Nataly Angulo 04 de diciembre de 2019
@natalyaav
El
Grupo de Boston solicitó a Juan Guaidó, líder de la AN, aprobar una ley de
endeudamiento para solventar de manera parcial la crisis eléctrica en Zulia,
Los Andes, Caracas y Nueva Esparta, cuyos proyectos sería ejecutados en
conjunto con el gobierno de Nicolás Maduro
Los diputados de la Asamblea Nacional discuten
este martes 3 de diciembre una ley de endeudamiento con la CAF por 350 millones
de dólares, para la ejecución de proyectos eléctricos en Zulia, Caracas,
Los Andes y Nueva Esparta, que presenta sobreprecio y ejecuciones innecesarias
por el orden de los 140 millones de dólares, según los especialistas Miguel
Lara y José Aguilar, ambos consultados por El Pitazo.
La ley Aprobatoria del Mecanismo de Asistencia
Financiera y Técnica ante la Emergencia del Sector Eléctrico estipula un
acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela, la CAF y el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Este último será el ejecutor y
administrador de los recursos financiados por la CAF al Estado venezolano, de
acuerdo con el borrador del proyecto de ley revisado por El Pitazo.
El Mecanismo de Apoyo Humanitario ante la Emergencia
del Sector Eléctrico, un documento
elaborado por técnicos de la CAF tras un trabajo de campo en el país, autorizado
por Corpoelec, empresa del Estado, estima la mayor inversión en Zulia
por un monto de 231.500.000 dólares. De esa cantidad, USD 194 millones
estarían destinado para la incorporación de 240 megavatios en unidades de
Generación de Respuesta Rápida o unidades de Fast Power en las plantas Ramón
Laguna y Rafael Urdaneta durante un periodo de cinco meses. Aunque el proyecto
no especifica el modelo de las máquinas a adquirir, el precio que se indica es
superior a las cotizaciones que hay en el mercado en ese tipo de unidades.
Las empresas Siemens, General Electric y Mitsubishi
venden modelos de turbinas de 30 megavatios -capacidad
de las unidades que serían compradas-, cuyos precios oscilan entre los USD 13
millones y USD 15 millones, según se indica en Gas Turbine World Handbook 2019,
un libro en el que los fabricantes a nivel mundial publican las
especificaciones y precios de las unidades que tienen en venta.
El monto de pago de esas unidades sería de USD 120
millones, a los que hay que sumarle
unos USD 7 millones por gastos de traslado e instalación, según estimaciones de
especialista consultados. Las cifra total es de USD 67 millones inferior a los
indicado en la propuesta de endeudamiento.
El ingeniero José Aguilar, consultor internacional en
análisis de riesgos eléctricos, asegura además que en el país hay al
menos 800 megavatios en unidades de Generación de Respuesta Rápida que
hoy están inoperativas, de las cuales se conoció que al menos dos máquinas
están nuevas y nunca fueron instaladas.
Explicó que la instalación de esta tecnología
no debe superar 45 días de trabajo porque de lo contrario no se
trataría de generación de respuesta rápida. «Ellos colocan un tiempo estimado
de cinco meses para instalar unas unidades que ya están listas, que no requiere
grandes obras civiles para su montaje».
Miguel Lara, exgerente de la Oficina de Planificación
del Sistema Interconectado, critica que los creadores del proyecto no
consideraron la recuperación del sistema de suministro de gas para las
centrales térmicas a objeto de minimizar su dependencia de
combustibles líquido. «Ellos se basan en instalar más unidades para las cuales
se deberá importar el combustible que usan, ya que de utilizar el nacional las
unidades por comprar quedarán indisponible en corto tiempo, tal como ocurrió
con las unidades que ya adquirió Venezuela, que no están funcionando y que son
reparables por menor costo que lo presupuestado», dice Lara.
Además de la compra de las turbinas, el plan
prevé la recuperación de la unidad 2 de Termozulia por un monto de USD 25
millones, cuyo precio -según Aguilar- es de USD 10 millones menos; la
compra de transformadores de potencia por USD 10.890.000, y la elaboración de
un estudio de diagnóstico de generación y esquema de transmisión a largo plazo
por un monto de USD 1.500.000.
El plan no es el más correcto ni servirá para aliviar
la crisis eléctrica en Zulia, que
el 24 de diciembre cumple dos años, de acuerdo con los expertos.
Aguilar indica que con USD 231.500.000 es posible
reparar las unidades que están fuera de servicio en Termozulia y que aportarían en su totalidad al sistema unos
1.300 megavatios.
Agregó que quedarían recursos para instalar el nuevo
cable de 230 kilovoltios adosado al puente General Rafael Urdaneta, que está
resguardado en Termozulia y que -según fuentes de Corpoelec- no ha sido
instalado por la ausencia de personal calificado para hacer el trabajo. «Y todo
esto en el mismo plazo de cinco meses, que se propone para instalar la
generación de respuesta rápida que se quiere adquirir».
La puesta en servicio del cable de 230 kv permitiría
importar unos 300 megavatios del Sistema Eléctrico Nacional hacia la Costa
Occidental del Lago. «Por menor costo, Maracaibo tendría más energía que la que
proponen con la compra de las unidades de Respuesta Rápida y es una solución
más duradera y estructural», afirmó Aguilar.
Inversión injustificada
Miguel Lara considera que el proyecto aborda la
emergencia zonificada y no como una crisis estructural que requiere una
solución integral. «Lo que proponen es hacer más de los mismo que viene
haciendo Corpoelec: Compras inconvenientes que no son solución sino mayor
despilfarro de dinero que solo beneficiaría a compradores, intermediarios y
vendedores, sin escrúpulos, en perjuicio de la sociedad venezolana».
Los sobreprecios no sólo están en las compras de Zulia. Para Los Andes, la propuesta de la PNUD/CAF y el Grupo de Boston propone la recuperación de
centrales termoeléctricas. Estiman un monto de USD 42.000.000 para recuperar
450 Mw instalados en la planta Don Luis Zambrano (Mérida), pero ahí sólo hay
una de sus tres unidades fuera de servicio. La central produce 185 Mw, de
acuerdo con un reporte de Corpoelec del 28 de noviembre.
Aguilar afirma que es excesivo ese costo. «Lo que
queda pendiente por normalizar es una sola unidad Siemens y eso no cuenta USD
42 millones. Una unidad nueva similar está por el orden de los USD 35 millones.
Reparar esa unidad no supera el 5 por ciento del monto solicitado en el
endeudamiento».
La otra propuesta es recuperar Planta Táchira, que hasta el 28 de noviembre generaba 20 Mw. El
mercanismo de la PNUD/CAF calcula un préstamos de USD 15 millones para reparar
30 Mw con la restauración de las unidades 9 y 10. Según Aguilar, con el
precio estimado se pueden recuperar cinco veces más de lo indicado por
tratarse de una tecnología vieja.
«Son trabajos que privilegian la recuperación térmica
por sobre la recuperación de las hidroeléctricas del área, con costos de
operación prohibitivos con diésel por la falta de gas», advierte Miguel Lara.
En el caso de la Región Capital, el proyecto
plantea recuperar la planta India Urquía que se mantiene apagada, sin
producir megavatios. El plan es reparar 210 Mw con la puesta en
servicio de las unidades 1 y 6 por un monto de USD 12.300.000. Para Aguilar,
esto demuestra el desconocimiento de la crisis y la situación del sistema
eléctrico venezolano porque esta planta requiere ser reparada por completo
y un trabajo de esta envergadura costaría en el orden de unos USD 90
millones.
Los especialistas no ven necesario invertir USD 5
millones en Nueva Esparta bajo
los trabajos de conversión a gas de seis turbogeneradores de la Planta Luis
Cáceres de Arismendi para incorporar 56 Mw, porque en la isla ya hay nueve
unidades (302 Mw) que pueden funcionar a gas y son suficientes para cubrir la
demanda. Tampoco les parece oportuno, gastar USD 9 millones para hacer los
trabajos de mantenimiento mayor a la unidad 2 de la Planta Juan Bautista de
Arismendi, que están en funcionamiento.
Tanto José Aguilar como Miguel Lara Insisten en que
hay opciones técnicamente superiores, menos costosas y que pondrían al servicio
del sistema eléctrico venezolano hasta más de cuatro veces el monto de
capacidad (MW) de la propuesta presentada por la CAF, PNUD y el Grupo de
Boston.
Advierten que la aprobación de esta ley implica seguir
el mismo patrón que ha mantenido el
gobierno de Nicolás Maduro: Aumentar las deudas, comprar equipos
inconvenientes, no recuperar ni mantener y seguir en crisis.
El acuerdo involucra a Maduro
El Mecanismo de Apoyo Humanitario ante la Emergencia
del Sector Eléctrico, avalado y presentado a la AN por el Grupo de Boston, sólo
es posible si la AN lo aprueba. En él se estima una incorporación total de
1.070 megavatios al sistema eléctrico: 240 megavatios en unidades de generación
de respuesta rápida, la dotación de plantas para hospitales y la recuperación
de 831 megavatios térmicos instalados en plantas de Mérida, Táchira, Nueva
Esparta, Zulia y Caracas.
De aprobarse la ley, estaría la Asamblea Nacional
avalando un proyecto en el que el gobierno de Nicolás Maduro es partícipe de la
ejecución, porque todo lo que se ejecute en
las instalaciones eléctricas debe estar bajo la coordinación de la Corpoelec.
De hecho, el mecanismo de financiamiento indica que la junta directiva del
proyecto estaría conformada por un representante del PNUD, uno de la CAF, uno
del Gobierno de Maduro, uno de la oposición, un diputado de la bancada
opositora y uno de la bancada oficialista.
La propuesta del plan de endeudamiento fue comunicada
el 9 de noviembre a Juan Guaidó,
líder de la AN, en una carta emitida por el Grupo de Boston y que está firmada
por su coordinador en Venezuela, Pedro Díaz Blum. En la misiva se le pide a la
AN aprobar la ley que permite contraer la deuda para la ejecución del Mecanismo
de Apoyo Humanitario ante la Emergencia del Sector Eléctrico, que tiene como
objetivo «solventar a corto plazo y de manera parcial la situación de
emergencia que atraviesa el país en materia eléctrica».
Los diputados de UNT son los promotores
de la ley dentro de la AN y es la parlamentaria Nora Bracho, presidenta de la
Comisión de Servicio, la encargada de coordinar la misma que cuenta con el
apoyo de Acción Democrática. De hecho, Manuel Rosales, exgobernador de Zulia y
líder de UNT, es uno de los precursores del proyecto y lo promueve como la
solución que hará que se minimice la crisis eléctrica en Zulia.
A
los diputados Nora Bracho, Enrique Márquez y a Manuel Rosales se le solicitó
una entrevista para hablar sobre el tema y no fue posible. Pedro Díaz Blum fue
consultado y dijo que “no es bueno declarar sobre el tema”.
Sólo Elías Mata, diputado zuliano por UNT, contestó. Al ser consultado sobre que la ejecución del plan debe ser en conjunto con el gobierno de Maduro, respondió: «Hay que hacer algo para solventar el sufrimiento que viven los zulianos. No nos podemos quedar de brazos cruzados».
Con respecto al sobreprecio que presenta el proyecto, dijo desconocer. «Eso hay que decirlo, yo voy a consultar», respondió.
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