Comprendiendo la mente criminal, por Humberto García Larralde

Humberto García Larralde 22 de junio de 2020

Elementos definitorios

No propongo aquí examinar la mente de quienes ocupan el poder en Venezuela desde categorías conceptuales desarrolladas por expertos en el área. No soy psicólogo ni criminólogo. Se trata, simplemente, de constatar la terrible perversión de quienes –a conciencia— han consentido y promovido:

1) La devastación de la economía y, con ello, de los medios de sustento del venezolano;

2) La destrucción de la industria petrolera, proveedora de divisas, gasolina y lubricantes para el mercado interno;

3) La demolición de los servicios básicos para la vida en sociedad: agua, luz, seguridad e información;

4) La ruina de los sistemas públicos de salud y educación, y el acorralamiento de los privados;

5) La supeditación de los derechos humanos—incluyendo el derecho a la vida y a la libertad– a consideraciones políticas;

6) La supresión de toda posibilidad de cambio político por vías pacíficas y democráticas;

7) El reemplazo de normas de convivencia y de respeto entre seres humanos, por la arbitrariedad y el, “me da la gana”, desde el poder;

La lista puede continuar, sobre todo si se entra en el detalle. Cuadrarse con tales hechos y/o intentar convalidarlos con argumentos espurios, retrata la perversión de quienes, hoy, controlan al Estado. La mente criminal de Maduro y su combo se expresa en la creación de un estadio de miseria, sufrimiento y desesperación, como no se conoce en Venezuela desde la Guerra Federal.

En absoluto puede excusarse alegando ignorancia o por estar “mal asesorados”. No sólo conocen del impacto y de las consecuencias de sus acciones; las han proseguido intencionalmente. Ello nos permite una primera aproximación a la comprensión de la mente criminal de Maduro y cía.; su depravación moral y ética. De ahí se explica su crueldad e indiferencia ante los padecimientos de la gente. De ahí su maquillaje de cifras sobre el impacto del Covid-19 en Venezuela, sus razones absurdas por las que no hay gasolina, para justificar el colapso del servicio eléctrico, negar la hiperinflación, el desmoronamiento de la producción agroalimentaria y las muertes en manos de las FAES (y de otros esbirros), como de tantas fabulaciones adicionales. La maldad llega al extremo de acabar, por “quítame esta paja”, con una de las pocas fuentes de entretenimiento que les quedaban a los venezolanos confinados, sin agua y pasando hambre: las transmisiones de Directv, ¡y de meter preso a sus directivos!

Desde su bunker, Hitler culpaba al pueblo alemán por su derrota, una vez entradas las tropas soviéticas a Berlín, al no haber estado a la altura de sus designios. Maduro expresa igual desdén por los venezolanos, regañando a quienes regresan en busca de refugio contra el Covid-19. Parece exclamar, “¡Jódanse, por huir de la ‘revolución’ bolivariana!” “¡Pidan perdón y les entrego cajas Clap!.”

Lo anterior nos permite abordar un segundo elemento de la mente criminal. Su enfermiza obsesión por elucubraciones y construcciones ideológicas que sirven para “auto-absolverse” ante sus víctimas. Los chavo-maduristas viven en un mundo ficticio, refractario a toda contrastación con la realidad, que acomoda sus crímenes dentro de una narrativa justiciera, de redención de los pobres. Esa es la función del menjurje fascista y comunista de su ideario: conferirles algún sentido a sus acciones, para que la conciencia no les estorbe cuando estén “salvando a la humanidad”. Así como la Inquisición perseguía, torturaba y le hacía la vida miserable a quienes denunciaba como infieles o dudaba de sus convicciones religiosas, los actuales dueños del país no escatiman esfuerzos para forzar “las razones de la Historia” (con mayúscula) para imponerles a los venezolanos la depredación de sus riquezas. Pero, a diferencia de los vejámenes de la Inquisición, motivados por la fe, en la Venezuela cautiva de las mafias, es difícil suponer que se crean los disparates que se inventan para justificar sus desmanes. El cinismo se les sale por los poros. El oscurantismo retrógrado que exhiben los auto-postulados “revolucionarios” de hoy debería llamarse, por tanto, “Cinquisición”. Es, de nuevo, expresión de mentes perversas, torcidas, sin apego alguno por la verdad, ni empatía para con los que no son de su círculo estrecho de complicidad.

La incógnita a precisar es hasta dónde esta mentalidad criminal, con sus terribles vicios, es compartida por quienes sustentan, de una manera u otra, la abominación chavo-madurista. Más allá de los militares y civiles corrompidos, como de los esbirros cebados en atormentar o asesinar a sus compatriotas, es preocupante que, entre los que rodean a Maduro, no hayan aparecido quienes pongan fin a su fatal conducta, por los medios que fuera. ¿No existe consideración humanitaria alguna, aunque sea una pizca de ética, para acabar con tanto sufrimiento? ¿Cuál es el punto de quiebre de las complicidades con los que mandan, a qué responden? ¿O es que todos los que sostienen a Maduro son parte de las mafias dedicadas a saquear al país? Éstas han sido inquietudes permanentes de los venezolanos demócratas. Difícil aceptar que, absolutamente todos, sean tan anuentes con la criminalidad de Maduro, Cabello, Padrino y demás. Es como para terminar perdiendo fe en su condición humana de los chavistas.

Algunas implicaciones

Una primera conclusión de lo señalado es que el andamiaje conceptual y de valores de Maduro y de sus mafias nada tiene que ver con el de quienes luchan, sinceramente, por la democracia liberal. Parece reflejar, más bien, una versión invertida de éste. Ello apunta a la inexistencia de un piso compartido de objetivos y premisas entre chavo-maduristas y demócratas, que pudiera servir de base a la negociación de una salida percibida como mutuamente conveniente para ambos. Ante esta ausencia, es estéril apelar a problemas de gobernanza, a la necesidad de mejorar el bienestar de la población o de defender los intereses de la nación, para comprometer a la mafia en acuerdos constructivos con las fuerzas mayoritarias del país.

¿Significa esto que debe descartarse la posibilidad de producir los cambios mayoritariamente anhelados por la vía de la negociación? No. Lo que implica es que ésta sólo puede tener éxito si se formula en términos tales que proyecte, entre los mafiosos, la convicción de ser la mejor opción posible –en realidad, la única—frente a aquella que resultaría, de otro modo, inevitable: su desalojo por la fuerza.

La objeción obvia de plantear las cosas de esta manera es que la oposición no tiene, en estos momentos, la capacidad o la fuerza (medios de violencia) requerida para que tal amenaza sea creíble. Ella está sujeta a la existencia de ese hipotético y ansiado contingente de militares honestos, comprometidos con el bienestar de los venezolanos que, vergonzosamente, no se materializa, o de la disposición de los gobiernos de naciones amigas por sacar a Maduro y a su mafia del poder, como sea.

La indisposición de gobiernos democráticos por sacar a Maduro por la fuerza no se debe a motivos de naturaleza militar: la corrupción y descomposición de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no augura capacidad de resistencia ante una acción concertada de fuerzas bien dotadas y apoyadas logísticamente. Obedece a imperativos políticos. Existen dos vertientes a considerar:

1) El argumento (incuestionable) de que no es deseable una solución militar, dados sus posibles costos en vidas y destrucción. Esto es particularmente válido si se percibe que no se han agotado los medios para encontrar una salida negociada. Por supuesto, la permanencia de Maduro en el poder genera costos terribles, día a día. Esta postura tiene, a su vez, dos motivaciones:

– La ignorancia o desconocimiento de la naturaleza del régimen al que nos enfrentamos, totalmente refractario a acordar, por las buenas, el reconocimiento del orden constitucional y, en consecuencia, su salida del poder (rige el paradigma de Chile con Pinochet);

– Porque ofrece a estos gobiernos la posibilidad de mostrar una posición en defensa de un régimen de libertades y de censura a la dictadura de Maduro, aparentemente firme, pero sin tener que comprometer recursos, más allá de sacrificar posibles negocios con ésta al imponerle sanciones. Es una posición cómoda, políticamente correcta, porque abjura de soluciones de fuerza. Es, notoriamente, la actitud de la Unión Europea. La situación venezolana no representa, para la gran mayoría de sus miembros, amenaza alguna, salvo algunos inconvenientes que podrían derivarse del número de refugiados venezolanos en España o Portugal. ¿Porqué involucrarse en una misión costosa en un país que ni les va ni les viene? “Que los venezolanos arreglen ellos mismos sus problemas y nosotros, desde acá, los apoyamos”. Esta posición de no “mojarse” –como dicen los españoles—es lógica y, hasta cierto punto, no los menoscaba éticamente. Lastimosamente a tal posición se le vieron las costuras cuando tocaba intervenir en las Balcanes (antigua Yugoslavia) en los ’90, para evitar los genocidios que ahí se cometieron.

En el caso de los países miembros del Grupo de Lima, lo que ocurre en Venezuela sí representa una amenaza palpable. Sin embargo, opciones de fuerza representan un desproporcionado costo para cualquiera de ellos, de proceder por su cuenta contra Maduro. Además, podría crearles problemas internos con movimientos populistas que simpatizan con el chavismo.

El “wild card” en esto es Donald Trump. Por razones electorales, puede verse tentado a derrocar a Maduro, a solas o liderando otras fuerzas, con o sin apoyo internacional, o simplemente ignorarlo.

2) El no desestimable problema de cómo estabilizar el país, una vez desplazadas las mafias del poder, y asegurar una transición, lo menos conflictiva posible, hacia su exitosa recuperación. El empoderamiento de bandas paramilitares, incluyendo a la guerrilla colombiana, y la anomia representada por su actuación a la libre, representan un serio desafío, posterior al desalojo de las mafias del poder político. Sin garantizar la seguridad interna, no habrá manera de darle paz a los venezolanos, ni existirá la confianza requerida para atraer las inversiones tan necesitadas. Asumir la responsabilidad del orden público post Maduro, no es nada atractivo para gobiernos amigos. Aunque, contra esto, habría que sopesar el alivio de eliminar un factor tan tóxico y perturbador en la región como el chavo-madurismo. Lo ideal sería una respuesta militar autóctona, que ofreciera un referente de autoridad para cimentar el orden interno. Pero, como ya se ha mencionado, la vergonzosa degeneración de los mandos militares venezolanos parece contrariar tal posibilidad.

Implicaciones para las fuerzas democráticas

De lo expuesto se desprende que la estrategia de las fuerzas democráticas debe dirigirse a hacer creíble y viable la posibilidad de sacar a Maduro del poder con una acción de fuerza –por cualquiera de las dos vías antes comentadas—, de manera de que se vea obligado a negociar su imperiosa salida. Esto es una tarea compleja. Implica convencer a las fuerzas capaces de ejecutar esta acción –la constelación de países amigos y/o los estamentos sanos de la FAN– que tal eventualidad es plausible. Para ello, es menester que las fuerzas democráticas procuren agotar, visiblemente, la búsqueda de acuerdos para que la dictadura acate el ordenamiento constitucional. Para muchos, tal posibilidad es ilusoria, dada la naturaleza fascista de Maduro y los suyos. Este escepticismo –o realismo, dirían los que sostienen esta posición–, puede tener mucho fundamento, pero hay que demostrar que ello es así, fehacientemente. No deben quedar dudas respecto a la negativa de las mafias a una salida pacífica, constitucional.

Si bien en el pasado reciente ha habido reiteradas evidencias de ello, nos enfrentamos, hoy, a dos oportunidades para ponerla decisivamente a prueba: las elecciones parlamentarias, y el enfrentamiento eficaz a la epidemia del COVID-19 y a la aguda crisis humanitaria que padece la población.

Las elecciones parlamentarias

Independientemente del objetivo principal por lograr la realización de elecciones presidenciales legítimas, que pongan fin a la usurpación, las elecciones parlamentarias constituyen un compromiso insoslayable. Son un mandato constitucional. Mal pueden las fuerzas democráticas argumentar que la farsa electoral de mayo, 2018 –con la que Maduro alega haberse reelegido– es inválida porque viola el ordenamiento constitucional, si no afirman, contundentemente, su disposición a concurrir a la elección de representantes parlamentarios para el período 2021-2026. Desde luego, debe realizarse en condiciones que permitan la efectiva manifestación de la voluntad popular. Ello es el centro del asunto. Para que sea así, es menester cumplir escrupulosamente con lo previsto en la constitución y las leyes respectivas. En tal sentido, la “prueba del ácido” que revelaría la verdadera disposición de la dictadura a regirse por la constitución y las leyes, es que reconociera:

1) Que el CNE debe conformarse conforme al artículo 296 de la Constitución, que establece que sus integrantes son nombrados por votación de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional;

2) Que no exista inhabilitación ilegal e ilegítima de candidatos;

3) Que se haga una auditoría completa y transparente del registro electoral;

4) Que se abra el período de inscripción de nuevos votantes, según los lapsos establecidos;

5) Que se inviten observadores internacionales que velen por el cumplimiento de las pautas electorales;

6) Que el gobierno abandone su conducta ventajista y que no haya intimidación de los votantes.

Pero el chavo-madurismo anuncia desde ya su disposición a trampear estos comicios para asegurar su triunfo. “Ni por las buenas ni por las malas” –Maduro dixit–, dejarán que gobierne Guaidó (o cualquier opositor auténtico). Alegando “omisión legislativa”, su tsj abyecto pasó por encima de la Constitución y designó un CNE controlado por exmagistrados chavistas. Suspendió las direcciones nacionales de AD y de PJ, y les nombró una “directiva ad hoc” a su medida. Les confiscó, asimismo, sus respectivas tarjetas electorales. Ahora ese tribunal írrito busca la manera de ilegalizar a Voluntad Popular, el partido de Guaidó, Leopoldo López y de otros dirigentes democráticos importantes. El chavo-madurismo busca, como sea, quitarle el sustento institucional de las fuerzas democráticas, trampeando las elecciones parlamentarias para que su representación ahí resulte claramente minoritaria. Sin control parlamentario, aspiran a hacer desaparecer el apoyo internacional a Guaidó. Esta disposición a torcer la voluntad popular se remacha abiertamente, al despachar groseramente las observaciones críticas de la Unión Europea sobre tal proceder, insistiendo en que estas elecciones, así amañadas, van. Una vez más, como cuando su fraudulenta “reelección, Maduro desafía a los mecanismos constitucionales existentes para que se exprese políticamente el pueblo. Ni siquiera se preocupa por aparentar su apego a ellas. ¡El país le pertenece y hace lo que le da la gana!

Como debe ser, esto se está denunciando contundentemente, con la constitución en la mano, ante la comunidad nacional e internacional. Debe ser eje de la estrategia electoral. Paralelamente, hay que retomar la designación del comité de postulaciones de la sociedad civil, y hacer las consultas respectivas a las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales para designar un CNE legítimo. Es menester que los órganos competentes a nivel internacional hagan suyos este proceder y que, de ninguna manera, se presten a la farsa preparada.

Ahora bien, de abrirse el chavo-madurismo a la posibilidad de avanzar en el entendimiento de aspectos cruciales para hacer confiables estas elecciones, habrá que buscar la manera –también, con apoyo internacional–, de ensanchar esta rendija, de manera de asegurar condiciones electorales, sino totalmente sanas, al menos aceptables. Es decir, la defensa de las condiciones electorales debe convertirse en factor de movilización y “moralización” de las fuerzas opositoras, y de concertación del apoyo internacional. Es necesario pasar a la ofensiva al respecto, y no quedarse meramente en lo reactivo frente a la agenda provocadora que quiere imponer el fascismo.

La cooperación en la contención del Covid-19

El acuerdo firmado entre el Dr. Julio Castro, en representación de la Asamblea Nacional, y Carlos Alvarado, ministro (madurista) de Salud, constituye el primer reconocimiento del chavo-madurismo, a la legitimidad y fundamentación constitucional de la Asamblea Nacional, dominada actualmente por las fuerzas democráticas. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Cuál es su significado? ¿Es, ¡por fin!, una señal de apertura? Difícil saberlo, más cuando ocurre en un marco político signado por las arbitrariedades antes referidas y por la represión incesante de opositores. Lo cierto es que todo logro que se alcance con este acuerdo –que habría que publicitar– representa una oportunidad para machacar la necesidad de un Gobierno (transitorio) de Unidad Nacional. Esta no debe ser desaprovechada. Fue pregonado por Juan Guaidó hace poco y avalado por EE.UU. Tal gobierno enfrentaría, con apoyo internacional, la crisis humanitaria del país y generaría espacios para buscar la convivencia y el entendimiento requerido para abordar los problemas más sentidos por la sociedad (servicios públicos, medicamentos, gasolina, etc.).

Es una oportunidad para resaltar, palpablemente, las ventajas de un gobierno que tome seriamente en cuenta necesidades puntuales de la población y contrastarlo con el actual, que responde exclusivamente a los intereses de las mafias. El acompañamiento de esta iniciativa (el enfrentamiento conjunto del Covid-19) con trabajo político entre las comunidades, deberá contribuir con una expectativa favorable al cambio político, en un corto plazo. Se estaría construyendo, desde la base, una alternativa que respondiese a los problemas más sentidos de la gente. Habría que hacerlo claramente visible. Sumaría razones para que la comunidad internacional entendiese mejor la necesidad de insistir en este Gobierno de Unidad Nacional, su único interlocutor confiable para los programas de ayuda y demás iniciativas dirigidas a aliviar las terribles penurias de los venezolanos. De pretender los fascistas boicotear estas posibilidades –está en su naturaleza—hay que denunciarlo fuertemente, a sabiendas que tendría resonancia entre los países amigos. Este trabajo apuntalaría las opciones democráticas frente a los comicios en ciernes, y haría mucho más clara la imperiosa necesidad de unas elecciones presidenciales legítimas, que pusieran fin a la usurpación y a la continuada destrucción de la República.

Consideraciones finales

Maduro, Cabello, Padrino, Reverol, los hermanitos Rodríguez y demás integrantes de su círculo estrecho de poder, han acabado, a conciencia, con el futuro de las nuevas generaciones, con un retiro (jubilación) digna para los mayores, con los ingresos de casi todos, con la salud y las alegrías de una gran mayoría y con la vida de un número no despreciable de sus compatriotas. Pero esto les resbala: son “daños colaterales” de imponer un proyecto –maquillado con una discursiva “revolucionaria”— dirigido a expoliar el país. Mientras estén en el poder, esta labor destructiva arreciará. Asimismo, Venezuela seguirá siendo un factor de desestabilización regional, como refugio de terroristas, asiento del narcotráfico y fuente de una emigración masiva, cada vez más depauperada y sin protección ante el Covid-19.

Las mafias han cerrado reiteradamente las puertas a toda posibilidad de cambio democrático, constitucional. Quieren asegurar su continuidad al mando. Su conducta deliberada en contra de la inmensa mayoría de los venezolanos ha ganado su desprecio. Salvo una rectificación a última hora que muy pocos esperan, no hay nada que buscar con ellos. La carga de la prueba de que su actitud será otra –no con negociaciones que no van a ningún lado o elecciones amañadas–, está de su parte.

Aunque suena antipático tener que decirlo, fui uno de los primeros en señalar la naturaleza fascista de Chávez y de su proyecto “bolivariano”[1]. Al no haber asumido que éste era su carácter, la oposición democrática fue llevada una y otra vez, respondiendo a promesas variadas, a callejones sin salida, con terribles costos, que terminaron apuntalando la dictadura. Para el fascismo, invirtiendo a Clausewitz, la política no es más que una guerra conducida por otros medios. La experiencia histórica señala que prefiere provocar una conflagración final, definitoria de la victoria, que negociar su abandono del poder.

No estamos frente a una situación como la vivida en Chile, que permitió el triunfo del plebiscito contra Pinochet. Éste, dictador sanguinario y ladrón, no fue fascista, estrictamente hablando. Contaba con el apoyo de las clases adineradas y de sectores conservadores del país. Una vez enrumbada la economía chilena a un crecimiento sostenido—después de la desastrosa crisis de 1982—buscó “legitimarse” ante la comunidad internacional y ante su propia población con ese plebiscito. Fue la propia institución militar la que lo conminó a reconocer su derrota. Es decir, había un marco institucional –si bien distorsionado y en parte corrupto— sobre el cual pudo respetarse la voluntad de cambio.

En la Venezuela de hoy, la situación es muy diferente. No hay institución militar (¿acaso quedan instituciones?), dada su corrosión por el ácido de la corrupción y de otros crímenes. Impera la anomia, que impone la voluntad del más fuerte (de menores escrúpulos). Se traduce en un coto de caza a la libre (Venezuela) para las mafias, abierto a su saqueo sin restricciones. Para su tranquilidad mental, disponen de una fabulación ideológica que excusa sus atropellos: ¡una “revolución”!. Ya no es el repudiado imaginario racista, sino las promesas de redención socialistas. Esto los blinda contra toda recriminación, independientemente de que pocos crean realmente los disparates profesados. Su función ha sido construir una burbuja ficticia, una realidad alterna, que los exime de rendir cuentas. Dentro de esta zona de confort, y con apoyo de complicidades internacionales –cubanos, iraníes, ELN, FARC, Rodríguez Zapatero y otros que están en su nómina—en absoluto van a negociar su salida del poder. No les preocupa ganarse el favor de los venezolanos o aparentar legitimidad ante la comunidad democrática mundial. Mientras tengan a su favor la fuerza, continuarán depredando al país, hasta destruirlo por completo. Como todo parásito, no pueden dejar de matar a su víctima: no les queda de otra, pues no saben hacer otra cosa que depredar.

El fascismo ha ubicado a esta contienda claramente como un combate decidido por la fuerza. Para los venezolanos, ha sido una lucha sumamente cruenta, con numerosas bajas y con la devastación de un país que alguna vez fue considerado entre los más prósperos de la región. Participar en las elecciones fraudulentas que prepara Maduro no es la opción “realista” en este escenario, por más que se insista en que ello permitirá desenmascarar las trampas y movilizar a la población. Difícilmente podrá activarse ésta en un escenario de fraude tan claramente cantado. Y será iluso creer que podrá concertarse una unidad sólida que aguijonee a los demócratas a una participación combativa, que arrincone a los fascistas. Cualquier convivencia con éstos será cómplice con continuada destrucción de Venezuela.

La existencia del chavo-madurismo frente al Estado ha demostrado su incompatibilidad con la nación venezolana. Por tanto, no debería estar ahí, no tiene razón de ser. Lamentablemente, ha insistido en que sólo responderá a razones de fuerza. A enfrentar esto está obligada, por ende, la oposición democrática. Paradójicamente, la única manera de concertar un arco de fuerzas que saque a Maduro y sus mafias del poder –nacionales y/o internacionales–, es agotando visiblemente las posibilidades de solución democrática, constitucional. Ojalá que la percepción clara de esta opción por parte de los fascistas permita abstenerse de su ejecución, para liberar a Venezuela.

Humberto García Larralde