Por Marco Negrón
Desde hace varios años la
cada vez más grave crisis que carcome a Venezuela ha llevado a que los sectores
organizados de la alternativa democrática se hayan esforzado por ahondar en los
diagnósticos y formular propuestas concretas para superarla. Debe destacarse
que ello ha sido posible gracias a la firme determinación de un nutrido
contingente de los mejores profesionales con que cuenta el país, que aspiran
como única recompensa poder sumirse de nuevo en una sociedad viva e innovadora,
capaz de dejar a un lado la tristeza y el pesimismo para emprender la
gigantesca pero estimulante tarea de recuperar el precioso tiempo perdido.
Lamentablemente dicha
recompensa se ha revelado evasiva y sigue sin verse; antes, por el contrario,
el desgobierno del socialismo caribe ha profundizado la crisis a niveles no
sólo increíbles sino incluso inimaginables hasta no hace mucho tiempo,
acompañándola de una saña represiva que ni siquiera se conoció en las peores
dictaduras del pasado, que creíamos irrepetibles.
Pero quizá lo más
sorprendente sea que la aparente indestructibilidad del trombo que mantiene
bloqueado el sistema circulatorio nacional no ha bastado para desanimar a
quienes siguen pensando que un futuro diferente y mucho mejor es posible. De
esa tenacidad nace el proyecto “Plan País”, que recoge y actualiza las
propuestas formuladas en el pasado reciente a partir de la constatación de que
hay que replantearse todo desde el nivel de cuasi colapso y disfuncionalidad
del aparato del Estado en que nos encontramos hoy y que, con toda certeza,
seguirá agravándose mientras no cese la usurpación.
Tal como están las cosas en
la actualidad, ese Plan debe empezar por poner el énfasis en corregir el rumbo
de lo que, no tan retóricamente, puede definirse como la ruta hacia la
disolución de la república, condensada hoy en una “crisis humanitaria
compleja”, caracterizada por distorsiones que van desde inestabilidad política,
quiebre y fragmentación del Estado, conflictos y violencia, fracaso de
políticas de desarrollo, desmoronamiento de la economía formal, desigualdades
sociales y pobreza subyacente, que generan grandes impactos sobre la
estabilidad cultural, civil, política y económica de la sociedad.
En un contexto tan extremo
se entiende que el esfuerzo inicial, una vez superada la usurpación, sea
abordar las necesidades más apremiantes de la población tales como la atención
a la salud y alimentos para los estratos más vulnerable y la seguridad y
recuperación de la capacidad adquisitiva de los salarios: eso no tiene
discusión. Pero hay que tener cuidado con que, como suele suceder, lo urgente
no lleve a olvidar lo importante
Justamente el Plan plantea
también la necesidad de restablecer el acceso a los servicios públicos: como en
estos tiempos hemos experimentado todos los venezolanos en carne propia, algo
que parecía tan normal como era el acceso a la electricidad, al agua o las
comunicaciones se ha convertido en una suerte de lujo extravagante. El problema
es que, hasta ahora y hasta donde alcanza nuestra información, se trata de un
planteamiento genérico, sin referentes en la geografía nacional.
Con más del 90% de la
población viviendo en asentamientos urbanos, Venezuela es hoy uno de los países
más urbanizados del mundo y su geografía es un sistema desigual de
ciudades que se extiende en red sobre todo el territorio. Para no repetir los
errores que nos trajeron hasta acá, esa red debe ser calibrada, identificando
aquellos nodos que, simultáneamente, tienen mayor potencial para impulsar el
crecimiento económico y difundir el desarrollo sobre el territorio.
Lo que significa, ni más ni
menos, que habrá que privilegiar más las inversiones en unos sistemas que en
otros. Una elección difícil y antipática (no es “igualitaria”) que no
cualquiera se atreverá a tomar, pero que será fundamental si lo que se busca es
un crecimiento autónomo, independiente de los avatares del Estado y de la renta
petrolera. Sólo así ese crecimiento será democrático y sustentable.
28-05-19
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