Por Alfredo Infante
S.J.
La Iglesia ha venido
insistiendo reiteradamente que la solución a la crisis venezolana pasa por la
vía electoral. No es una creencia infundada. Lo muestra el aprendizaje
histórico de países como Chile, Polonia, Sudáfrica, entre otros. Sobre este
asunto hay mucha investigación, no es cuento, ni misión imposible.
Ahora bien, para que la
llamada Fuerza Democrática obtenga resultados favorables en unos eventuales
comicios, debe existir una unión estratégica interna que le permita recuperar
credibilidad ante la sociedad y que sirva como base para movilizar
electoralmente. El desafío más grande que tiene es, sobre todo, pasar de la
fragmentación y los revanchismos personalistas a la unidad estratégica y
convencerse, además, de que la vía electoral es la vía pacífica más adecuada y
no otro tipo de aventuras desesperadas. El descontento de casi un 90 % de la
población no garantiza triunfo si no existe un piso de confianza para
movilizar; y esa confianza se construye con hechos y propuestas creíbles.
Por ahora, mientras la
oposición es un ring de boxeo, el PSUV está engrasando la maquinaria del miedo,
el chantaje y el fraude para medirse en un posible escenario electoral, cuya
agenda y tiempo sólo conocen ellos; además, el régimen ha ido creando, vía
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una oposición a su medida, desmontando a
los partidos políticos emblemáticos y, con el mismo nombre, pero con militantes
focas, configurándolos a su imagen y semejanza.
Entonces, no esperemos
la oferta de elecciones competitivas de parte del régimen. El único camino es
la presión social y política por un CNE medianamente aceptable, la
organización-movilización para revertir las malas condiciones con avalancha de
voto y la organización política, para vigilar y defender los resultados.
En el campo social, el
régimen ha venido trabajando con el esquema del policía malo y el bueno. Por un
lado, se despliega un esquema de terror de Estado con persecución política,
prisión, tortura, cierres de medios de comunicación, ilegalización de partidos
políticos emblemáticos, entre otros. Basta con leer el informe Bachelet de
2019. Por otro lado, se va gestando una reorganización de las bases del PSUV,
que en medio de la pandemia han estado trabajando con eficacia en el control de
los negocios de comida, gas, agua, transporte, porque con el quiebre de los
servicios públicos todas las dimensiones de la vida se están «claptizando»,
creando mayor dependencia al partido del régimen, cuyos militantes van
controlando el acceso a los bienes básicos.
En la sala de tortura
llamada Venezuela, mientras el policía malo reprime y controla, el policía
bueno -cual lobo disfrazado de Caperucita- es el vecino que pide estar
organizado y apoyar al Clap y a la comuna para que llegue la bolsa de alimento,
el gas, el agua; eso sí, sin protestar porque «hay que ser agradecidos», como
repiten muchos con fuerte convicción ideológica. Esto está ocurriendo en
Caracas y Miranda, por lo menos. En el interior del país no es así; allí el
colapso es de tal magnitud que crece la tendencia a desvincular la vía
político-electoral como solución, generando despolitización del imaginario
social.
En los sectores
populares, las remesas habían generado autonomía y solvencia respecto al CLAP,
pero ahora con la recesión de remesas y el colapso de todos los servicios
públicos se han creado las condiciones para una mayor dependencia. Esto
significa que, en este tiempo de cuarentena, el Gobierno ha fortalecido sus
mecanismos de desmovilización social y política, tanto por la vía del miedo
como por la dependencia de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción
(Claps). Todo apunta, pues, a quebrar no solo a los partidos políticos de
oposición como fuerzas alternativas sino, también, a erosionar su maquinaria de
base y, aún más, profundizar el desencanto hacia ellos por parte de la mayoría
de la población.
El Gobierno está
preparando el terreno para unas elecciones parlamentarias que le confieran
legitimidad y mayor control de los poderes públicos, para desmontar -desde su
perspectiva- la presidencia interina de Juan Guaidó o cualquier otro ensayo
parecido, cuya legitimidad descansa en la Asamblea Nacional como institución.
Mientras tanto, la
oposición política sigue fragmentada, sin un antídoto contra el virus del
revanchismo, el personalismo y con la dificultad de acordar una solución
política, cediendo terreno a un régimen que ha decidido permanecer en el poder
contando con las Fuerzas Armadas y la maquinaria del partido, y a espaldas de
una mayoría descontenta, atomizada, empobrecida y desmovilizada, dedicada a
sobrevivir.
No está fácil el
escenario, pero es necesario apostar y abrir posibilidades. La violencia de la
pandemia obligó a un acuerdo en salud entre oposición y régimen; esperemos, que
la inminencia de los comicios lleve a la oposición a un acuerdo político
interno que se exprese en una unión estratégica, para no acabar con el poco
oxígeno que nos queda.
12-06-20
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