ANTONIO MARÍA DELGADO 21 de julio de 2015
En una
clara manifestación de su alarmante impopularidad, el régimen de Nicolás Maduro
enfrenta grandes problemas para movilizar a sus bases, y menos de un millón de
personas votaron en las primarias del oficialista PSUV para las elecciones
parlamentarias de diciembre pese a reiteradas amenazas lanzadas contra
empleados públicos de que la abstención podría costarles sus puestos, dijeron
fuentes cercanas a la situación.
La
escasa participación es una de las principales razones por las que el régimen
procedió a inhabilitar las candidaturas de algunos de los más populares
dirigentes de la oposición y a buscar desmoralizar a sus oponentes de cara a
unas elecciones que no puede darse el lujo de perder.
Según
las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, el número real de
votantes de las primarias del 28 de junio fue mucho menos de un tercio de los
3.16 millones que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) anunció
oficialmente, situación que genera gran preocupación en la cúpula del chavismo.
“Lo
que quedó claro de las primarias es que fueron un fracaso total y absoluto.
Metieron mucha intimidación a los funcionarios públicos para que fueran a
votar, y la gente no les fue”, dijo una de las fuentes.
“Estos
son funcionarios públicos, inscritos en el PSUV, que no fueron a votar. Les
amenazaron con: ‘si no vas, te boto’ y no fueron. No les dio la gana, en total
rebeldía”, añadió la fuente.
Y no
fueron a votar pese a que el propio Maduro reiteró públicamente, aunque de una
manera más velada, las amenazas que muchos de los empleados públicos estaban
recibiendo en sus puestos de trabajo.
“Sí
vamos a tener acceso. Sí vamos a ejercer nuestro derecho. Está quedando el
registro electoral de todos los que votan en estos procesos, sabemos quién vota
y quién no”, dijo Maduro en vista de la escasa participación.
El
régimen, que desde hace años hace seguimiento de quiénes son sus amigos y
quienes le adversan, ha generado en el país una especie de apartheid económico,
en el que los opositores están excluidos de recibir los servicios y beneficios
sociales que otorga a sus seguidores.
En
esta ocasión, sin embargo, el gobierno optó por no castigar a los empleados
públicos que no salieron a votar durante las primarias.
“Eran
demasiados. Eran casi todos”, dijo una de las fuentes, al resaltar que poco más
de un 10 por ciento de los más de siete millones de militantes del PSUV
participó en los comicios y quizás un 20 por ciento del total de votos que el
chavismo obtuvo en las elecciones parlamentarias del 2010.
“Eso
generó un debate interno, una gran discusión en la cúpula. El debate era entre:
‘Si no los botamos perdemos autoridad’ y ‘Si los botamos, ahí si que perdemos
el voto en diciembre’”.
Al
final no tomaron represalias, al menos no masivamente, pero el régimen tomó
nota de que la abstención es un problema mucho mayor de lo que se temía
inicialmente en medio de la aguda crisis económica por la que atraviesa el país
y una popularidad de Maduro que ronda el orden del 15 por ciento.
Analistas
consultados dijeron que ante la escasa participación de sus bases el régimen ha
optado por incrementar sus esfuerzos por desmotivar el voto opositor,
implementando una serie de medidas como la arbitraria inhabilitación de algunas
de sus candidaturas clave.
“Están
tratando de enviarle un mensaje al país de que no importa lo que la oposición
haga, que son ellos (el chavismo) los que controlan el aparato electoral y que
no hay manera de que ellos (los opositores) vayan a ganar”, comentó desde
Londres Diego Moya, analista para América Latina de IHS Global Insight/IHS
Jane's.
“Los
números de ellos están muy bajos, y es por eso que están fomentando la
antipolítica”, agregó.
En lo
que muestra una vez más el control que ejerce sobre el poder judicial y el
Consejo Nacional Electoral, el régimen procedió a inhabilitar de funciones
públicas a dirigentes clave de la oposición, incluyendo al ex gobernador de
Zulia, Pablo Pérez, al ex alcalde Enzo Scarano, al encarcelado ex alcalde
Daniel Ceballos, y a la congresista María Corina Machado.
Para
los expertos, esas y otras medidas, como el anuncio a último minuto de que el
40 por ciento de los candidatos de la oposición deben ser mujeres, son
inconstitucionales.
“Aquí
ya no se cuidan las formas, aquí lo que se ha buscado es simplemente establecer
un proceso revolucionario, que son fuentes distintas a la constitucionalidad,
fuentes distintas a la legitimidad”, advirtió desde Caracas el abogado
constitucionalista Leonardo Palacios.
El que
Maduro aplique estas medidas no genera gran sorpresa entre la comunidad
internacional, que ya conoce bien las tácticas ventajistas y amañadas bajo la
cual la oposición se ve obligada a competir.
Son
condiciones que en el pasado han dejado serias dudas sobre los resultados
electorales en Venezuela.
Y
ahora que la popularidad de Maduro está por el piso, no sorprende que el
régimen redoble el uso de medidas arbitrarias que atentan contra la
transparencia de los comicios, dijo desde Buenos Aires, Gillermo Lousteau
Heguy, integrante del consejo del Instituto Interamericano para la Democracia.
“Era
bastante predecible que sucediera esto, y Maduro va seguir haciéndolo”, dijo
Lousteau. “Para él va a ser muy complicado ganar la elección, y va a utilizar
todas las artimañas que tenga a mano para que estas elecciones sean amañadas,
ya sea inhabilitar a los candidatos, o perseguirlos”.
Pero
las artimañas juegan en contra del objetivo central que el régimen busca con
las elecciones, la legitimación.
“Ellos
creen que habiendo elecciones, al día siguiente ya están legitimados, y que
nadie se da cuenta de las cosas que ellos hacen antes de las elecciones, el uso
de los fondos públicos, la inhabilitación, la persecución y que nadie se da
cuenta de eso”.
En eso
están equivocados, dijo Lousteau, al asegurar que cada vez hay menos pasividad
internacional respecto a lo que ocurre en Venezuela.
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