Por Alberto Puente,
02/07/2015
Para los expertos
en materia internacional Sadio Garavini y Edmundo González, el Gobierno de la
República Bolivariana de Venezuela ha manejado temas de tanta complejidad como
los relativos a la delimitación con Guyana y Colombia, con fines coyunturales, principalmente,
de carácter electoral, restándoles la seriedad, responsabilidad y prudencia que
requieren.
Para Garavini,
quien fuera embajador del país, además de en Suecia y Guatemala, precisamente,
en la antigua colonia inglesa, lo que ocurre con Guyana es producto de años de
olvido en la defensa de los derechos en el territorio del Esequibo, peor aún,
en el resguardo de las garantías nacionales en la fachada atlántica del estado
Delta Amacuro, no sujetos a reclamación o negociación algunas.
“Desde el año 2009,
Guyana afirma unilateralmente cuál es su plataforma continental y su zona
económica exclusiva, y traza líneas que nos cercenan centenares de miles de
kilómetros cuadrados ricos en hidrocarburos y en pesca; además, le cierra a
Venezuela la salida libre, autónoma, al Atlántico porque su línea se cruza con
la delimitación que se tiene con Trinidad y Tobago”, afirmó.
Doctor en ciencias
políticas con estudios en las universidades de Roma y Harvard, junto con la
Central de Venezuela, Garavini tilda de “falta de claridad, tímida y con
evidente oscilación” la postura oficial del Ejecutivo Nacional en relación a su
contraparte de Georgetown. Considera que el reciente decreto 1787, revela un
pronunciamiento más propio de la Fuerza Armada que del Gobierno ‘per se’, al
fijar nuestras fachadas, tanto la caribeña como la atlántica, en base a Zonas
Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular.
“La que está al
lado atlántico tiene una línea al este, la más oriental, que no solo abarca la
zona en reclamación, lo cual sería normal, sino que abarca también áreas que
son claramente guyanesas, que también podría explicarse, precisamente, diciendo
un poco ‘lo que es igual no es trampa’: como ellos se metieron a dar
concesiones petroleras en perímetros que son venezolanos, nosotros también
trazamos una línea para luego ir a negociar. No: la línea ‘se pasó de maraca’,
como diríamos popularmente, y se metió más allá en aguas de Surinam y en aguas
de Guayana Francesa, inclusive, violando un arbitraje de la Corte Internacional
de Justicia que delimita la frontera marítima en Guyana y Surinam”, explicó.
El declarante
señala que luego de la emisión del decreto hubo una reimpresión en Gaceta
Oficial, advirtiendo de fallas en la publicación original, la cual asevera que
“que esas líneas serán solo definitivas después de que se termine el proceso de
negociación previsto en el Acuerdo de Ginebra de 1966, que constituye el marco
jurídico de la negociación entre Venezuela y Guyana”.
“¿Qué significa
eso? Los que hicieron el decreto – en el ministerio de Defensa – no tuvieron
comunicación con la Cancillería o con los sectores diplomáticos. Ahí se nota
una diferencia en el establishment del gobierno venezolano. La titular de
Relaciones Exteriores, tratando de bajar el tono, dice que quiere una reunión
con su homólogo guyanés, Carl Greenidge, para seguir en el proceso de
negociación y acusa a la compañía petrolera Exxon Mobil, que tiene la concesión
en el bloque Stabroek, que abarca tanto aguas guyanesas, zona en reclamación y
aguas venezolanas, y trata de hacer ver que el problema no es Guyana sino con
la Exxon y por detrás, entonces, el Imperio”, indica Garavini
“Evidentemente, eso
es una simple tergiversación por razones políticas porque se les olvida decir
que el 35 % de la concesión la tiene la China National Offshore Oil Corporation
(CNOOC) -, que a diferencia de la Exxon, privada, es una compañía china con 100
% capital estatal, y, para más señas, socia de PDVSA en la Faja Petrolífera del
Orinoco y en el Proyecto Mariscal Sucre de gas. Entonces, ¿cómo es la cosa?
Atacas a Exxon pero te olvidas que el socio es el Gobierno de Beijing”, se
pregunta el embajador Sadio Garavini.
Es la Carta Magna la que fija las líneas maestras
Por su parte,
Edmundo González, antiguo titular de la legación venezolana en Argentina y
Argelia, la política exterior que se construyó durante 40 años de regímenes
democráticos emanaba de la propia Constitución Nacional.
“En la Carta Magna
estaban señalados las lineamientos que incluían la promoción del interés
nacional, la defensa de la integridad territorial, la no intervención, la
solución pacífica de los conflictos internacionales, la promoción de la
democracia, el respeto por los derechos humanos y la promoción de la
integración regional, por citar algunos aspectos fundamentales. Los asuntos
fronterizos, como parte de la estrategia internacional, se inscribían como
política de Estado”, manifestó el analista, denunciando la ausencia
institucional que prevalece en una materia tan delicada, apuntalado, entre
otras anomalías, por el “desmantelamiento de la Cancillería”
“Aquí lo que se
debe criticar es la irresponsabilidad de un gobierno que por 16 años ha
descuidado y desatendido el tema fronterizo, en especial, al oriente del país.
Cabe preguntarse, ¿qué pasó con el Consejo Nacional de Fronteras, en el cual se
discutían las políticas de Estado en la materia? ¿Qué pasó con la Comisión
Asesora de Relaciones Exteriores, un espacio para el abordaje y tratamiento de
las líneas maestras de la política exterior de la República?, enfatizó.
“Se debe cuestionar
el inocultable sesgo militarista del decreto que pretende convertir esos
espacios en zonas militares y de defensa integral. Es una burda manipulación
señalar que la responsable es la empresa Exxon Mobil. Nuestro reclamo es con el
Gobierno que otorgó esa concesión y con las autoridades venezolanas que
mantuvieron silencio por muchos años”, dijo el especialista Edmundo González.
No se sabe qué es mejor: si el silencio o la alharaca
Al abordar a las recientes
y reiteradas postergaciones de la intervención presidencial ante la Asamblea
Nacional para referirse al asunto de Guyana – actualmente, ‘sine die’, es
decir, sin fecha -, Sadio Garavini Di Turno, dice que en la cúpula de la
Administración que rige a Venezuela no hay una posición única. “Del Directorio
del proceso – sabemos que no es solamente el presidente Nicolás Maduro el que
decide, tiene a su lado a Diosdado Cabello, pero no bastan ellos dos, sino que
hay cuatro o cinco personeros más – se nota que no hay acuerdo sobre qué hacer
con este tema y por eso no se concreta el discurso”.
“Algunos,
probablemente, están pensando en utilizar el tema del Esequibo para fomentar un
nacionalismo para, quizás, ganar unos puntos en esta baja de popularidad tan
grave que ha recibido en las encuestas el Gobierno durante los últimos meses
por el desastre socioeconómico que padecemos todos los venezolanos; y,
entonces, tratan de ver si distraen la atención pública del aumento del costo
de la vida, de la inseguridad, del desempleo, de la escasez, con esta materia
de tinte patriotero. Pero en el mismo Directorio hay gente que se siente
inhibida frente a eso porque piensan que están traicionando el legado del
‘comandante eterno’, porque es, precisamente lo que Guyana está diciendo en su
prensa, que Maduro, por razones estrictamente de debilidad electoral, está
traicionando la herencia de Hugo Chávez, quien había, literalmente, abandonado
el tema para tener las mejores relaciones con Guyana y con el CARICOM, que
significan 15 votos en la OEA”, destacó Garavini.
El autor de varios
libros en geopolítica y articulista reitera falta de seriedad absoluta
demostrada por el régimen. “Guyana ha tenido un solo negociador, todos estos
años, a tiempo completo; en cambio, el negociador por Venezuela, que es Roy
Chaderton, tiene cuatro cargos más: es embajador en la OEA, representante de
Venezuela en las negociaciones entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de
las FARC, miembro del Consejo de Estado y diputado principal al Parlatino.
¿Cuándo se puede ocupar de un tema tan complejo como lo es el de Guyana?, que
implica hacer lobby, equivalente a emprender acciones con el secretario general
de las Naciones Unidas, hablar con los miembros del CARICOM, con la comunidad
internacional explicando nuestra situación.- Todo eso es imposible si uno tiene
cinco cargos”, opinó el analista, agregando, por otra parte, como prioridad, la
obligación de la Armada venezolana de continuar con el patrullaje tradicional
realizado durante más de 50 años.
Garavini entiende
que, en este momento, se presenta una oportunidad que no hay que perderla de
vista: el ‘status quo’ de Guyana, que por todos estos años, ha mantenido la
posesión del territorio, no así la soberanía definida, en una situación en la
cual era Venezuela la que tenía que estar siempre interesada en presionar para
la negociación.
“Los últimos
acontecimientos con el descubrimiento real de petróleo por parte de la Exxon
Mobil y de su socia china crean las condiciones para que Guyana sea, por primera
vez, la interesada en terminar de definir la delimitación, lo cual significaría
ir adelante en el proceso de negociación – el Acuerdo de Guyana establece pasos
como, después de los buenos oficios, mediación y conciliación –, es decir, el
secretario general de la ONU debe escoger uno de los mecanismos de solución
pacífica previstos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas.
Venezuela debe nombrar un negociador a tiempo completo, con un grupo de
asistentes que lo ayude y un consejo asesor de expertos, designados por su
conocimiento técnico y no por razones políticas o ideológicas, para que
reinicie, reactive el proceso de reclamación con Guyana”, dictaminó el
embajador Sadio Garavini, descartando, de plano, cualquier alternativa militar.
“En ese caso, sería
un Estado más grande contra un pequeño Estado caribeño, pero miembro del
Commonwealth, del CARICOM, y del Movimiento Afroasiático, por lo cual habría
una reacción absolutamente negativa. No creo que se llegue a eso, pero sí
utilizarlo en función de una alharaca nacionalista”, señaló Garavini,
recordando lo que ocurrió con los generales argentinos en la Guerra de las
Malvinas.
Café amargo para sentarse a discutir lo de Colombia
El decreto 1787
toca también la delimitación de áreas marinas y submarinas con la nación
neogranadina al fijar límites que, según Sadio Garavini, “son nuestra máxima
aspiración en la negociación que desde 1970 mantiene el Estado venezolano con
ese país, es decir, la prolongación de la frontera terrestre y luego una curva que
le da mayor peso a las islas de Los Monjes que a Colombia”.
El experto opina
que la nota de protesta con la cual reaccionó el Gobierno de Juan Manuel Santos
fue un mecanismo muy pertinente, porque, en el Derecho Internacional, el
silencio otorga la figura de la aquiesencia: es decir, si un Estado no
responde, si no actúa, si no dice que está en desacuerdo con las líneas que
traza otro Estado, entonces, hacer ver que las acepta, podría representar una
prueba en función de un diferendo en términos jurídicos. “Colombia reacciona de
manera muy profesional y diplomática y le pide a Venezuela que le explique, que
le aclare qué significa eso y que modifique el decreto. La cancillería nuestra,
lamentablemente, habla de ‘mentiras mediáticas’, de exageraciones, de ‘la
oligarquía bogotana que mató a Bolívar’ ”.
“Ahí se demuestra
que en el directorio no están claros: si la idea era hacer lo mismo que se hizo
con Guyana, de bajar la tensión, lo mismo hubiera sido una nota de respuesta
que dijera ‘las líneas definitivas en esa zona serán fijadas una vez que
termine el proceso de negociación de la comisión – que está estancado desde
2007, por cierto -; en cambio, no dijeron nada”, indicó Garavini. Acotó que tal
cual sucede con Guyana, pues la polémica crearía distracción de la crisis
socioeconómica, con un pedido de unidad nacional.
A su vez, el
internacionalista Edmundo González sostiene que la tesis del supuesto enemigo
externo es el último recurso que utilizan los gobiernos autoritarios cuando
sienten que perdieron la simpatía y apoyo popular.
“Toda esta maniobra
es un parapeto para desviar la atención de los problemas cotidianos de la
gente. Lo que pretende el Gobierno con este teatro es que la gente se olvide de
las colas que día tras día se forman frente a los supermercados para adquirir
los productos básicos esenciales. Lo que busca el Gobierno es ocultar la
violencia desbordada que se adueña del país y que provoca 25.000 muertes
violentas al año. Lo que aspira el Gobierno con esta nueva treta es que la
gente no piense en la tragedia que constituye la inflación de tres dígitos que
vuelve sal y agua los salarios de los venezolanos. Que nos olvidemos de la
destrucción del aparato productivo nacional en estos 16 años de mal llamada
Revolución”, indica.
En definitiva, para
el embajador Edmundo González, lo que ocurre “se parece a un sainete” que busca
desviar la atención sobre la estrepitosa caída de la popularidad del presidente
Nicolás Maduro a las puertas de los comicios para escoger a los nuevos miembros
del Parlamento.
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