que se considera como una arremetida sin
precedentes contra el derecho de recibir información oportuna, establecido en
el artículo 58 de la Constitución. “Es muy difícil impedir que la información
circule en estos tiempos, cuando las comunidades controlan la difusión de los
contenidos”, razona Hullet. Pero el Gobierno seguirá intentándolo.
EL DÍA MÁS VIOLENTO
La
jornada de protestas del sábado se extendió en todo el país por casi doce
horas. Al mismo tiempo que se conocía del incendio en una oficina vecina a los
cuarteles generales del líder opositor Henrique Capriles, se supo de una
explosión en la planta baja del edificio de la Dirección Ejecutiva de la
Magistratura, una dependencia del Tribunal Supremo de Justicia.
El
ministro del Interior, Néstor Reverol, responsabilizó a la oposición de los
daños y ha dicho que los responsables ya están identificados. El Supremo ha
sido asociado por los manifestantes como el causante del recrudecimiento del
conflicto venezolano. Su Sala Constitucional emitió hace dos semanas dos
sentencias que bloquearon al Parlamento y desconocieron la inmunidad
parlamentaria de los legisladores.
En la
madrugada del domingo la policía científica, en un operativo desmesurado, según
los presentes, visitó el edificio donde despacha Capriles. Sus compañeros de
partido temieron por su detención. Sin embargo, los funcionarios inspeccionaban
el local afectado por las llamas.
No
sólo se protestó contra el régimen en Caracas, sino en San Cristóbal (andes
venezolanos), en Barquisimeto (centro occidente del país), en Maracaibo
(occidente) y en otras cinco provincias. Entrada la noche se contabilizaban
unos 52 detenidos, según la organización Foro Penal Venezolano. Esta semana han
sido arrestadas unas 164 personas. De ellas aún permanecen detenidos 71.
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