A principios del
año 2010 los habitantes de Valencia, estado Carabobo, comenzaron a sufrir
problemas con las aguas blancas. El vital líquido llegaba contaminado: en
ocasiones de color negro producto de desechos o tierra, otras veces era
blanco producto de un exceso de cloro. En definitiva, el agua no era apta para
el consumo humano y producía problemas en la piel, así como evaporación de los
gases del cloro cuando las personas usaban el agua caliente.
La Hidrológica del
Centro es la institución pública responsable del agua en la región. Esta
institución está obligada a publicar estadísticas periódicas sobre la calidad
del agua de acuerdo con la Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de
Agua Potable y de Saneamiento en su artículo 66.
En vista de esto,
un grupo de ciudadanos emprendió una petición de información al ingeniero
Manuel Fernández, presidente del organismo, para conocer lo referente a los 52
parámetros fisicoquímicos, bacteriológicos, organolépticos y radioactivos que
las normas sanitarias definen debe cumplir un agua en todo momento para ser
calificada potable. Ante la falta de respuesta de este funcionario, se acudió
al viceministro del Agua, Cristóbal Francisco Ortiz y al Ministro del Poder
Popular para el Ambiente, Alejandro Hitcher, quien igualmente se mantuvo en
silencio.
Debido a la falta
de respuesta los ciudadanos acudieron al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ),
ejerciendo una acción de amparo constitucional por la violación al derecho de
obtener oportuna y adecuada respuesta a una petición de información pública.
Sin embargo, aunque
la solicitud de información no fue respondida formalmente, esta movilización
ciudadana llevó a conformar el “Movimiento por la Calidad del Agua” un grupo de
la sociedad civil organizada quienes hacen contraloría social permanente. Este
movimiento ha hecho importantes estudios para demostrar que el agua que se consume
en Valencia no es potable, y ha logrado hacer acciones para presionar a las
autoridades responsables en este sentido.
Luego de 11 años de
promulgada la Ley, en los cuales no se había publicado la información
relacionada con los valores de calidad del agua, los entes responsables
comenzaron a publicar algunos de esos datos gracias a esta presión pública. Una
mayor participación ciudadana y exigencia de derechos es necesaria para que los
entes públicos realicen su trabajo de una mejor manera.
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