Andrés Cañizalez 18 de junio de 2020
@infocracia
La
judicialización de la política parece acelerarse en Venezuela. Decisiones del
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dominado por el chavismo y con algunos
magistrados sancionados internacionalmente, apuntan hacia lo que podría ser una
inminente elección parlamentaria, en la cual participarán partidos políticos de
“oposición”, pero que en verdad están modelados por el régimen.
El
chavismo apuesta a un nuevo esquema electoral, que tendrá el tutelaje del TSJ.
Es un escenario diferente al que se vivió en las votaciones de la Asamblea
Nacional Constituyente (2017) y la relección de Nicolás Maduro (2018). Para las
elecciones de la Asamblea Nacional, que deben realizarse antes de que concluya
2020, estarán presentes las tarjetas de diversos partidos que el propio
chavismo ubica en la oposición, en aras de exhibir una pluralidad que es irreal
en la práctica.
El
TSJ, saltándose lo que dice la Constitución, no sólo ha designado una nueva
directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), sino que adelanta una
significativa reforma de varios aspectos relacionados con la elección de
diputados (proporcionalidad, representación de minorías, representación de etnias
indígenas e incluso número de legisladores).
En
todo sentido será una elección hecha a la medida del chavismo. Hemos superado,
hay que decirlo, el esquema de una oposición leal, como la que ejerció Henri
Falcón y Javier Bertucci, cuando se presentaron como candidatos presidenciales
para hacer bulto en los comicios que de antemano estaban hechos para la
relección de Maduro, en mayo de 2018.
La
operación actual, en tanto, busca vaciar a los partidos opositores al régimen
como Acción Democrática o Primero Justicia, al desconocer a sus representantes
legítimos. El TSJ designa a directivas ad hoc con figuras que ya han demostrado
estar dispuestas a hacer un round de sombras con el chavismo, con la certeza de
que no se subirán al ring a disputar realmente el poder.
A
Voluntad Popular le espera posiblemente su ilegalización ya que se le ha
señalado de organización terrorista.
En
fin, habrá decisiones diversas en un escenario electoral que el chavismo moverá
o moldeará según sus necesidades y beneficios.
La
construcción de una oposición a su medida no es algo nuevo. Es un proceso que
viene gestándose desde que los representantes de Nicolás Maduro abandonaron la
mesa de negociación que se llevaba adelante en el trecho final de 2019. Aquella
negociación transcurría con la oposición legítima, tanto por su origen en el
voto popular, como por su reconocimiento por parte de la comunidad
internacional.
La
estrategia del chavismo consistió en abandonar lo que se había avanzado en
Barbados, con acompañamiento de Noruega, junto a los delegados designados por
Juan Guaidó, y crear una suerte de mundo paralelo, la Mesa de Diálogo Nacional.
El
paso de los meses hizo a los actores de esa “mesa de diálogo” una suerte de
tontos útiles. Cada cierto tiempo, cuando el gobierno necesitaba desviar la
atención de una crisis que le empañaba públicamente, echaba mano de Henri Falcón,
Timoteo Zambrano o Javier Bertucci. Todo aquello, visto en retrospectiva, ha
sido en realidad una suerte de ensayo continuo para la representación que
estos, y otros actores, deberán poner en escena cuando sean las elecciones
parlamentarias.
Se
les unirán Bernabé Gutiérrez encabezando a Acción Democrática o José Brito al
frente de Primero Justicia. El reparto se incrementará con el paso de las
semanas y, seguramente, tendrá un momento clímax cuando exista un calendario
electoral de forma oficial y haya que inscribir a los aspirantes a las curules
legislativas.
El
TSJ aún tiene tela para cortar ya que otros partidos como Patria para Todos,
Bandera Roja, Podemos, Movimiento Electoral del Pueblo y MIN Unidad, están en
situación irregular según los parámetros del CNE por no haber participado en
las votaciones de 2017 y 2018. Sobre COPEI, ya sabemos, existe una suerte de
daga judicial que cada cierto tiempo actúa contra el partido socialcristiano.
Que
las decisiones actuales descabecen a partidos políticos principales como AD y
Primero Justicia no debe hacernos perder de vista de que no es una estrategia
nueva. En realidad, como ha apuntado Eugenio Martínez, el chavismo avanza en
dicha estrategia para consolidar un nuevo ecosistema de partidos políticos en
Venezuela.
Para
ello ha modificado las directivas de estas organizaciones, ha negado su
inscripción o ha evitado su relegitimación. Siendo una estrategia clara y
consistente en el tiempo, la pregunta central es, ¿qué han hecho y qué harán
ahora esas organizaciones políticas, sus dirigentes y activistas?
Andrés
Cañizález
@infocracia
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