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viernes, 29 de mayo de 2015

Valencianos exigen agua potable, por el @Pueblo_Pregunta



A principios del año 2010 los habitantes de Valencia, estado Carabobo, comenzaron a sufrir problemas con las aguas blancas. El vital líquido llegaba contaminado: en ocasiones de color negro producto de desechos o tierra, otras veces era blanco producto de un exceso de cloro. En definitiva, el agua no era apta para el consumo humano y producía problemas en la piel, así como evaporación de los gases del cloro cuando las personas usaban el agua caliente.

La Hidrológica del Centro es la institución pública responsable del agua en la región. Esta institución está obligada a publicar estadísticas periódicas sobre la calidad del agua de acuerdo con la Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento en su artículo 66.

En vista de esto, un grupo de ciudadanos emprendió una petición de información al ingeniero Manuel Fernández, presidente del organismo, para conocer lo referente a los 52 parámetros fisicoquímicos, bacteriológicos, organolépticos y radioactivos que las normas sanitarias definen debe cumplir un agua en todo momento para ser calificada potable. Ante la falta de respuesta de este funcionario, se acudió al viceministro del Agua, Cristóbal Francisco Ortiz y al Ministro del Poder Popular para el Ambiente, Alejandro Hitcher, quien igualmente se mantuvo en silencio.


Debido a la falta de respuesta los ciudadanos acudieron al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ejerciendo una acción de amparo constitucional por la violación al derecho de obtener oportuna y adecuada respuesta a una petición de información pública.

Sin embargo, aunque la solicitud de información no fue respondida formalmente, esta movilización ciudadana llevó a conformar el “Movimiento por la Calidad del Agua” un grupo de la sociedad civil organizada quienes hacen contraloría social permanente. Este movimiento ha hecho importantes estudios para demostrar que el agua que se consume en Valencia no es potable, y ha logrado hacer acciones para presionar a las autoridades responsables en este sentido.

Luego de 11 años de promulgada la Ley, en los cuales no se había publicado la información relacionada con los valores de calidad del agua, los entes responsables comenzaron a publicar algunos de esos datos gracias a esta presión pública. Una mayor participación ciudadana y exigencia de derechos es necesaria para que los entes públicos realicen su trabajo de una mejor manera.


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