Ismael Pérez Vigil 08 de diciembre de 2019
La vía electoral es la vía o la estrategia que debe
asumir la oposición, para derrotar a este régimen de oprobio. Desde luego, el
objetivo debe ser llegar a unas elecciones libres, conscientes de que
elecciones libres bajo este régimen es una tarea difícil, por lo tanto, hay que
luchar por lograr la mayor cantidad de garantías que sea posible, las que
nuestra capacidad de negociación permita.
Destaqué en mi artículo de la semana pasada, que lo
primero es ubicarnos en nuestra realidad (https://aperturaven.blogspot.com/2019/12/ahora-elecciones-libres-por-ismaelperez.html), en nuestra
fuerza como oposición y tomar en cuenta la fortaleza del régimen tiránico,
dictatorial, que nos gobierna y su capacidad represiva, el hecho de que cuenta
con el soporte de la fuerza armada, con el sistema judicial y con los recursos
del estado, desde el nivel central, pasando por las empresas del estado, hasta
la mayoría de las gobernaciones y alcaldías, que le permite contar con
recursos, económicos y de todo tipo, para desplazar votantes, movilizar grupos
civiles –armados y violentos– para intimidar y comprar conciencias y votos, por
lo que no podemos esperar un proceso limpio e impoluto, sin luchar para
lograrlo.
Destaqué también algunas condiciones que, en
Venezuela, caracterizarían unas elecciones libres. En resumen, estas serían:
- La libertad de los
presos políticos y la habilitación de los partidos políticos y candidatos,
hoy ilegalizados, perseguidos, presos o en el exilio.
- Rescatar la
credibilidad en los procesos electorales y en el voto, comenzando por una
reestructuración del CNE, de todo el CNE.
- Una revisión del
registro electoral, para librarlo de los errores más gruesos: movimientos
ilegales de votantes y traslados arbitrarios de electores.
- Garantizar la
presencia de observadores internacionales y ampliar el espectro de la
observación nacional.
También señale, que hay muchos otros aspectos
importantes, de carácter práctico, sobre los procesos electorales, que hay que
revisar y corregir para tener unas elecciones libres, quiero destacar ahora
algunos de esos aspectos.
Desde luego habrá que revisar las circunscripciones
electorales, al menos a mediano plazo, pues no es tan importante para unas
elecciones presidenciales. Y habrá que efectuar algunas modificaciones menores
en la dinámica de los procesos electorales que hemos tenido durante los últimos
años, como por ejemplo:
- restituir los
centros electorales a sus lugares originales, que sin razón justificada,
fueron cambiados en los últimos procesos, para dificultar el voto opositor
- dar cumplimiento
estricto a la ley electoral en materia de publicidad y propaganda oficial;
- fijar claramente y
mantener el horario de la jornada de votación, para que se cumpla el
cierre de la jornada conforme a lo dispuesto en la ley;
- eliminación de
todo tipo de concentración, proselitismo, intimidación y movilización
partidista y política el día de la votación;
- sorteo, como
ordena la ley, de los miembros de mesa;
- garantía para la
actuación de observadores y testigos en todas las mesas;
y una serie más de detalles que habrá que revisar,
para que se garantice el flujo de votantes sin interrupción.
Pero hay tres temas cruciales que implican asumir
alguna estrategia, lo más unitaria posible, para enfrentarlos, por lo que
invito a hacer una reflexión, descarnada, desapasionada y profunda sobre ellos;
uno es la designación de un nuevo CNE, otro es la participación en la elección
que se convoque –parlamentaria o presidencial– y por último el complejo tema de
los votantes en el exterior.
La designación de un nuevo CNE por la AN, conforme a
lo que establece la ley, es el primer elemento crucial para comenzar a
restablecer la confianza en el voto. Pero sabemos bien, y lo estamos viendo,
que la estrategia del régimen es llevar a que esta designación del CNE se haga
en el ilegítimo TSJ, que ellos dominan, tal como ha ocurrido en las dos últimas
oportunidades en que se designó este cuerpo. Esa es una eventualidad para la
que debemos estar preparados y en su momento tomar una decisión en cuanto al
curso de acción a seguir en el caso que esto ocurra, que tiene altas
probabilidades de que así sea. En ese momento, de acuerdo a los nombramientos
que se hagan, con cabeza fría y sin pasión, habrá que evaluar el resto de las
condiciones con base en las cuales se podría participar en el proceso electoral
que se convoque.
Otro factor para el que debemos estar preparados es para
la elección que se convoque el próximo año. Más del 85% del país aspira que se
convoque una elección presidencial, que corrija la irrita e ilegal efectuada el
20 de mayo de 2018; pero debemos estar preparados a que eso no sea así y se
convoque solamente una elección parlamentaria, que de acuerdo con la
Constitución se debe llevar a cabo en 2020, año en el que se vence el período
de la actual AN. ¿Qué haremos si no logramos que se convoque la elección
presidencial que todos queremos? ¿Dejaremos –por negarnos a participar– que la
AN caiga completamente en manos del régimen, como ocurrió en 2005? Si eso
ocurre, perderíamos el “activo” más importante con el que hoy contamos, la AN,
único poder legítimo y reconocido por la comunidad internacional, base de la
legítima presidencia interina de la República, también reconocida
internacionalmente.
El tercer tema es la votación de los más de dos
millones y medio de venezolanos en el exterior, que no han podido cambiar su
domicilio para votar en una elección presidencial y que pretender hacerlo con
las normas actuales, a través de embajadas y consulados, es físicamente
imposible de realizar. La AN tiene ya algunas propuestas para solventar ese
problema, modificando la Ley Orgánica de Procesos Electorales -LOPRE- para que
el CNE cree en el exterior los Organismos Subalternos que sean necesarios, a
los fines de organizar y facilitar la inscripción, actualización y votación de
los venezolanos en el exterior. Y con relación a este mismo tema hay otro
problema más grave aún, como lo es la ilegal exigencia de que los venezolanos
en el exterior tengan “residencia legal” en el país en el que viven,
supeditando de esta manera el derecho al voto que tiene todo venezolano mayor
de 18 años a la condición migratoria en el país donde resida.
Estos tres temas, designación de un CNE por parte de
un TSJ –tan ilegitimo como los poderes ejecutivo y electoral–, evitar las
elecciones presidenciales e impedir el voto de los venezolanos en el exterior
son parte de la estrategia del régimen que debemos encarar, fríamente, para
derrotarla.
Ismael
Pérez Vigil
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