LUDMILA VINOGRADOFF 28 de julio de 2016
El
presidente Nicolás Maduro decretó la obligación de que las
empresas públicas y privadas ceden a sus trabajadores para incorporarlos a la
“producción agroalimentaria” durante 60 días, dada la deficitaria producción
nacional y la escasez de alimentos que presenta el país.
La
insólita medida del Ministerio de Trabajo, que no tiene precedente en
Venezuela, fue publicada en la gaceta oficial ayer en el marco de la emergencia
económica y el estado de excepción, que la semana pasada fue rechazada por
segunda vez por la Asamblea Nacional por su inconstitucionalidad.
La
duración temporal del trabajo forzado en principio de 60 días tiene el mismo
tiempo de vigencia de la emergencia económica, que Maduro se empeña en
aplicarla. El decreto establece un régimen especial para “todas las entidades
de trabajo del país, públicas, privadas, de propiedad social y mixtas”.
De
hecho, el gobierno comenzó el experimento con los trabajadores de la Empresa
Polar, según denunciaron indignados varios empresarios del sector. La medida no
especifica los mecanismos que se aplicarán para la cesión de los trabajadores,
ni los períodos durante los cuales podrán ser reasignados, aunque aclara que
los seleccionados deben tener “condiciones físicas adecuadas” y “conocimientos
teóricos y técnicos” en áreas productivas.
Habrá que pagar las cotizaciones
Los
empleadores privados, en tanto, no tendrán que asumir el pago de sueldos, pero
sí las obligaciones vinculadas con el sistema de seguridad social. Los acuerdos
salariales originales se respetarán, añade el texto.
La
Resolución 9855 del denominado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo,
en artículo tercero establece que “las entidades de trabajo del sector público
y privado están obligadas, a cumplir con el estricto imperio del presente acto
administrativo, a tal efecto deberán proporcionar los trabajadores requeridos y
las trabajadoras requeridas a objeto de aumentar la productividad de la entidad
de trabajo requirente o solicitante”.
Los
trabajadores tendrán inamovilidad laboral durante el tiempo que dure su
prestación de servicio al Estado “no podrán ser despedidos ni desmejorados en
sus condiciones de trabajo originarias sin causa justificada”.
El
Estado se compromete con pagar el salario pero la empresa de su origen deberá
cancelar las prestaciones sociales del seguro social y la antigüedad.
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