Por Fernando Pereira
El pasado 14 de junio
efectivos policiales detuvieron en el oeste de Maracaibo a Gerardo Oliveros, a
quien se ha denominado como “El Monstruo de Barrio Bolívar”. Se le acusa de haber
abusado sexualmente de más de 100 jóvenes, en su mayoría adolescentes varones.
El secretario de gobierno del estado Zulia afirma que podemos estar ante “el
mayor violador en la historia del país”.
Los vecinos manifiestan
que no les extrañó la noticia, pues se trataba de “un secreto a voces”.
“Siempre estaba rodeado de muchachos”. Se valía de las múltiples necesidades
que aquejan a los habitantes del sector. Les ofrecía poder utilizar una
piscina, comida, chucherías.
El día que conocí de
este caso en Maracaibo había comenzado a ver la mini serie documental de Netflix Filthy
rich (Asquerosamente rico), referida al multi millonario estadounidense Jeffrey
Epstein. Un hombre que logra montar un entramado que tiene por objeto abusar y
traficar con mujeres jóvenes, muchas de ellas adolescentes a partir de los 12
años. Utiliza sus recursos para seducir a chicas en la mayoría de los casos con
historias personales que las hacía vulnerables; ante la mirada cómplice de
políticos, personalidades y empleados.
Culpar a las víctimas
adolescentes
Si los abusos se
comenten contra niñas o niños (menores de 12 años) hay un consenso social en
condenar rotundamente el atropello invocando las más severas penas para el
ofensor.
Ante los casos que
involucran adolescentes, como los que mencionamos antes, el mandato colectivo
se diluye. Se plantea que “ya a esa edad los muchachos saben lo que están
haciendo”, “les gusta el dinero y los mueve la ambición”, “porque les gusta
cosa”.
Hay quienes realizan
análisis antropológicos para mostrar que hay culturas donde las adolescentes ya
están aptas para ser madres a los 14 años o calculando a qué edad tuvo su
primer hijo la bisabuela de la familia. No se analiza cuál era la expectativa
de vida de las mujeres en ese tiempo y que, en muchos casos, su proyecto de
vida era procrear y criar a los hijos.
Hay que señalar
categóricamente que los niños y adolescentes (menores de 18 años) gozan de un
fuero especial de protección otorgado por la Convención sobre los Derechos del
Niño. En el caso de nuestro país, desarrollado en la Ley Orgánica para la
Protección del Niño, Niña y Adolescente.
La responsabilidad
moral, humana y legal siempre será del adulto que propicia una relación sexual
con niños (y también) con un o una adolescente. No se trata de que exista un
consentimiento de un adolescente cuando el adulto está haciendo uso de su poder
y sus recursos ante la necesidad y vulnerabilidad del adolescente. Se trata de
un delito sexual y no puede haber tolerancia por parte del entorno.
Elevado costo
humano
Naciones Unidas acaba de
publicar datos sobre la violencia contra los niños y calcula que 120 millones
de niñas han tenido algún tipo de contacto sexual contra su voluntad antes de
cumplir los 20 años. La
violencia emocional afecta a uno de cada tres niños, y uno de cada cuatro
niños en el mundo vive con una madre cuya pareja la trata con violencia.
Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia contra los
niños (2020) OMS, UNICEF, UNESCO y Oficina de la Representante Especial del
Secretario de Naciones Unidas sobre la Violencia contra los niños
Advierte el informe
que: “La pandemia de COVID-19 y las medidas que las sociedades han tomado
frente a ella han influido enormemente en la prevalencia de actos de
violencia contra los niños y lo más probable es que tengan consecuencias
adversas de larga duración. A lo largo de su vida, los niños que se han visto
expuestos a episodios de violencia están en mayor riesgo de tener trastornos
mentales y trastornos por ansiedad; comportamientos peligrosos, tales como el
abuso del alcohol y las drogas, el tabaquismo y las prácticas sexuales de
riesgo; enfermedades crónicas, tales como el cáncer, la diabetes y las
cardiopatías; enfermedades infecciosas, como la infección por el VIH; y
problemas sociales, entre ellos el mal aprovechamiento escolar, una mayor
participación en actos de violencia, y la delincuencia”.
25-06-20
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