Por Esperanza Márquez
Rocío San Miguel es presidente
de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional.
Abogado. Defensora de Derechos Humanos.
Venezuela lleva ya 50 días de
protestas y éstas acompañadas por la más cruda represión de parte de las
fuerzas militares que se ha dado nunca en el país. Buena parte de la región y
del mundo están atentos a los acontecimientos que se están dando en Venezuela
en protesta al presidente Nicolás Maduro y a sus medidas tomadas, entre
ellas a la convocatoria de una Asamblea Constituyente comunal. Quisimos
conversar con la abogada Rocío San Miguel por su experticia en el manejo del
tema militar.
-¿La represión desmedida de la
Guardia Nacional en qué puede parar?
- En una rebelión
popular generalizada a la que se termine uniendo una parte de la propia Fuerza
Armada Nacional, lo cual nos podría colocar al borde de una guerra civil.
-En cuanto a los civiles
procesados por tribunales militares Herman Escarrá ha manifestado que es
completamente inconstitucional ¿En qué quedamos si Escarrá es una ficha
del régimen?
- Los civiles en Venezuela, no
pueden ser procesados por tribunales militares, ese es un principio inamovible
consagrado en nuestra Constitución. Artículo 49, numeral 4.
Herman Escarrá es una persona
con una formidable formación jurídica, lamentablemente ha puesto su
conocimiento al servicio de intereses espurios. Cuando esto ocurre se pierde el
respeto. Y el drama es que a quienes sirve Escarrá, ya no lo respetan, lo
utilizan en tanto dice lo que les conviene.
¿Usted cree que en Venezuela
es posible que se dé una guerra civil con civiles desarmados?
- No. Para que exista una
guerra civil de acuerdo al derecho internacional de los conflictos armados, la
confrontación debe ser conforme lo establece el artículo 1 del Protocolo II
adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, entre una parte de la fuerza armada
contra otra parte de la misma fuerza armada que pasa a ser disidente. Ese es el
supuesto de que se quiebre la Fuerza Armada Nacional. El otro supuesto en el
que se puede dar una guerra civil, que prevé el propio protocolo adicional II,
al que he hecho referencia, es cuando la confrontación se da entre una
Fuerza Armada contra grupos armados organizados que, bajo la dirección de un
mando responsable, ejercen sobre una parte de dicho territorio un control tal
que les permite realizar operaciones militares sostenidas y concertadas.
-¿En qué consiste la
constituyente militar de la que habla el presidente Maduro?
- Es una estrategia para que
los mandos militares con control sobre el poder en Venezuela, tutelen la
formula resultante de ese texto. Sin esa fórmula, Maduro no tendría
autorización ni apoyo de los mandos militares con poder, para realizar la
llamada Constituyente. Sin embargo la constituyente militar puede
terminar revolviendo la estructura militar venezolana contra los mandos
corruptos y violadores de derechos humanos.
En todo caso, en Venezuela, no
se dará la constituyente promovida por Maduro.
-¿Cuando los diputados o algún
civil hacen un llamado a los militares para que se respete la
Constitución vigente están llamando a un alzamiento?
- El repudio a la
partidización política de la FAN ha sido un legítimo argumento de reclamo de la
oposición venezolana al gobierno de Chávez y de Maduro, de manera que hacer un
llamado a los militares, para que den un golpe militar o restituyan el hilo constitucional
es una inconsistencia moral histórica. Sin embargo los llamados a los militares
para que desacaten ordenes manifiestamente contrarias a la Constitución y a los
Derechos Humanos son una obligación de la sociedad democrática venezolana en la
hora actual.
¿Cuáles son las implicaciones
de la aplicación de más leyes militares sobre civiles?
- El quiebre final del estado
de derecho en Venezuela. El triunfo del autoritarismo militar sobre los
derechos civiles de los venezolanos.
- Tiene usted información de
si es verdad que muchos militares han pedido la baja, se la han negado y
por eso hay 85 detenidos, como dice el Gobernador Henrique Capriles.
- Si. Esto es un proceso
perverso que data del año 2005, momento a partir del cual Chávez se sintió
envalentonado para iniciar el control de la institución por la vía de las
sucesivas reformas a la Ley Orgánica de Fuerza Armada Nacional. A partir
de ese momento comenzaron a darse masivas solicitudes de baja, que en muchos
casos no se autorizaban. Sin embargo el corporativismo militar ha permitido
siempre se terminen haciendo efectivas las solicitudes de baja.
El daño patrimonial a la
Nación que han generado las solicitudes de baja es enorme. Hoy miles de
oficiales dados de baja en la Fuerza Armada, trabajan en empresas de
excelencia, brindado su experticia y conocimiento, muchos de ellos en el
exterior. Podemos decir, que en menor escala, la diáspora del talento de PDVSA,
se ha venido reproduciendo en la FANB.
Respecto a los 85 oficiales
militares detenidos que ha señalado el Gobernador del Estado Miranda, se
encontrarían en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, nuestra
organización, Control Ciudadano, no ha podido corroborarlo. Frente a una
situación de esa envergadura, de haberse producido ya se tendrían noticias a
dos semanas de su denuncia.
¿Cómo vislumbra el final
de este conflicto que nunca se había visto en el país?
- Es difícil saber qué
pasará, pero la sociedad y su fuerza armada nunca serán iguales después de esta
rebelión popular de 2017. El respeto a la Constitución y a los Derechos Humanos
por parte de la Fuerza Armada Nacional es el camino a la Paz. La otra cara de
la moneda, es la posibilidad de sentar las bases para una guerra civil en
Venezuela
22-05-17
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