Miguel Méndez Rodulfo 28 de mayo de
2019
El 30 de mayo se cierra el ciclo administrativo de
Plan País, o lo que es lo mismo, se deben entregar los documentos que el núcleo
de técnicos o especialistas de alto nivel, hayan preparado para afrontar la
Transición. Se abrirá entonces un proceso de divulgación, análisis, discusión y
consensos a lo largo de toda la Nación, para lograr acuerdos acerca de cómo
vamos a abordar de manera efectiva la nueva gobernabilidad. Sin embargo, esta
nueva etapa pudiera ser muy bien aprovechada si a estos mismos grupos técnicos
se les encomienda la responsabilidad de preparar borradores de leyes en cada
uno de sus respectivos sectores. Me consta que muchos de ellos ya han estado
involucrados en esto porque tienen claro que para poder gobernar hace falta una
base jurídica que acompañe este esfuerzo de reconstrucción e
institucionalización. Ahora bien, como quiera que este tema es crucial, vale la
pena aclarar, porque algunos equipos técnicos están pensando rescatar, sin más,
leyes que se elaboraron al final del gobierno de Caldera, que se sancionaron en
el chavismo, pero que éste no aplicó o desvirtuó, que 20 años es mucho tiempo
en la vida de una ley, sobre todo considerando el vertiginoso cambio
tecnológico, el cambio climático y la nueva forma de relacionarse el Estado con
el ciudadano.
Lo que se impone es una nueva ley elaborada a partir
de esta realidad, considerando los cambios que han ocurrido en el mundo, pero
además el estado de situación en que vamos a recibir el país. Una de las
cuestiones novedosas que debemos introducir en las nuevas leyes son las
Comisiones Nacionales de Desarrollo así como los Órganos Reguladores, que en
cada sector de política pública del país, debemos crear, otorgándoles
independencia del ministro respectivo, al mismo tiempo que haciendo vinculantes
sus opiniones y decisiones. La participación de la iniciativa privada mediante
las APP, el cuidado del ambiente, la participación ciudadana, el gobierno
electrónico, son algunos de los temas a considerar en la redacción de estos
nuevos textos legales.
En relación con la agenda legislativa el país no puede
esperar los tiempos de discusión normales de las leyes, esta es una situación
que debe ser conocida; hay muchos grupos trabajando en los instrumentos
jurídicos que corresponden a su sector: hidrocarburos, electricidad, Desarrollo
Urbano y Vivienda, agua potable, etc., la posibilidad de que estos borradores
desemboquen simultáneamente en la asamblea y saturen la capacidad del
parlamento para aprobarlos en un plazo perentorio, es muy alta, con lo cual
para evitar el embudo de la Asamblea Nacional, lo más sensato es que estos
proyectos sean revisados por las respectivas comisiones de la AN para darles la
técnica legislativa necesaria, y luego enviados al Ejecutivo para su aprobación
en bloque por vía habilitante. Si los proyectos están bien en un 80%, vamos
adelante, que luego se discutirán en la AN con tiempo y se mejorarán.
No obstante que hay que hacer nuevas leyes, éstas no
pueden ser elaboradas en forma inconexa; deben estar encuadradas en el marco de
las Políticas Públicas. Un grave error que cometimos en la democracia, fue
haber hecho leyes y planes, sin referenciarlos a una visión de mediano plazo,
escenario sectorial en el que actúan las políticas públicas. Pero además hay
que tener visualizado el contexto de largo plazo o Visión País, aquel en que
Venezuela se inserta en la modernidad, supera sus problemas estructurales que
hoy la aquejan como la pobreza, el rentismo, el populismo, el centralismo, la
ausencia real de división de poderes y la corrupción, por sólo citar los
cambios más importantes que debe emprender Venezuela. Por último hay que tener
una aproximación pertinente al período de Transición; esto es, focalizada en
acciones específicas para reconstruir infraestructura, procesos,
institucionalidad, equipos humanos y valores de trabajo.
Miguel Méndez Rodulfo
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