Benigno Alarcón Deza 22 de junio de 2020
@benalarcon
El régimen tiene la urgente necesidad de terminar esta
batalla con la oposición, que se inicia con la juramentación de Guaidó como
presidente de la Asamblea Nacional y luego como Presidente Interino en enero de
2019. Para ello la renovación del parlamento que, por mandato constitucional,
toca este año, se presenta como la oportunidad ideal para finalizar con una
situación extremadamente incómoda y peligrosa mediante la neutralización
definitiva de un gobierno interino que, aunque no tiene control del territorio
ni de las instituciones del Estado, es reconocido por la casi totalidad del
mundo democrático y cuya existencia se fundamenta en el control de la Asamblea
Nacional por la oposición
Lo extraordinario no es lo que ocurre, sino lo que no
ocurre.
Mientras la vida del país continúa en medio de grandes
dificultades que, por no ser sobrevenidas, no nos sorprenden. Lo que si
termina sorprendiéndonos es el hecho de que lo más extraordinario no es lo que
ocurre, sino lo que no ocurre.
En este sentido, aunque la dinámica de los eventos
toma en ocasiones una velocidad vertiginosa en una especie de “tit for tat”, en
ocasiones difícil de digerir, analizar y comprender, el escenario cambia tan
solo en sus formas y en los medios utilizados por el régimen para avanzar en
sus objetivos, pero no en el fondo ni en la tendencia, cada vez más evidente,
hacia la autocratización definitiva del régimen.
Es así como el régimen, tras haber iniciado el año
tomando la ofensiva al tratar de desalojar a Guaidó de la presidencia de la
Asamblea Nacional e incluso del Palacio Federal Legislativo, mediante la burda
ejecución de una maniobra que debió haberse traducido en la votación por una
nueva directiva sin Guaidó, gracias a una operación de compra de votos entre diputados
que conocimos como la “Operación Alacrán”, Guaidó responde con una exitosa gira
internacional que reafirma su reconocimiento como Presidente interino para
regresar al país retomando las movilizaciones de calle que buscarían el “cese
de la usurpación”, a lo que el gobierno responde paralizando el juego, o más
bien todo el país, mediante una declaración prematura de la cuarentena “por la
COVID-19” (y por la reducción de inventarios de gasolina) desde el 13 de Marzo,
prohibiendo expresamente las reuniones públicas, desde el día siguiente al que
Guaidó convocó a una protesta para retomar la sede del Palacio Legislativo y
emprendiendo una ofensiva sin pausa, que toma especial impulso a partir de la
“Operación Gedeón”.
Mientras tanto, el país pareciera ignorar la gravedad
tanto de la situación política, como económica y social, sin reaccionar incluso
ante eventos que en otros momentos lograrían, al menos, hacer tambalear a un
gobierno, como es el caso del aumento de la gasolina que pasa de ser
prácticamente gratis a tener precios internacionales, agregando combustible
adicional al proceso hiperinflacionario. Esta situación de sumisión, en la que
cada quien pareciera mantenerse encapsulado en su propia vida, y ocupado en las
urgencias que el día a día imponen a la supervivencia, pareciera ser la única
respuesta que la población encuentra en medio de una percepción generalizada y
creciente de orfandad, impotencia y desesperanza, tal como ocurre en otros
regímenes autoritarios bien establecidos.
A esta situación de desamparo y supervivencia
contribuye la incertidumbre sobre el coronavirus, que tiende a agravarse, aún
en la opacidad de las cifras oficiales que reconocen la aceleración de su
crecimiento para colocar el número de casos al cierre de la semana pasada en
3.917. Esto ha implicado ir pasando de una tasa de crecimiento lineal a una que
ya comienza a lucir como exponencial, coincidiendo con el aumento de la
movilidad de las personas tras la llegada de la gasolina y la flexibilización
de la cuarentena, lo que, como decíamos en editoriales anteriores, ha hecho que
el coronavirus nos encuentre en la calle, en medio de una situación de presión
creciente en la que la mayoría de la población no puede extender por más tiempo
este período de improductividad.
Es así como comienza a hacerse evidente, cada día, una
especie de cubanización de la situación del país, en el sentido de que un
porcentaje creciente de la población comienza a optar por adaptarse para
sobrevivir, motivados por unas bajas expectativas de éxito y una
percepción de impotencia y derrota crecientes que les hace rendirse y
subordinarse al gobierno, no de manera voluntaria por su legitimidad, sino por
razones de fuerza. Sobre lo que llamamos cubanización, con el mayor respeto al
pueblo de Cuba, nos referimos a un efecto que ha sido documentado en varios
estudios y sobre lo cual Moíses Nahim hace recientemente una interesantes
entrevista a Anthony DePalma, profesor de periodismo de la Universidad de
Columbia, y que usted puede ver en https://www.youtube.com/watch?v=3LKh6tZw6dw&feature=youtu.be
Golpe electoral continuado
Tras la imposición de rectores electorales por el
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que se complementa con la otorgación de
competencias legislativas al Consejo Nacional Electoral para modificar, entre
otras cosas, el número de diputados que será elegido en la próxima elección que
tendrá lugar a finales de este año, se da un segundo golpe con la intervención
de los partidos Acción Democrática y Primero Justicia.
En el caso de Acción Democrática, la Sala
Constitucional del TSJ emitió durante la noche del lunes 15 de junio una
medida cautelar (sentencia N° 0071-2020) que suspende a su Dirección
Nacional y nombra una “mesa directiva” ad hoc a cargo
de Bernabé Gutiérrez, secretario general de organización de esa
tolda, agregando que “la Mesa Directiva ad hoc podrá utilizar
la tarjeta electoral, el logo, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro
concepto propio de la organización”. Es importante recordar que Bernabé
Gutiérrez es el hermano de uno de los nuevos rectores, José Luis Gutiérrez,
designado la semana pasada por el TSJ para formar parte de la nueva
directiva del Consejo Nacional Electoral, con el rechazo de la oposición,
incluída Acción Democrática.
Al día siguiente, el martes 16, la Sala
Constitucional del TSJ (sentencia N° 0072-2020) suspendió a la actual
junta directiva del partido Primero Justicia y nombró como coordinador
nacional de la tolda aurinegra al diputado José Brito para “conformar una
junta directiva ad hoc que podrá utilizar la tarjeta
electoral, el logo, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto
propio de la señalada organización con fines políticos”.
Continuando con esta dinámica contra los partidos de
la Unidad democrática, la Sala Constitucional del TSJ pasó a la Sala de
Casación Penal un recurso planteado por el fiscal general, Tarek William Saab,
para determinar si Voluntad Popular, el partido del Presidente Interino y de la
Asamblea Nacional, Juan Guaidó, es una organización terrorista.
Tales medidas contra estos partidos políticos de
oposición, que podrían extenderse a otros, buscan, evidentemente, expropiar sus
tarjetas y símbolos para utilizarlos en la próxima elección parlamentaria con
la intención de presentarla como pluripartidista y competitiva, para lo cual
cabe esperar que se otorguen algunas condiciones que no implicarían mayores
riesgos para el régimen en un escenario de alta abstención del lado opositor.
De esta forma el régimen liderado por Maduro avanza
hacia la elección parlamentaria de este año acompañado de una oposición
cooptada y diseñada a la medida de sus necesidades, en la que se incluirá la
participación de los partidos más importantes del país bajo el arbitraje de un
Consejo Nacional Electoral bajo su control y ahora con competencias
legislativas en el ámbito electoral.
Las dificultades para el Consejo Nacional Electoral
La irrupción abrupta del TSJ en el proceso, la manera
en que se hizo la designación, así como el perfil de los designados (ver editorial
de PolítiKaUCAB del lunes 15 de los corrientes), pone cuesta arriba el
reconocimiento de este nuevo Consejo Nacional Electoral, tal como se pone de
manifiesto en los comunicados emitidos por la Unión
Europea, los Estados
Unidos y el Grupo
Internacional de Contacto, entre otros. El desconocimiento de la legitimidad
del árbitro electoral acarreará como consecuencia, el cuestionamiento de sus
actuaciones, incluyendo las convocatorias a elecciones, las regulaciones
impuestas, la administración del proceso, e incluso sus resultados, lo cual
implica para el régimen un traspié importante en el intento por desplazar a la
oposición del Poder Legislativo y retomar su control de forma tal que sus
decisiones gocen de legitimidad.
A estas dificultades políticas, que echan por tierra
uno de los objetivos del régimen, retomar el control del Poder Legislativo de
manera tal que sus decisiones sean difíciles de desconocer tanto por actores
internos como externos, se suman otras dificultades derivadas de las
limitaciones de recursos materiales y humanos derivadas de la destrucción de
los equipos y materiales electorales en el incendio de los depósitos del
Consejo Nacional Electoral el pasado 7 de marzo, cuya resposición andaría en el
orden de los diez millones de dólares, aproximadamente; la deserción de
personal técnico y profesional que alcanza a casi un 70% de la nómina del
organismo electoral; además de los retos que implicará organizar una elección
considerando las dificultades que la pandemia de la COVID-19 podrían sumar.
Es así que, pese a lo expresado por uno de los nuevos
rectores, Rafael Simón Jiménez, quien ha sido el asesor de los partidos que han
estado negociando con el gobierno en la Mesa Nacional de Diálogo, en el sentido
que esta elección gozaría de las condiciones electorales negociadas, primero en
República Dominicana y luego en Barbados, vamos hacia una elección
parlamentaria de imposible legitimación, comenzando por el hecho de que las
condiciones negociadas comienzan con la violación de los mecanismos de
designación de los rectores que resultaron favorecidos.
Aunque es predecible que esta reconfiguración incial
de los partidos, impuesta desde el TSJ con la cooperación de quienes
conformarán las juntas directivas ad hoc, significará, en el mejor
de los casos, unos beneficios electorales marginales para quienes se han
plegado a la voluntad del régimen, no deben perderse de vista los peligros que
en el mediano y largo plazo esta decisión implicaría para la dirigencia
legítima de los partidos democráticos. En este sentido, es predecible que el
régimen tratará de ejercer coerción sobre el activismo político profesional de
estas organizaciones para que se plieguen a las decisiones de las nuevas
directivas y se mantengan trabajando en las bases organizativas de sus partidos
a cambio de recursos y oportunidades políticas en una clara estrategia de
clientelismo competitivo electoral.
“Una de las mayores causas de debilitamiento de la
oposición en buena parte de los autoritarismos competitivos se origina en
el hecho de encontrarse dividida y localizada geográficamente, a lo cual el
régimen suele contribuir estimulando una especie de clientelismo competitivo
por recursos y cuotas de poder a nivel regional y local a través de la
celebración, a veces con una frecuencia mayor a la de una democracia, de
elecciones a nivel sub-nacional (regionales, municipales, locales, etc.) en las
que los diferentes partidos, organizaciones e incluso actores individuales con
cierto nivel de legitimidad, y a veces sólo con ambiciones, se enfrentan para
ganar posiciones que les permitan el acceso a ciertos niveles limitados de
poder y recursos, lo que destruye los incentivos para la unidad y dificulta la
articulación entre las diferentes organizaciones para construir la capacidad
real y necesaria para ser capaz de competir a nivel nacional.” (Alarcón, 2014).
Hoy, aunque Venezuela ya no es un autoritarismo competitivo sino hegemónico,
las razones que imponen al régimen la necesidad de legitimarse electoralmente
hacen que lo afirmado en esta cita siga manteniendo vigencia.
Conclusiones
El régimen tiene la urgente necesidad de terminar esta
batalla con la oposición, que se inicia con la juramentación de Guaidó como
Presidente de la Asamblea Nacional y luego como Presidente Interino en enero de
2019. Para ello la renovación del parlamento que, por mandato constitucional,
toca este año, se presenta como la oportunidad ideal para finalizar con una
situación extremadamente incómoda y peligrosa mediante la neutralización
definitiva de un gobierno interino que, aunque no tiene control del territorio
ni de las instituciones del Estado, es reconocido por la casi totalidad del
mundo democrático y cuya existencia se fundamenta en el control de la Asamblea
Nacional por la oposición.
Aunque la designación de los nuevos rectores del
Consejo Nacional Electoral no permitirá el efecto legitimador que el régimen
continuará buscando mediante la concesión de condiciones, la administración
encabezada por Maduro difícilmente renunciará a la oportunidad de desplazar a
la oposición del legislativo y sustituirla por una élite política cooptada y
convenientemente colocada al frente de los partidos tradicionales, junto a sus
nuevos socios políticos de la Mesa Nacional de Diálogo, para conformar una
“nueva oposición” elegida por el mismo régimen.
La única estrategia de contención que podría detener
el avance autocrático del régimen a través de una elección cooptada y la
persecución y posible apresamiento del liderazgo democrático estaría en la
movilización interna y lo que la comunidad internacional sea capaz de hacer
para contener esta arremetida contra lo que queda del sector democrático. A
todo evento, este intento del gobierno por reconfigurar a la oposición,
mediante negociaciones y sentencias judiciales, luce poco prometedor desde el
punto de vista político y solo está logrando generar una alternativa electoral
evidentemente desdibujada que se confunde con los partidos del oficialismo, lo
que los condena a una existencia limitada a lo formal pero sin esencia política
ni legitimidad real para convencer y representar a una gran mayoría del país
que se opone al régimen y reclama un cambio político y verdaderamente
democrático.
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