Por Jesús Alexis González,
13/09/2013
Resulta
muy común asociar el concepto de Políticas Públicas (P.P.) con las acciones de
gobierno al asumir erróneamente que todo lo público es exclusivo del campo
gubernamental; siendo que realmente no
toda acción del Estado y del gobierno es una P.P. ni son los únicos que pueden
definirla y ejecutarlas. En tal sentido, las P.P. son finalidades del
gobierno en aras de resolver problemas considerados como públicos enmarcados en
programas de gobierno a la luz de un Plan de Desarrollo. Es de resaltar que el
“conjunto de problemas” seleccionado por el gobierno para darle la condición de
P.P. depende fundamentalmente de la naturaleza
del régimen político y de la capacidad de movilización de la sociedad, en el entendido que son el medio que
facilita la interacción orgánica entre
el Estado y la sociedad civil.
El
desencanto con la democracia está muy asociado con la calidad de respuesta a
las demandas sociales, es decir por una
crisis de P.P. habida cuenta que los Planes de Desarrollo (con sus
programas y proyectos) usualmente sólo contienen lineamientos generales de P.P.
aisladas de un norte planificador, hecho que denota marcada imperfección en las
relaciones entre el Estado y la sociedad ante la evidente falta de coordinación
con otros actores (públicos y privados), lo cual dificulta la fase de
formulación e instrumentación de las decisiones de gobierno en aras de corregir desajustes sociales al
quebrarse los procesos de mediación
política y social propiciando un soslayamiento de la participación
ciudadana que se intenta sustituir por un marco jurídico que genera leyes pretendiendo generar políticas
obviando, por una parte, el carácter público de las políticas (intervención de
actores diferentes al gubernamental) y por la otra el impulso que confiere la
participación ciudadana (formulación de P.P.) a la consolidación de la democracia. Compartimos la tesis según la cual
la unidad básica para la materialización
de las P.P. son los municipios ya que las
pueden ejecutar desde las características particulares de las
problemática que presentan, haciendo posible la generación de espacios de diálogo para la toma de
decisiones de forma más horizontal en el contexto de una democracia
participativa.
En lo
especifico de una P.P. económica, su
estructura responde a políticas macro definidas a lo largo del tiempo tales
como la fiscal, monetaria, cambiaria—entre otras—que sólo requieren de ajustes marginales en un todo de acuerdo
con las circunstancias; con una clara
separación entre el ámbito económico y el político distinguiendo “el énfasis
técnico-económico de política económica” y “el énfasis socio-político”, tal y
como recuerda la siguiente cita: “(….) no hay problema técnico de cómo dar fin a
la inflación. Los verdaderos obstáculos son de orden político, no técnico”. De
igual modo, la puesta en marcha de un Plan de Desarrollo implica la existencia
de una agenda gubernamental elaborada
con insumos del sistema político con la lógica de P.P. vinculando lo económico,
el desarrollo, la población y la fuerza de trabajo como base de la actividad
económica en función de producir bienes y servicios; en el entendido que el tamaño de la democracia se corresponde
con el tamaño de la participación ciudadana. En fin, podemos inferir que
los ciudadanos aspiran un gobierno de
resultados obtenidos mediante Políticas Públicas de relevancia propias de
un sistema democrático, no credos
ideologizante, ni doctrinarios característicos de sistemas totalitarios.
Econ. Jesús Alexis González
@jagp611
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