EFE 01 de septiembre de 2020
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La
población migrante venezolana que llega a Colombia para escapar de la crisis en
su país también es víctima de las masacres como las que en las últimas semanas
dejan un total de 43 muertos, varios de ellos menores de edad.
Al
menos cuatro de esas víctimas mortales eran de nacionalidad venezolana: tres
fueron asesinados en el departamento de Arauca y uno en Norte de Santander,
ambos fronterizos con los estados de Apure y Táchira, respectivamente.
“Hay
una invisibilización de cómo las personas migrantes venezolanas están siendo
también víctimas dentro de Colombia en el marco del conflicto armado”, dijo a
Efe Irene Cabrera, docente investigadora de la Facultad de Finanzas, Gobierno y
Relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia.
En
la matanza en Arauca, en la cual fueron asesinados cinco hombres el 21 de
agosto en el caserío de El Caracol, situado en la línea de frontera, las
víctimas venezolanas fueron Carlos Eduardo Sandón Galindez, de 24 años; Yerson
Gabriel Zapata, de 37, y Ángel Abel Briceño Araque de 23, según medios de la región.
Las
otras dos víctimas fueron sepultadas en el cementerio de la ciudad de Arauca ya
que no se les pudo identificar ni se presentaron familiares a reclamar los
cadáveres, por lo que se cree que también son venezolanos.
En la masacre perpetrada cinco días después en
cercanías de Capitanlargo, en el municipio de Ábrego, en Norte de Santander,
fueron asesinados el venezolano Johangel Contreras y los colombianos Gabriel
García y Wilmar Carreño, y sus cadáveres dejados apilados en una carretera.
Presiones de economías criminales
Cabrera, que es especialista en temas de seguridad y
conflicto armado, señala que en los departamentos de Arauca y Norte de
Santander, donde ocurrieron estas matanzas, además de ser fronterizos, hay una
fuerte actividad de “economías criminales” vinculadas principalmente al
narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.
Esos fenómenos se dan también en Nariño, departamento
limítrofe con Ecuador, donde en las últimas semanas también fueron perpetradas
tres masacres en las localidades de Samaniego, Ricaurte y La Guayacana
(Tumaco), que dejaron 17 personas muertas.
“Nariño y Norte de Santander son los principales polos
de producción de hoja de coca, el Gobierno debe reforzar su atención a lo que
está pasando allí y ver cómo se está dando la utilización de estas personas,
los migrantes, para economías criminales y cómo también son víctimas de
vulneración a sus derechos”, manifestó.
Esos departamentos tienen en común, además de su
condición de fronterizos, el que en ellos operan grupos de disidentes de las
FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas
criminales.
En los últimos años se establecieron en Colombia más
de 1,7 millones de venezolanos que dejaron su país para escapar de la crisis
política, económica y social, aunque unos 100.000 de ellos retornaron en los
últimos meses forzados por la paralización causada por la pandemia del
coronavirus.
Reclutamiento de grupos armados
La experta añadió que los migrantes “no solamente son
víctimas de homicidios, como lo que ocurrió en la frontera con Venezuela, sino
que también son víctimas de reclutamiento, incluso de extorsiones y de
secuestros”.
Las autoridades colombianas no tienen una cifra de
cuántos venezolanos han perdido la vida en masacres perpetradas en el país
desde 2017, cuando comenzó la ola migratoria, pero según datos del Instituto de
Medicina Legal (IML), desde entonces y hasta el pasado 30 de junio, 1.928 de
ellos fueron víctimas de homicidio.
De ese total, 1.749 eran hombres y 179 mujeres,
muestran las estadísticas del IML que contabiliza en total 3.993 migrantes
venezolanos que han fallecido en Colombia desde 2017, cuenta que incluye
también muerte natural, accidentes y suicidios.
Cabrera advierte que además “hay un aumento de
registro de personas venezolanas en el país que son víctimas de trata para
fines de exploración sexual, para fines de explotación laboral, para
reclutamiento”.
Grupos armados como el ELN y bandas de
narcotraficantes se aprovechan del desespero de muchos inmigrantes venezolanos
y de la falta de oportunidades para enrolarlos en sus filas con la promesa de
una paga.
“Tenemos que reconocer que estos millones de
venezolanos que están en el país también pueden llegar a ser objeto de
diferentes tipos de violencia en el marco del conflicto armado o por fuera de
él”, agregó la experta, quien dijo que “el Estado debe garantizar la seguridad
de todos los habitantes sin importar si son colombianos o no” porque al final
son “víctimas de conflicto colombiano”.
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