Por Ramón Guillermo
Aveledo
El derrumbe de pesadas
piedras que bloquea el estrecho camino de la solución política a la crisis
nacional, cuyos últimos signos son
la designación de un CNE no confiable y la intervención judicial de
partidos fundamentales, sumado a años de deterioro de las libertades y
desprestigio del voto, no solo evidencian soberbia, sino también una grave
incomprensión. Venezuela lo paga caro.
El grupo en el poder,
más inescrupuloso que hábil para mantenerlo, no entiende la política y mucho
menos la política democrática. Se me dirá que no le ha hecho falta, porque ahí
siguen mandando tras veinte años acumulando disparates, sean viejos y en desuso
en el mundo, dado su fracaso o de fabricación propia, imponiendo nuevas marcas
del desatino. La política no les ha hecho falta a ellos, pero sí al país, cuya
vida se empobrece sostenidamente en todos los órdenes, a pesar del esfuerzo
descomunal que tantos hombres y mujeres hacen para mantenerlo en pie.
Mucho más que el poder
La política no se trata
del poder y punto. Es mucho más que eso. Es el difícil arte de procesar
tensiones, resolver conflictos y generar equilibrios. Dificilísimo, porque más
que el arte de lo posible es el arte de hacer posible lo que es necesario. Así que
solo es posible entenderla mirando el horizonte de sus fines: crear las
condiciones para el bien común. ¿Y cuáles son los medios de esta exigente
tarea? Los lícitos, marcados por el derecho.
Benedicto XVI citó a
San Agustín al hablar al Bundestag. “Quita el derecho y entonces, ¿qué
distingue al Estado de una banda de bandidos?”. Y recordó la experiencia
de su propio país, Alemania. Ellos vivieron “cómo el poder se separó del
derecho…” y en ese pisoteo, en esa destrucción, “se transformó en una cuadrilla
de bandidos muy bien organizada, que podía amenazar el mundo entero y llevarlo
hasta el borde del abismo”.
No hay en mis palabras
la más mínima exageración.
La democracia supone
libertad de participación política, y esta, a su vez, libertad de organización.
Para eso existen los partidos. El asalto judicial a los partidos no solo viola
la Constitución, llevándose por delante, por lo menos, sus artículos 62 y 67,
sino que implica además una cuestión de la más elemental lógica democrática.
Los partidos son medios de ejercer la libertad de las personas. El ciudadano
puede escoger si milita o no y en qué organización lo hace. Aquí, cualquier
imposición equivale a negación de derechos que son fundamentales.
Claro, el grupo en el
poder no puede entenderlo. Un partido vertical creado desde el poder,
confundido con el Estado y amarrado a una superstición ideológica que ignora la
complejidad y diversidad y su incidencia en el funcionamiento social, es
radicalmente incapaz de asimilar esas realidades.
Repaso necesario
Los opositores
participacionistas “como sea”, que los hay honradamente, deben prestar atención
a la reacción aquí y afuera a la tosca maniobra del falso árbitro electoral
y, sobre todo, a los asaltos judiciales a partidos, ante
los cuales he escuchado la solitaria protesta del PCV. “Cuando veas
las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo”. No hay alacrán
confiable. Conste me refiero a gente que respeto, aunque discrepemos, y no a
algún avispado “compañero de ruta” que hace negocio con eso. Esa es otra fauna.
El grupo en el poder es
inexculpable, pero estas nociones elementales por él ignoradas tal vez
tendríamos que repasarlas también quienes proponemos un cambio hacia la
libertad, la democracia, la prosperidad y la equidad. O, al menos, mirar con
ese lente lo que estamos haciendo para conducir el esfuerzo venezolano hacia
esa meta deseada y necesaria.
23-06-20
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