Por Héctor Silva Michelena
Desde que Maduro asumió el
poder, y particularmente desde que la oposición ganó el control abrumador de la
Asamblea Nacional, el Ejecutivo, por medio de sus tentáculos militares,
partidistas, políticos y colectivos paramilitares, se ha empeñado no sólo en disolver
la AN que, junto con el presidente, son las únicas instituciones electas por la
soberanía popular mediante el sufragio universal. Su propósito es establecer un
gobierno que vaya modelando un Estado fascista, de régimen militar autoritario.
Los instrumentos legales usados son el Decreto de Emergencia Económica y Estado
de Excepción, y el decreto que creó la Gran Misión de Abastecimiento Soberano.
El órgano superior del comando de esta misión tiene como jefe, al general en
jefe Vladimir Padrino López, un jefe militar al cuadrado, pues.
Un paso de ganso hacia la
formación del Estado fascista lo constituye la resolución número 9855 del 22 de
julio pasado emitida por el Ministerio Proceso Social y de Trabajo (¡Ufff!).
Sus resoluciones más importantes, que resumo, son las siguientes:
La primera,“establece un
régimen especial transitorio de carácter
obligatorio y estratégico para todas
las entidades de trabajo del país públicas, privadas,
de propiedad social y mixtas, que contribuya con el reimpulso
productivo del sector
agroalimentario”, Esto se fundamenta en “los principios de seguridad y defensa
integral de la Nación” en ofensiva a la guerra
económica, con el objeto de aumentar
y fortalecer la producción en aquellas entidades de
trabajo de Interés social relacionadas con
el sector agroalimentario”. ¿Enviar trabajo a una economía social
minúscula e inoperante?
Sépase que el Ministerio
para las Comunas y los Movimientos Sociales, mediante oficio de fecha 10 de junio
de 2016, “solicitó ante este Ministerio autorizar a presentación de un
grupo de trabajadores y trabajadoras a ser incorporados a diversas plantas de
maíz, las cuales se inscriben en un proceso de recuperación de empresas del
Estado, todo en el marco del Decreto Nº. 2.323, mediante el cual se declara el
Estado de Excepción y de la Emergencia Económico”.
Según la segunda, “las
entidades de trabajo del sector público y privado están obligadas, a cumplir
con el estricto imperio del presente acto administrativo, a tal efecto deberán
proporcionar los trabajadores requeridos y las trabajadoras requeridas, a
objeto de aumentar la productividad de la entidad de trabajo requirente o
solicitante”.
Dice además: “Las compañías
privadas en Venezuela estarán obligadas a ceder sus trabajadores para reforzar
los planes del gobierno en el sector agrícola, según una resolución adoptada en
el marco de la emergencia económica vigente en el país”. Con ese fin, la
cartera estableció un régimen especial para "todas las entidades de
trabajo del país, públicas, privadas, de propiedad social y mixtas".
La resolución, de carácter
transitorio (¿?), no detalla los mecanismos para la cesión de los empleados;
los períodos durante los cuales podrán ser reasignado son de 30 días, prorrogables
por otros 30. Apunta que quienes sean elegidos deben tener "condiciones
físicas adecuadas" y "conocimientos teóricos y técnicos" en
áreas productivas.
Los empleadores privados, en
tanto, no tendrán que asumir el pago de sueldos, deberá hacerlo la entidad
requirente, que no es otra que el Estado, pero sí las obligaciones vinculadas
con el sistema de seguridad social. Los acuerdos salariales originales se
respetarán, añade el texto.
Es un hecho público y
notorio que el país soporta una escasez de 80% de alimentos y medicinas, que ha
terminado por minar la popularidad de Maduro, cuyo régimen está obstruyendo los
derechos constitucionales de los venezolanos a revocar su mandato, pasada la
mitad de su período presidencial.
Maduro, tozudamente,
atribuye la crisis a una "guerra económica" de la derecha para
derrocarlo. Pero, las elecciones del 6 de diciembre hicieron añicos tal tesis:
los venezolanos no la creyeron, y emitieron un severo voto castigo a sus
políticas públicas. El alto mando militar, el TSJ y ahora el CNE, controlados
por el Ejecutivo y sus tentáculos tratan de bloquear el revocatorio, como lo
han hecho con las actuaciones de la AN.
Destacamos que según una
encuesta de la firma Venebarómetro realizada en junio, el principal problema
para los venezolanos es el desabastecimiento, con 75,5% de menciones, seguido
de la inseguridad personal (70,7%) y el alto costo de vida (44,4%). Impotente
para generar políticas adecuadas, Maduro apeló al principio de ultima
ratio, un plan contra la escasez dirigido por militares, en cumplimiento del
cual los hombres de armas fiscalizan empresas de alimentos y fármacos, y además
controlan los puertos.
Se trata pues, de un Estado
altamente centralizado y controlado por el Ejecutivo donde los actores
económicos y sociales son agrupados bajo la égida militar para cumplir los
mandatos del jefe supremo. Recordemos que el General Padrino López dijo cuando
se creó el Decreto de Abastecimiento: “no me gusta la intervención militar en
asuntos que no son de su naturaleza; pero esto es un asunto de seguridad y
defensa de la Patria, y por eso la fuerza militar ha sido involucrada. Se han
roto todas las reglas, unas inducidas (¿guerra económica?) otras por propias
deficiencias, otras por falta de gobernanza. Son mecanismos para ir por encima
de las instancias no convencionales; se han roto todas las reglas, pero hay que
alinearlas. Una de las maneras de alinear los factores que influyen en la
producción es tener un mando centralizado. Estamos hartos de tantos
diagnósticos (¿?). Hay falta de articulación entre los entes intervinientes, es
un asunto de disciplina, no es un asunto de militarizar”. ¿De dónde sacó el
general este galimatías? El general dijo que han agregado tres
palabras claves: acompañar, asistir y verificar. El general ignora una verdad
de Perogrullo: “Sin un cambio político es imposible un ajuste exitoso”, dicha
por el economista Omar Zambrano, el 25 julio 2016, en Prodavinci.
Pregunto ¿cómo se acompaña,
se asiste o ayuda, y se verifica sin intervención? A un mes de que la FANB
asumiera las operaciones de las cadenas productivas la situación ha empeorado,
como es visible en los fatigados peregrinos que buscan comida y
medicinas. Esta es una reiteración crónica. Y esto ocurre luego de un mes de
“acompañamiento, asistencia y verificación”.
Los venezolanos no queremos
un Estado de súbditos ni un pueblo de mendicantes. Esas marionetas del CNE, no
podrán con el empuje de un pueblo arrecho. Será revocado.
29-07-16
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