La secretaria general
del Colegio Nacional de Periodistas señala que desde el poder “quieren enviar
un mensaje a los periodistas y a la sociedad en general, que si se siguen
publicando cosas pueden ser víctimas de medidas de este tipo como
encarcelación”
El sábado 27 de junio
se conmemoró el Día del Periodista y siempre es bueno recordar que a quienes
ejercen este oficio les ha tocado vivir en tiempos difíciles, o más difíciles,
por aquello de ser las figuras del contrapoder, de la contraloría y la voz de
quienes no tienen acceso a las instancias de decisión.
Por eso, en
Contrapunto.com decidimos llamar a Delvalle Canelón, secretaria general del
Colegio Nacional de Periodistas y conversar acerca del ejercicio del oficio en
estos tiempos de pandemia y coronavirus.
-¿Qué es el periodismo
hoy día en Venezuela?
-Estamos ejerciendo el
periodismo en Venezuela con mucha limitaciones, persecución, criminalización y
pocas garantías democráticas. Con poco acceso a la información oficial, que es
importantísima para ejercer un periodismo serio y responsable y veraz. Esa es
una compuerta que se va cerrando cada vez más.
La secretaria general
del Colegio Nacional de Periodista señala que “al día de hoy tenemos dos
periodistas presos, con medidas sustitutivas de libertad, que son Marco Antoima
y Mimí Arriaga, y no se sabe quién es la persona que denuncia”.
“Se les denuncia de ser
responsables de unas cuentas anónimas y de estar practicando la extorsión. Pero
se les denuncia desde unas cuentas anónimas, y hasta ahora no hay pruebas de
que dirijan estas cuentas. Se supone que en estos tiempos de tecnología hay
unas trazas para saber si esas direcciones corresponden con los colegas. No se
sabe absolutamente nada”, señala con preocupación.
-¿Esto no es un caso de
solidaridad automática?
Delvalle Canelón indica
que la Ley del Ejercicio del Periodismo y la Constitución están en contra del
anonimato y asegura que el Colegio Nacional de Periodistas “no apoya este tipo
de cuentas. El periodismo responsable da la cara y firma sus informaciones
previa investigación y consulta a todas partes involucradas”.
-Si estuviéramos en una
sociedad con plenas garantías democráticas, donde existiera una prensa libre,
podrías pensar que se establece una solidaridad automática, cosa que yo no
comparto. Pero quién está picado de culebra cuando un bejuco brinca. Acá hay
mucho ataque a los periodistas: se les persigue por estar grabando las colas de
gasolina, por estar grabando una protesta. Se les quitan los teléfonos, se les
borra el material, se les roban los equipos. Eso ha ocurrido muchas veces. Se
denuncia a estos periodistas por presuntamente estar detrás de estas cuentas,
yo no sé si eso es así, pero no se muestran las pruebas; todo se lleva en el
más absoluto hermetismo. No hay un posición por parte del Fiscal que lleva el
caso, los abogados no tienen acceso al expediente. No se sabe quién denunció a
las personas.
En la conversación hace
una evaluación rápida de cuántos periodistas han sido agredidos o tienen
medidas cautelares, y en este conteo se superan los 10 casos en distintas
regiones del país.
Toma como ejemplo el
caso de Mimí Arriaga y Marcos Antoima para hacer una reflexión. “La gente que
está haciendo esto desde el punto de vista judicial no les importa quiénes
están o si son responsables o no de las cuentas anónimas. Lo que quieren es
enviar un mensaje a los periodistas y a la sociedad en general: que si se
siguen publicando cosas pueden ser víctimas de medidas de este tipo, como
encarcelación”.
-Alguien podría
argumentar que en Venezuela a los periodistas los meten presos y en otros países
los matan. ¿Qué responde a una afirmación como esta?
-Yo espero que en
Venezuela no lleguemos a eso. No puede ser que un periodista muera por ejercer
el derecho que tiene, porque estudió una carrera, porque defiende los
principios democráticos. Porque el ejercicio del periodismo es inherente a la
democracia. No se puede justificar algo como eso con la muerte de una persona.
Si dices que bueno que hay periodistas presos porque no hay muertos estás
justificando que eso pueda ocurrir. Hay el peligro latente de que pueda
ocurrir. Se expone a los periodistas como enemigos, se nos expone como que
estamos haciendo mal solamente porque se publica algo o una declaración de
alguien.
–Cuáles son los temores
que tiene frente a esta situación. ¿Empeorará?
-Esta situación nos
lleva a un estado de indefensión porque no tenemos a quién acudir. El Defensor
del Pueblo no dice absolutamente nada sobre estas cosas que están ocurriendo.
El Fiscal General de la República tampoco dice absolutamente nada. Yo como
secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas y como reportera de
muchos años de la fuente legislativa que tuve acceso a quien es hoy Fiscal
General y ahora lo entrevisto como Fiscal, le he escrito cuando ha sucedido una
agresión a un periodista y me ha dejado en azul. Jamás ha habido respuesta. La
no respuesta te dice que no tenemos a dónde acudir para que se respeten
nuestros derechos y que se sigan además los canales regulares para algún tipo
de denuncia. También sucede que cuando a un periodista lo agreden el
funcionario es ascendido, premiado; es la respuesta del sistema del poder en
Venezuela.
El temor es que esto se
incremente como hemos visto en esta cuarentena porque se ha dado un escalada de
represión contra el ejercicio periodístico. Temo que esto se haga la norma. Que
sea costumbre que se los meta presos y se impongan sanciones a periodistas
solamente por ejercer su derecho a informar como establecen la ley y la
Constitución.
-¿A qué atribuye esta
escalada en la cuarentena?
En esta cuarentena se
incrementó el problema de la gasolina; había un problema serio y que era
evidente. El problema del agua, el gas, los cortes eléctricos. A los
periodistas se les ha perseguido por ir a grabar las colas. Se les persigue y
se les maltrata.
Advierte que no hay cómo
preguntar sobre la epidemia de covid-19. No hay ruedas de prensa, sino partes
desde Miraflores.
-Entonces… ¿la
situación irá hacia peor?
-Sí, por lo que se ve
se incrementará. Yo no quiero eso y ojalá esté equivocada. No hay acceso a
preguntar a los responsables del parte diario y contrastar las informaciones
extraoficiales. Esa oportunidad no la tenemos.
-La ley del odio se usa
para sancionar a los periodistas.
-No es constitucional
por ser creada por la ANC, que está en tela de juicio- responde.
Remarca que se aplica a
conveniencia. Esa ley era para evitar el escrache, con lo que no está de
acuerdo, pero advierte que no puede ser una ley hecha a la medida del
funcionario en contra de los ciudadanos.
-¿Pediría su
derogación?
-Sería su no
aplicación, porque es una ley insconstitucional y se debe respetar el derecho
de los periodistas.
27-06-20
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico