Carlos Tablante 26 de mayo de 2019
@TablanteOficial
Un
video publicado hace unos días costó el cargo al vicecanciller de Austria,
miembro del ultraderechista Partido de la Libertad (FPO). La filtración muestra
a Heinz-Christian Strache solicitando financiamiento para su partido a la
representante de un oligarca ruso a cambio de contratos gubernamentales.
Hace
apenas horas se conoció la detención en Madrid del hijo del ex embajador de
España en Venezuela, Raúl Morodo. Se acusa a ambos de recibir 4 millones de
euros provenientes de Pdvsa. Ahora tenemos la explicación del desempeño sesgado
de las labores diplomáticas del padre. Sospechosa actitud a la que se refirió
Ibsen Martínez en un excelente artículo publicado en El País en 2005.
Como
hemos dicho repetidamente, el binomio corrupción política y económica
constituye la llave que abre la puerta a la mayoría de las violaciones de
derechos humanos y de las actividades criminales que azota a los países.
Un
claro ejemplo de ello es el caso Odebrecht (Lava Jato) y el impacto que ha
tenido en la estabilidad democrática de nuestra región.
Han
pasado casi cinco años desde que comenzó la investigación de lo que se ha
calificado como el mayor episodio de corrupción de la historia de Latinoamérica.
En Brasil, la trama llevó a la cárcel al ex presidente Lula Da Silva; en Perú
hay varios ex presidentes encarcelados o huyendo. El suicidio de Alan García
sin duda colocó el caso en otro dramático nivel.
Venezuela
se mencionó desde el comienzo. Sin embargo, como es su costumbre ante este tipo
de señalamientos, el régimen mantuvo un silencio sepulcral, a pesar de las
claras y graves acusaciones del propio ex gerente de la transnacional brasileña
en Caracas, Euzenando Azevedo, quien reconoció que Odebrecht dio 35 millones de
dólares a Nicolás Maduro a través de su jefe de campaña, Américo Alex Mata
García.
El
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio condenó a Nicolás Maduro a 18
años y 3 meses de prisión por el caso Odebrecht, luego de la denuncia
presentada por la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz.
En
2017 el portal CuentasClarasDigital.org (CCD) develó que Odebrecht habría
pagado en total más de 350 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios
del régimen de Venezuela, y no 98 como inicialmente señaló la investigación
conjunta de Brasil y EEUU. Era de esperar que la cifra fuera mayor, dado que
desde el comienzo se apuntó a Venezuela como el segundo país con mayor número
de coimas después de Brasil.
La
exclusiva del portal especializado en temas de delincuencia organizada señala
que autoridades financieras y judiciales internacionales encontraron dinero en
cuentas bancarias asociadas a ministros y directivos de varios despachos y
empresas estatales como Pdvsa, el ministerio de Transporte Terrestre y Obras
Públicas, de Agricultura y Tierras, Corpoelec, y en especial, el Metro, entre
otras.
Los
bancos receptores de los sobornos pertenecen a las jurisdicciones de Antigua
donde habría 60 millones de dólares, Curacao con 10, EEUU 15, Luxemburgo 25,
Panamá 24, Portugal 8, Suiza 150, Hong Kong y otros países, 61 millones de
dólares, según las fuentes consultadas por CCD.
CCD
también publicó la primicia de que la fiscalía suiza había congelado varias
cuentas bancarias de la suegra del ex ministro de Transporte Terrestre y Obras
Públicas y ex presidente del Metro de Caracas, Haiman El Troudi. La medida
recayó sobre cuentas a nombre de Elita Del Valle Zacarías Díaz en el banco
Credit Suisse por 28 millones, habiéndose detectado otras más en Banque
Heritage por 4 millones y BNP Paribas por 10 millones de dólares.
Odebrecht
utilizaba testaferros para canalizar los sobornos a los ministros y otros altos
funcionarios. Estos abrían inicialmente las cuentas bancarias y luego las transferían
a los sobornados o las personas de confianza de los mismos. Solo uno de estos
presta nombres, Héctor Joseph Dáger Gaspard, cobraba el 2% del monto de las
facturas pagadas. La Fiscalía suiza calcula que Dáger habría acumulado por ese
concepto casi 50 millones de dólares, ya ubicados en varias cuentas de ese
país.
El
Estado venezolano ha pagado más de 30.000 millones de dólares a Odebrecht por
once obras aun inconclusas, según el Ministerio Público. Al no haberse
terminado la investigación, todos los responsables de los proyectos están bajo
sospecha.
Nosotros
decimos: Caiga quien caiga, hay que castigar de manera ejemplar a los
responsables y sus cómplices necesarios por el gran daño que ha sufrido el
patrimonio público.
El
saqueo de Venezuela constituye una violación sistemática de los derechos
humanos, principal causa de los males que padecemos.
Por
supuesto, como parte importante del proceso de hacer justicia, hay que
recuperar el dinero robado por la cleptocracia del régimen a nuestro pueblo. Venezuela
ya cuenta con el instrumento legal para hacerlo. La Comisión Permanente de
Contraloría, bajo las sucesivas presidencias de los diputados Freddy Guevara,
Juan Guaidó y Freddy Superlano, impulsó la Ley de recuperación de bienes
producto de la corrupción que fue aprobada por unanimidad por la Asamblea
Nacional. La nueva Ley contempla formas de recuperación distintas del clásico
decomiso penal, así como el reconocimiento a las personas que proporcionen
información útil. La cooperación internacional será fundamental para lograr los
objetivos, una vez que se concrete el cambio político por el que estamos
luchando.
El
gigantesco y poderoso entramado de corrupción conformado alrededor del tema del
financiamiento de los partidos políticos a nivel mundial confirma la necesidad
de tener un sistema de normas legales que garantice la necesaria transparencia.
En
Venezuela es fundamental aprobar una Ley de financiamiento de partidos y
campañas electorales que asegure que los recursos utilizados para financiar la
democracia no estén contaminados por la corrupción política.
Es
imperativo inmunizar a la democracia frente al virus del financiamiento ilícito
que contamina la acción política con las actividades criminales. Si no es capaz
de crear defensas contra el dinero tóxico de la delincuencia organizada, la
democracia se estaría suicidando.
Carlos
Tablante
@TablanteOficial
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