María Ramírez 22 de mayo de 2019
En la
madrugada del 22 de febrero, mientras la oposición venezolana se alistaba para
llevar ayuda humanitaria al país, un convoy de vehículos militares se dirigió a
la aldea indígena de Kumarakapay en su camino hacia la frontera con Brasil.
Miembros
de la comunidad pemón, una tribu cuyo territorio incluye también la ruta a
Brasil, querían mantener la frontera abierta para garantizar la llegada de la
ayuda pese a que el usurpador Nicolás Maduro había ordenado a los militares el
cierre fronterizo.
Antes
del amanecer, los aldeanos habían ordenado dar la vuelta a los vehículos
militares que iban hacia la frontera, recordándoles la autonomía de la tribu
sobre su territorio, garantizada constitucionalmente.
No
obstante, el convoy del ejército avanzó rápidamente y los integrantes de la
tribu solo pudieron detener el último de los cuatro vehículos, un jeep que
transportaba a cuatro oficiales de la Guardia Nacional, quienes aseguraron
estar trabajando en un proyecto minero.
Creyendo
que los oficiales iban a bloquear la ayuda, varios aldeanos los sacaron del
vehículo, tomaron sus armas y los detuvieron, de acuerdo a entrevistas con 15
residentes.
Algunos
de los otros soldados, que se detuvieron cientos de metros más adelante,
salieron de sus vehículos armas en mano y se acercaron. Se escucharon gritos y
uno de ellos disparó hacia el suelo, de acuerdo con los aldeanos y un video
grabado con un celular por un residente y fue visto por Reuters.
Los
soldados restantes comenzaron a disparar repetidamente en dirección a la aldea
mientras corrían hacia sus vehículos, según los testigos y el video.
El
tiroteo dejó a decenas de aldeanos heridos y tres muertos, una confrontación
inusualmente sangrienta entre las tropas venezolanas y los indígenas.
El
incidente fue ampliamente divulgado cuando ocurrió, pero ha sido poco analizado
hasta que Reuters lo investigó.
Las
repercusiones incluyeron el arresto de 23 miembros de la tribu pemón, algunos
de los cuales dicen que fueron golpeados bajo custodia. Los aldeanos también
retuvieron a más de 40 militares como rehenes, algunos de los cuales sufrieron
severas mordeduras luego de haber sido dejados medio desnudos sobre hormigueros
en castigo por los asesinatos, según entrevistas con miembros de la tribu.
Los
incidentes son un claro ejemplo de cómo las crisis económica y política de
Venezuela han socavado la relación cercana que antes existía entre las
empobrecidas comunidades indígenas y el movimiento socialista iniciado hace dos
décadas por el antecesor de Maduro, el presidente Hugo Chávez, que había
prometido ayudarlos.
“No
podíamos entender el porqué de la actitud del régimen de Maduro de usar armas
contra los indígenas”, dijo Guillermo Rodríguez, hermano de Zoraida Rodríguez,
una de las tres personas muertas en Kumarakapay.
Rodríguez
ahora vive en la ciudad fronteriza brasileña de Pacaraima, tras huir de la
violencia a fines de febrero. Es uno de los casi 1.000 miembros de la tribu
pemón que cruzaron a Brasil, muchos a pie, según la oficina de Brasil de la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Ahora
viven en cabañas de madera que construyeron con sus propias manos o acampan
debajo de lonas donadas por la agencia de refugiados de las Naciones Unidas.
El
incidente ocurrió después de las tensiones vividas en el sur de Venezuela entre
militares y miembros de la etnia pemón involucrados en la minería de oro
informal. Los pemones se quejan de la extorsión y la intimidación de las
tropas.
La
Guardia Nacional, el Ministerio de Información y el Ministerio de Defensa no
respondieron a las solicitudes de comentarios para esta historia.
El
gobierno de Maduro ha negado en el pasado el maltrato a los pemones. Dice que
estos indígenas, que viven en el sur de Venezuela y el norte de Brasil y suman
unos 30.000 en total, se han beneficiado de recursos estatales y de una mayor
autonomía.
El
gobierno no ha comentado las acusaciones de extorsión, pero en los últimos años
Maduro ha acusado a los líderes de la oposición de estar involucrados en
“mafias” del oro.
En una
entrevista con Reuters en marzo, el gobernador del estado de Bolívar, Justo
Noguera, del gobernante Partido Socialista, culpó de la violencia a miembros
armados de la tribu pemón, sin aportar pruebas. Asimismo, dijo que el incidente
de febrero está bajo investigación.
“Lamentablemente
se presentaron actos terroristas. Ellos atacaron una comisión de nuestro
Ejército Bolivariano que solo llevaba equipos de comunicación “, dijo Noguera.
“Había unos elementos en la tranquila comunidad de Kumarakapay que estaban
armados y la comunidad los rechaza”.
RESPALDO DE EEUU
El
líder Juan Guaidó, quien invocó la Constitución en enero para proclamarse
presidente interino del país, encabezó el intento de cruzar convoyes de ayuda
respaldados por Estados Unidos a través de las fronteras de Venezuela.
Maduro
dijo que la iniciativa humanitaria fue una invasión disfrazada de Washington. Y
sostuvo que la administración del presidente Donald Trump debería haber
levantado las sanciones económicas y las que pesan sobre el sector petrolero si
realmente quería ayudar a los venezolanos.
Los
líderes tribales de Kumarakapay fueron los primeros entre las principales
comunidades pemón en el área en apoyar abiertamente el plan de ayuda.
Cuando
los residentes se enteraron de las muertes en Kumarakapay el 22 de febrero, un
grupo de ellos golpeó a los cuatro miembros de la Guardia Nacional retenidos
esa mañana, según dos aldeanos que presenciaron los hechos.
Ese
mismo día, un grupo de unos 10 pemones de la aldea de Maurak detuvo a 42
miembros de la Guardia Nacional en un pequeño aeropuerto en la ciudad de Santa
Elena, a unos 10 kilómetros de la frontera con Brasil y 75 kilómetros al sur de
Kumarakapay, según un líder tribal.
Condujeron
a las tropas a una pequeña granja en el borde de la selva y les ordenaron
sentarse encima de hormigueros, dijo un segundo líder indígena, que también
pidió no ser identificado porque no estaba autorizado a hablar en nombre de la
tribu.
Las
mordeduras de las hormigas de fuego pueden ser dolorosas y se sabe que causan
ampollas lo suficientemente graves como para necesitar atención hospitalaria.
Algunos
militares fueron amarrados y golpeados, dijo uno de los líderes, señalando que
algunos pemones se opusieron a su detención y a la violencia contra ellos.
“Todo
estaba fuera de control”, dijo.
Un
segundo líder, que también pidió permanecer en el anonimato, dijo que durante
la detención los aldeanos pusieron ajíes en la boca de los soldados y en sus
genitales.
El
Consejo Pemón no respondió a las solicitudes de comentarios para esta historia.
Al día
siguiente, el 23 de febrero, los residentes de Kumarakapay intentaron impedir
que otro grupo de vehículos militares llegara a la frontera. Cuatro residentes
trajeron al general José Montoya, el comandante de la Guardia Nacional en el
estado de Bolívar, para convencer a los convoyes militares de que no fueran a
la frontera.
Sin
embargo, las tropas de la Guardia Nacional esposaron a los cuatro pemones, les
cubrieron las caras con máscaras y los metieron dentro de vehículos policiales,
según el residente Aldemaro Pérez. Montoya fue detenido al mismo tiempo y los
cinco fueron llevados a una base del ejército llamada Escamoto.
“Ah,
¿ustedes son los pemones arrechos? (bravos, valientes) Se van a morir aquí”,
gritó uno de los policías, según recordó Pérez.
Este
líder de la comunidad en Kumarakapay, de 35 años, no identificó a ningún
policía o soldado específico involucrado en su detención. Los detalles de su
relato fueron confirmados a Reuters por otros tres miembros de la tribu
detenidos y un representante del grupo de derechos civiles Foro Penal, quienes
también dijeron que no podían identificar a los individuos específicos o a las
unidades militares involucradas.
Noguera,
el gobernador del estado de Bolívar, negó que los hombres detenidos hayan sido
golpeados bajo custodia.
“Personalmente
supervisé el trato a los prisioneros, los entregamos a todos y ninguno estaba
golpeado”, dijo en la entrevista.
Reuters
no pudo determinar por qué la Guardia Nacional usó vehículos de la policía para
transportar a los detenidos a la base del Ejército, ni por qué detuvieron a
Montoya, quien fue despojado de su puesto en una resolución publicada días
después en el Boletín Oficial. La resolución no precisó los motivos de su
destitución.
Reuters
no pudo obtener comentarios de Montoya ni determinar su paradero.
Un
centro de comando militar regional que opera en el estado de Bolívar y el
Ministerio del Interior, que supervisa a la Policía Nacional, no respondieron a
las solicitudes de comentarios.
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