COMUNICADO A LOS DIPUTADOS
DE LA ASAMBLEA NACIONAL
URGE UNA REFORMA ELECTORAL
ANTE ACTUACIONES DEL CNE
Las organizaciones e
instituciones de la Sociedad Civil abajo firmantes, ante el evidente malestar
que embarga al país por la falta de claridad sobre las reglas y procedimientos
para la activación de un Referendo Revocatorio, la discrecionalidad con la cual
el Consejo Nacional Electoral ha tomado decisiones que han significado la
obstaculización y desconocimiento del derecho a la participación politica
tutelado por la Constitución vigente, así como ante la injustificada
incertidumbre sobre la fecha de la elección de los gobernadores y cuerpos
legislativos regionales que finalizan sus período este año, y considerando que:
El sistema electoral
venezolano, tal como ha sido diseñado en la LOPRE, contraviene los principios
de representación, proporcionalidad y personalización del voto contemplados en
los artículos 63, 186 y 293 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela.
Ninguno de los rectores del
CNE ha sido designado respetando los procedimientos y principios estipulados en
los artículos 295 y 296 de la Constitución vigente.
Las autoridades del CNE han
venido actuando con manifiesta discrecionalidad en lo relativo a convocatoria
de elecciones, establecimiento de cronogramas y procedimientos electorales, lo
cual niega la debida transparencia que corresponde a sus mandatos legalmente
establecidos.
La autoridad electoral ha
permitido ventajismos que favorecen a una parcialidad política, tales como: el
uso de recursos públicos para fines proselitistas por parte de funcionarios de
distintas jerarquías de gobierno, inequidad en el acceso a medios de
comunicación, especialmente públicos, y el uso de mecanismos clientelares para
captar votos.
El CNE se ha negado a
aceptar la realización de una auditoría independiente, integral, plural y
transparente del Registro Electoral y el Registro de Venezolanos Cedulados, lo
que impide tener certeza sobre la calidad de los datos del Registro Electoral.
En abierta contradicción con
el artículo 21 de la Constitución, y con las normas sobre paridad existentes y
obviando las gestiones de organizaciones civiles ante las autoridades del CNE,
se mantiene la desigualdad en el acceso de las mujeres a los cargos de representación
popular en los cuerpos deliberativos del Estado, lo cual niega la posibilidad
de la justicia de género en el proceso y las confina a posiciones sin mayores
opciones de elección efectiva en las listas de postulaciones de las
candidaturas.
Las instancias para la
resolución de conflictos post-electorales no han sido efectivas, eficaces,
oportunas, pluralistas ni imparciales, como queda demostrado por la
desincorporación de varios diputados de la Asamblea Nacional, cuyos casos
continuan al día de hoy sin resolverse, lo que ha significado dejar a varias
circunscripciones sin voz ni votos que las representen.
Existe una alta proporción
de venezolanos en el exterior, que se estima sea entre 5,6% y 8% de la
población total venezolana, a quienes se les obstruye burocráticamente su
derecho a registrarse como votantes en el exterior, traduciéndose esto en que
solo el 0,5% de estos venezolanos esté actualmente en el padrón electoral.
Todos los estudios de
opinión pública reportan un alto nivel de desconfianza hacia el CNE.
La convocatoria y cronograma
para las elecciones de gobernadores y cuerpos legislativos regionales no han
sido anunciados al día de hoy por la autoridad electoral.
La manera como las
autoridades electorales han administrado el proceso de convocatoria del
referendo revocatorio, retrasando innecesariamente el proceso, así como creando
normas y procedimientos sobrevenidos.
Hemos decidido hacer un
llamado público a la Directiva y Diputados de la Asamblea Nacional para que se
trabaje con carácter urgente en la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica
de Procesos Electorales (LOPRE) y la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE),
cuya consulta pública se inició el pasado 28 de abril en evento público
realizado en la sede del Hemiciclo Protocolar del Palacio Federal Legislativo,
a los fines de garantizar:
Los principios de
proporcionalidad y personalización del voto.
Límites claros a la
discrecionalidad del CNE en materia normativa y procedimental en cada una de
las fases del ciclo electoral.
La participación ciudadana
más allá del mero acto de votación, ampliandola a todas las fases del proceso,
y a través de la promoción de organizaciones de observación electoral
nacionales.
La equidad como principio
efectivo en todas las fases de la campaña electoral a través del
establecimiento de un régimen de separación del cargo desde el momento de la
postulación para aquellos funcionarios que aspiren a la relección, la creación
de normas que garanticen mecanismos para el acceso equitativo de todos los partidos
políticos y candidatos a los medios de comunicación públicos y privados, así
como la previsión de restricciones y sanciones a funcionarios públicos que
utilicen recursos del Estado y sus medios de comunicación para fines político
partidistas, sobre todo en lo relativo a las trasmisiones conjuntas y
obligatorias de radio y televisión.
Total transparencia en la
administración de los procesos electorales y en las instancias involucradas en
los mismos, mediante mecanismos de rendición de cuentas que puedan ser de fácil
acceso para las personas y organizaciones interesadas.
La fidelidad de la data del
Registro Electoral, así como su auditabilidad. De igual manera, facilitar el
registro de nuevos electores y de los electores que residen en el exterior, y
los cambios de domicilio.
Fechas fijas para la
convocatoria y celebración de las elecciones, así como los para las diferentes
etapas del proceso electoral: periodos de postulación, campaña, impugnación,
entre otros.
La paridad de género como la
norma general que regule las candidaturas de hombres y mujeres en los procesos
de elección popular, en las proporciones de 50/50 de uno y otro sexo en las
listas y nominaciones y, en casos donde esta proporción no se pueda alcanzar,
que sea 40/60. Las postulaciones paritarias se harán con respeto al criterio de
alternabilidad de hombres y mujeres. En ningún caso, la diferencia cuantitativa
en las postulaciones de unas y otros, podrá ser mayor de uno (1). Para
garantizar la paridad global, se tomarán como referencias para el cálculo del
50/50 o 40/60, la circunscripción estadal y la nacional.
Que los integrantes de los
organismos electorales subalternos no estén vinculados a partido o candidato
alguno, así como establecer requisitos mínimos para el ejercicio de dichas
funciones.
La regulación de las
competencias de los miembros de las mesas y centros electorales, con el fin de
evitar el solapamiento de competencias o usurpación de las mismas por parte de
personas que cumplen funciones de apoyo logístico como los coordinadores de
centro, los técnicos de las máquinas de votación o los miembros del Plan
República.
La adecuación de los
instrumentos legales al sistema automatizado de votación, considerando que este
tiene como finalidad facilitar el ejercicio de la participación ciudadana, la
confianza en el sistema electoral y garantizar el secreto del voto de todos los
ciudadanos y ciudadanas.
La regulación de la función
de la Fuerza Armada en el proceso electoral. Para ello es necesario establecer
normas claras sobre sus funciones, deberes y límites, garantizando las labores
de mantenimiento de orden público durante la jornada electoral, a la vez que
eliminando y sancionando su intervención en las mesas de votación.
Normas relativas a la
Observación Electoral, en las que se establezca la participación de las
organizaciones nacionales e internacionales en condiciones de libertad,
independencia, autonomía e imparcialidad. Eliminar la figura del acompañamiento
electoral, que constituye una perversión de la observación electoral internacional.
La Reforma Electoral es un
tema que debe ser atentido de manera urgente para brindar a todos nuestros
ciudadanos una mayor certidumbre sobre los procedimientos y oportunidad para
hacer efectivos sus derechos políticos, lo cual contribuirá no solo a mejorara
la integridad de nuestros procesos electorales futuros, sino a garantizar la
paz y gobernabilidad democrática del país.
Centro de Estudios
Políticos, Universidad Católica Andrés Bello
Comunidanas
Comisión para los Derechos
Humanos del Estado Zulia
Compromiso Ciudadano
Observatorio Venezolano de
los Derechos Humanos de la Mujer,
Ciudadanía Activa
Control Ciudadano
SUMATE
Queremos Elegir
Transparencia Venezuela
31-07-16
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico