Por Marta de la Vega
El RP2, el 187n° 11, el
TIAR o los Cascos Azules de la ONU no son factibles si los gobiernos aliados de
los países democráticos del mundo en contra de la tiranía usurpadora de Maduro
y la camarilla militar civil que lo sostiene y protege, dirigidos en primer
plano por la dictadura cubana, con Rusia, China e Irán en el trasfondo, han
afirmado varias veces que no están de acuerdo con el uso de la fuerza ni pueden
respaldar una incursión militar. Una intervención armada constitucional o
un desembarco por razones humanitarias en costas venezolanas tampoco están en
la agenda ni de la Unión Europea, ni del grupo de Lima, ni del gobierno
actual de los Estados Unidos.
Todos los que
impulsamos la lucha por la democracia, la decencia, el respeto a los otros y el
cumplimiento estricto de las normas que garanticen la civilidad y la
convivencia pacífica en Venezuela, nos preguntamos hoy cómo es posible que el
sátrapa enquistado en Miraflores o en Fuerte Tiuna, Nicolás Maduro, se mantenga
aún en el poder. La cúpula de las fuerzas armadas es la que tiene el dominio
del país.
En todos los niveles,
sea por miedo, sea por horror a la delación de sus propios compañeros, o por
las torturas indescriptibles de las que han sido víctimas los sospechosos de
disidencia o de insubordinación, sea por la relajación de sus conductas
institucionales, sea por degradación de sus principios y valores, en los que ya
el honor no se divisa, las fuerzas militares o policíacas sustentan la
dictadura madurista. O callan de manera cómplice ante los desafueros y abusos
atroces cometidos por los integrantes de los organismos de seguridad y
contrainteligencia del Estado, la Guardia Nacional Bolivariana o las Fuerzas de
Acciones Especiales, que son escuadrones de exterminio para aterrorizar y
asesinar a ciudadanos inermes.
Sus motivaciones no
provienen de razones ideológicas ni es por respeto a la Constitución venezolana
vigente, pisoteada despiadadamente desde hace muchos años para aferrarse al
poder a cualquier costo. Se ha construido un entramado denso y oscuro de
corrupción generalizada que se extiende desde el general de más alto rango
hasta el soldado raso y contamina todas las estructuras del Estado, hoy refugio
de una banda de hampones que controlan las instituciones de la república, la
explotación criminal del Arco Minero, el narcotráfico con pingües ganancias, el
contrabando de gasolina y ahora la “custodia” de las bombas surtidoras de
combustible.
En este sentido, la
posibilidad de un “quiebre” militar ha resultado ser una táctica fallida en la
visión estratégica por parte de la dirigencia democrática. Causas muy poderosas
como las que acabamos de enumerar frenan una acción de las fuerzas armadas,
pese a conatos de rebelión, para acatar la Constitución siguiendo su artículo
328 y contribuir a restaurar el Estado de Derecho.
En Venezuela ha habido
históricamente una mentalidad de privilegio y supremacía militaristas a pesar
de que la Constitución subordina el poder militar al poder civil. También
cierto menosprecio de aquellos hacia estos últimos. Los códigos de los
militares resultan enigmáticos para el mundo civil. No han podido ser
descifrados por la dirigencia democrática para trazar un camino efectivo de acercamiento
hacia el cuerpo armado. Estos sienten desconfianza hacia los civiles como
alternativa real de poder. ¿Qué hacer entonces?
El engranaje entre los
problemas de la gente y sus protestas y un gobierno de emergencia nacional es
indispensable para impulsar el cambio político. Su antecedente más importante
fue el pliego de conflictos elaborado por múltiples organizaciones de la
sociedad civil y partidos políticos, entregado en la concentración del 10 de
marzo pasado al presidente interino de la república, Juan Guaidó. El Plan País
marca una dirección experta y seria para resolver la multicrisis nacional.
Otro hecho clave es la
firma que acaba de ocurrir para asegurar sin obstáculos el ingreso de ayuda
humanitaria a Venezuela entre la OPS (Organización Panamericana de la Salud)
con un representante del gobierno interino y el ministro de salud del régimen
de Maduro. No es un acuerdo político como se pretende hacer ver sino, por un
lado, un reconocimiento al gobierno legítimo de Juan Guaidó y por el otro, un
esfuerzo técnico multinacional para evitar de nuevo la tragedia del 23 de
febrero pasado al impedir brutalmente la entrega en territorio venezolano de la
ayuda humanitaria.
Es decisivo comunicar
ya a la ciudadanía todos los aspectos del contenido de la propuesta de los
negociadores democráticos en Oslo y Barbados, que muchísima gente no
conoce. La importancia mayor del gobierno de emergencia nacional es que
facilita un “puente de plata” a los chavistas, militares y civiles, sin excluir
a los distintos actores de la oposición.
Las modificaciones
presentadas por el gobierno estadounidense agregan una serie de garantías para
los militares, la permanencia del alto mando actual hasta las elecciones
presidenciales, la suspensión de las sanciones y la escogencia de Maduro y sus
acompañantes de quedarse en el país o salir al que ellos deseen sin que se les
persiga o extradite. Esta condición es necesaria pero no suficiente para que
cese la usurpación y comience una transición incluyente de todos los sectores
políticos y sociales del país a fin de emprender su reconstrucción.
08-06-20
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