EFE 06 de febrero de 2020
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Ciudadanos
venezolanos relataron este miércoles en Bogotá a una delegación de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las violaciones de DD.HH. de las que
fueron víctimas en su país y por las cuales tuvieron que huir a otras naciones,
principalmente a Colombia.
La
misión, encabezada por la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de
Troitiño, llegó a Bogotá un día después de que la aerolínea Copa no les
permitiera embarcar en Panamá con destino a Caracas para lo que sería su
primera visita en 17 años a Venezuela, y mañana se trasladará a Cúcuta,
principal paso fronterizo de Colombia con ese país.
En
Bogotá, la comitiva, integrada además de Arosemena por el secretario ejecutivo
de la CIDH, Paulo Abrão, y el comisionado Francisco Eguiguren Praeli, se reunió
con víctimas, periodistas y organizaciones sociales, así como con exdiputados,
magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y miembros de la Fiscalía
venezolana en el exilio.
Entre
las denuncias que recibieron a puerta cerrada está la de que 129 diputados
fueron objeto de torturas, amenazas, arrestos arbitrarios e incumplimiento de
las garantías procesales durante investigaciones, entre otras, según la CIDH.
MUERTE
DEL CAPITÁN ACOSTA
Otro
testimonio escuchado fue el de Waleska Pérez, viuda del capitán de la Armada
venezolana Rafael Acosta Arévalo, quien fue detenido por la contrainteligencia
militar venezolana el 21 de junio de 2019 y murió en la cárcel días después.
Pérez,
beneficiaria de medidas cautelares de protección del CIDH, denunció ante la
misión la “desaparición, tortura y asesinato” de su esposo, cuya muerte fue
confirmada el pasado 29 de junio por el gobernante Nicolás Maduro y provocó la
condena de distintos países.
El
Gobierno de Maduro había denunciado tres días antes el desmonte de un plan de
golpe de Estado en su contra, supuestamente planificado durante 14 meses, y
acusó al presidente colombiano, Iván Duque, de ser promotor de estas acciones.
El
27 de junio el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, anunció la apertura de
una investigación del Ministerio Público contra 14 civiles y militares, entre
ellos Acosta Arévalo, por su presunta vinculación con ese plan.
CENSURA
A LA PRENSA
Los
delegados de la CIDH también hablaron con dos periodistas del portal
Armando.info que denunciaron las amenazas y censura de las que han sido objeto
tras realizar una investigación sobre una red de lavado de activos que obtuvo
millonarios recursos por la exportación ficticia de alimentos a Venezuela.
Los
reporteros, que están exiliados en Colombia como decenas de colegas suyos,
también advirtieron que son víctimas de hostigamiento judicial.
OTROS
RECLAMOS
La
misión también escuchó al abogado de la familia del concejal Fernando Albán,
quien murió cuando estaba bajo custodia del Gobierno y que según la versión
oficial se suicidó.
El
letrado denunció “serias irregularidades” en el proceso de investigación de
este caso.
Albán
murió el 8 de octubre del año pasado en la sede del Servicio Bolivariano de
Inteligencia Nacional (Sebin), donde se encontraba detenido tras haber sido
acusado de participar en un fallido ataque con drones contra Maduro.
En
las audiencias estuvieron además organizaciones sociales que manifestaron su
preocupación por la crisis migratoria, la situación de las mujeres embarazadas
y el riesgo al que se enfrentan los venezolanos de ser víctimas de trata de
personas.
La
CIDH había sido invitada al Venezuela por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó,
reconocido como presidente interino del país caribeño por más de 50 países,
pero el régimen de Maduro aclaró la semana pasada que “en ningún momento” había
autorizado una visita de la Comisión, que tiene sede en Washington.
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