Por Piero Trepiccione
Revisando los datos que
recoge #MonitorObu, etiqueta que agrupa las
principales informaciones que se generan en Venezuela en relación al sector
académico, y sistematizadas por el Observatorio de Universidades, nos damos
cuenta en cuál estatus de prioridad están las universidades públicas del país.
Durante el ciclo marzo-mayo,
en pleno confinamiento por la pandemia, se registraron más de noventa
hechos delictivos en las diferentes sedes públicas del país. De estos, el 50%
fue denunciado por autoridades universitarias y el 30% por representantes
estudiantiles. A la par, se produjeron 61 comunicados de los centros de
educación superior. Y de estos, 54% por ciento se refirieron a pronunciamientos
en rechazo a los hechos delictivos.
Pero, para el periodo
comprendido entre noviembre 2019 y febrero 2020, ya #MonitorObu reflejaba
alrededor de 44 incidentes referidos a hurtos y robos a las instalaciones
universitarias. Es decir, toda una avalancha de acontecimientos que han
ido desarticulando la capacidad de servicio de las
universidades públicas del país. La gama de afectaciones por parte de la
delincuencia es extremadamente alta. Desde equipos de computación hasta
neumáticos de vehículos; pasando por aires acondicionados, cableado eléctrico,
baterías, material clave de investigación y todo lo que tenga algo de
valor. No se han salvado ni las bibliotecas que han sufrido también
daños irreversibles en casos tan emblemáticos como la de la Universidad de Oriente. Las fotos de este
hecho han recorrido el mundo para mostrar semejante acto de barbarie en pleno
siglo veintiuno.
La falta de presupuesto para
las universidades públicas no ha permitido contrataciones de vigilancia privada
para resguardar las instalaciones como corresponde por razones de autonomía.
Pero el cuidado que las autoridades policiales deben dar en los alrededores de
las mismas, brilla absolutamente por su ausencia. Vale decir que, desde el
Estado, la política dirigida al sector ha sido la de ir limitando
paulatinamente el margen de maniobra financiero para debilitar el liderazgo de
las universidades en su propia conducción.
Universidades: punta de
lanza para la recuperación
Resulta paradójico que,
ahora que el país va a requerir la experticia acumulada por décadas de sus
centros de educación superior, se los esté prácticamente dejando en la anomia.
Más allá de las disputas políticas e ideológicas, nuestras universidades
son extremadamente necesarias para la recuperación del país.
Según el Observatorio de
Universidades OBU, en sus estudios de condiciones de vida de 2018 y 2019, la
vocación y el deseo de servir al país desde allí, son los elementos esenciales
por los cuales nuestros docentes universitarios no se han ido mayoritariamente
del país, aun teniendo las enormes limitaciones financieras a las que han sido
sometidos durante los últimos años.
El país entero debe valorar
esto. El Estado venezolano tiene la gran responsabilidad histórica de apoyarse
en las grandes capacidades del sector universitario nacional para relanzar su
economía y su gobernabilidad. Para ello, sus políticas públicas orientadas al
sector deben ser claras, transparentes, justas y no sesgadas
ideológicamente. Talento universitario hay y en gran
cuantía. Aprovechémoslo más temprano que tarde en la recuperación del
país.
14-06-20
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