Carlos Tablante 10 de junio de 2020
La
Pandemocracia es el título del último libro del filósofo español Daniel
Innerarity, que nos invita a reflexionar sobre cómo la covid-19, en su cruel e
inédita expansión, sin ver fronteras, nos iguala a todos como víctimas directas
o indirectas.
En
algunas naciones la reacción a la pandemia ha fortalecido la gestión
transparente con control democrático y eficiencia. Sin embargo, en otros casos,
ha habido negacionismo en una apuesta al sálvese quien pueda, mientras que en
los sistemas autoritarios, se han reforzado la hegemonía, el control político y
el social.
Aunque
el autor en su ensayo se refiere a Israel, China y Hungría cuando usa el
término coronadictadura, yo voy a utilizarlo – por supuesto, sin comprometer a
Innerarity – en el caso de Venezuela, ratificando lo que algunos analistas
definen como el inventario de obviedades al caracterizar la tragedia que
padecemos los venezolanos, cuyo principal responsable es, sin duda, Nicolás
Maduro.
La
crisis humanitaria, que el régimen se negaba a reconocer y ha tratado de tapar
con la cuarentena, se agrava de manera exponencial al sumarse a la pérdida de
vidas por la violencia, el hambre, la falta de medicinas, agua, electricidad y
gasolina, ahora la certeza de la pandemia que, según la Sociedad Científica,
tendrá efectos devastadores.
El
informe de los académicos señala un subregistro de casos sintomáticos «que
fluctuaría entre el 63 % y el 95 %» hasta el pasado 23 de abril. Ese
subregistro pone en duda los datos oficiales publicados hasta ese momento por
el régimen, que cifraba en 440 las personas contagiadas en Venezuela y 10 las
fallecidas como consecuencia de la covid-19.
Advierten
los científicos venezolanos que el pico de la pandemia llegará entre junio y
septiembre, cuando podrían producirse entre 1.000 y 4.000 nuevos casos diarios,
con menos de 100 camas con ventiladores en las unidades de cuidados intensivos
de todo el territorio nacional.
A
esto se suma que la mitad de los hospitales no tiene servicio continuo de agua
ni de electricidad ni tampoco ambulancias y prácticamente no cuentan con
suficiente personal de enfermería ni especializado como internistas,
emergenciólogos, intensivistas, infectólogos, virólogos, neumonólogos ni
epidemiólogos.
Igualmente,
de acuerdo con el informe de situación publicado el 22 de mayo por la Oficina
de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, la inmensa mayoría
de las pruebas realizadas por el régimen han sido tests rápidos de sensibilidad
limitada. Solo un 2,3% corresponden a pruebas PCR, las consideradas más fiables
por la Organización Mundial de la Salud.
Además,
el régimen ha autorizado la realización de las pruebas diagnósticas solo al
Instituto Nacional de Higiene, ubicado en Caracas, lo que limita la capacidad
de detectar la penetración del virus en el resto del país.
El
hecho de no querer incorporar a clínicas privadas y universidades a la
realización de las pruebas pone en evidencia que lo que se persigue realmente
es el control de la información antes que el combate a la pandemia.
Según
los datos del Colegio Nacional de Periodistas, 18 comunicadores han sido
detenidos desde que Maduro decretó el estado de alarma por la pandemia del
coronavirus. A ellos se suman 3 médicos de los estados Aragua, Lara y Nueva
Esparta, solo hasta el mes de abril. Ya en el estado Zulia se evidencia el
desbordamiento en la atención a los enfermos en medio de las amenazas del
nefasto gobernador Omar Prieto contra el personal sanitario y los periodistas.
Igualmente, los académicos que publicaron el informe de la Sociedad Científica
también han sido objeto de amedrentamiento.
En
medio de esta compleja y urgente situación, y en defensa de la vida, la
comunidad internacional propició un acuerdo entre la Asamblea Nacional
representada por el doctor Julio Castro, como asesor en temas de salud del
parlamento que preside Juan Guaidó; por Carlos Alvarado, quien funge como
ministro de Salud del régimen y por Gerardo de Cosio en nombre de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS). Se abre así un espacio para que
los expertos coordinen y planifiquen las acciones que se requieren para evitar
el contagio masivo del virus y por lo tanto más muertes.
La
OPS debería crear una mesa de trabajo con representantes de las academias de
ciencias y demás expertos (virólogos y epidemiólogos) que puedan aportar sus
conocimientos para un manejo óptimo de los recursos. Hay que superar las trabas
burocráticas y políticas de la OPS creando mecanismos expeditos propios de una
emergencia a los fines de agilizar la procura de los insumos con la urgencia
del caso.
Sería
simplista y un error que el acuerdo fuera solo para la aprobación de recursos.
La procura de los insumos debe hacerse de manera transparente y de acuerdo a la
información epidemiológica del comportamiento del covid-19 atendiendo a los
datos científicos y no a la manipulación que busca el aumento del control
social con fines autocráticos.
Los
equipos para proteger al personal sanitario y para atender a los enfermos deben
llegar directamente a los directores de los hospitales, públicos y privados,
sin pasar por el filtro ilícito del PSUV.
Es
evidente que estamos ante una gravísima emergencia.
Como
hemos sostenido, la propuesta del Gobierno de Emergencia Nacional es hoy más
necesaria que nunca. A través de un Consejo de Estado, integrado por todos los
sectores políticos y sociales, se asumiría el liderazgo y la gestión pública
para atender la emergencia humanitaria e institucional agravada por la
pandemia, así como la realización de elecciones libres, como primer paso en la
transición hacia la democracia.
Por
ello es indispensable que la designación del CNE, el árbitro de las elecciones,
sea producto del acuerdo y la negociación.
La
palabra virus en Latín significa veneno.
¡Basta
ya!
No
podemos dejar que el virus del odio continúe destruyendo y matando a un pueblo,
desconociendo de ese modo los enormes esfuerzos que sigue haciendo la comunidad
internacional a fin de encontrar una salida pacífica, democrática y
constitucional para salvar a Venezuela.
Carlos
Tablante
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