EWALD SCHARFENBERG 12 de febrero de 2016
El
fuego cruzado entre gobierno y oposición produjo este jueves en Caracas dos
declaraciones de emergencia. Por un lado la Asamblea Nacional (AN), de mayoría
opositora, aprobó un acuerdo que proclama el estado de “crisis alimentaria” en
Venezuela, y por el otro, el Gobierno de Nicolás Maduro obtuvo del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ), bajo su control, un veredicto por el que declara
vigente el Decreto de Emergencia Económica que el Poder Ejecutivo había preparado
a mediados de enero pero que el parlamento rechazó en esa ocasión.
Las
confusiones jurídicas afloraron este jueves cuando Ejecutivo y Legislativo
movieron, mediante esta guerra de declaraciones de emergencia, sus fichas en el
tablero del ajedrez político que juegan desde la instalación de la nueva
Asamblea Nacional, de mayoría opositora, el pasado 6 de enero. En los hechos,
sin embargo, nada había mejorado al final del día ni en la situación financiera
del país ni en la escasez ya crónica de productos de consumo básico, como
alimentos o medicinas.
En una
transmisión televisada, Maduro aplaudió la decisión del Supremo, a la que ve
como un signo del imperio de la “democracia, (y la) constitucionalidad” en el
país. Con su decreto de emergencia económica ya en vigencia, anunció, “activaré
un conjunto de medidas en los próximos días, que ya venía trabajando”.
El 14
de enero Maduro publicó en la Gaceta Oficial el decreto número 2.184 para
declarar la emergencia económica en todo el país, que presentó ante la Asamblea
Nacional el 19 de enero. Al cabo de una discusión dentro del plazo de ocho días
previsto por la ley, la bancada opositora hizo valer su mayoría para rechazar
el decreto el 29 de enero. De acuerdo a voceros parlamentarios, fue desaprobado
porque otorga poderes discrecionales al Ejecutivo para expropiar empresas y, en
definitiva, ahondaría en políticas ya fracasadas.
Sin
embargo, el chavismo apeló al Tribunal Supremo de Justicia, que ya había
certificado la constitucionalidad del decreto el 21 de enero. Este jueves, a
instancias de “miembros de Consejos Comunales, Comunas y otros movimientos
sociales”, la misma Sala Constitucional del TSJ falló ante un recurso de
interpretación por el que determinó que la Asamblea Nacional no había cumplido
su tarea de “control político” del decreto dentro los plazos legales y que, por
lo tanto, el decreto tiene vigor.
Apenas
horas antes, el parlamento, entre las protestas de la minoría oficialista,
había aprobado en su sesión ordinaria la declaración de una “crisis
alimentaria” en Venezuela y el cese en los hechos de la “seguridad
alimentaria”. El documento solicita a las organizaciones de Naciones Unidas
para la Alimentación (FAO) y para la Infancia (Unicef) el envío urgente al país
de expertos para evaluar la crítica situación de desabastecimiento. De acuerdo
a la declaración parlamentaria, el propio Gobierno ha admitido niveles de
escasez de hasta 87% en distintos rubros alimentarios, aunque denominándolos
como “niveles de acaparamiento”. El Gobierno chavista alega que la escasez y la
inflación son producto de una “Guerra Económica” que el imperialismo y la
burguesía local estarían librando contra la Revolución Bolivariana.
En la
misma y agitada jornada, la bancada opositora aprobó en primera discusión la
Ley de Reforma de la ley del Banco Central. También, con el apoyo unánime, y
por lo tanto inusitado, de ambas fracciones políticas, se aprobó la Ley de Bono
de Alimentación y Medicinas. El diputado de Primero Justicia (oposición), Julio
Borges, presentó el proyecto de Ley de Producción Nacional. Todas son
normativas con las que se busca tomar las riendas de la delicada situación
económica y social del país.
No
obstante, el renovado conflicto de poderes entre Legislativo y Judicial, aupado
este último desde el Gobierno, no augura momentos mejores para una crisis que,
como la venezolana, parece agravarse día a día.
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