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domingo, 31 de julio de 2016

¡GUERRA AL PARLAMENTO!, por @FernandoMiresOl



Fernando Mires 30 de julio de 2016

Las noticias desde Nicaragua notificando un golpe antiparlamentario ejecutado por el autócrata Daniel Ortega no constituyen lamentablemente una excepción en la historia política del siglo XXl. Por el contrario, ese golpe se enmarca dentro de una tendencia destinada a suprimir a las instancias deliberativas y legislativas con el objetivo de entregar todo el poder al ejecutivo en nombre de una supuesta democracia directa.

La maniobra de Ortega es solo una entre otras variantes.


Ortega está imitando un proyecto que tiene correlatos extra-continentales. No deja de llamar la atención que las informaciones provenientes de Nicaragua se confundan en los medios con las que llegan de Turquía. Como es sabido, en Turquía, el dictador temporario –podemos llamarlo así- había comenzando a demoler el parlamento antes del supuesto golpe militar que tuvo lugar en Julio del 2016. Hoy el parlamento turco es una ruina.

Dejando de lado las formas teocráticas propias a la dominación despótica de Turquía, el “modelo” Erdogan se diferencia muy poco del establecido por Vladimir Putin en Rusia, país en donde el parlamento ha sido convertido en una prolongación del ejecutivo y cuya función consiste solo en dar formato legal a las decisiones tomadas por el mandatario ruso.

El encuentro que han acordado realizar en un futuro próximo ambos autócratas, Erdogan y Putin, a la vez que hace temblar a la Europa democrática, corresponde al mútuo reconocimiento de identidades compartidas, un equivalente en letras chicas al encuentro que tuvo lugar entre Hitler y Franco el año 1940 en Andaya (Francia).

En el mismo sentido de Putin y Erdogan ha ido tomando formas el unipersonalismo político cada vez más pronunciado de Víctor Orban en Hungría, país en el cual el parlamento ha pasado a ser una institución decorativa al servicio de las decisiones del ejecutivo. La forma que adopta el régimen húngaro es la de una “república cristiana” cuyas decisiones fundamentales son tomadas más allá de la instancia parlamentaria, mediante la recurrencia a la vía plebiscitaria, pero solo cuando el ejecutivo lo estime conveniente. El llamado de Orban a someter el tema migratorio a un plebiscito es una prueba, entre otras, de la vía elegida por el mandatario húngaro.

Volviendo a América Latina, salta a la vista que la arremetida orteguista en contra de la Asamblea Nacional de su país se encuentra directamente vinculada con la lucha anti-parlamentaria desatada por el régimen militar de Nicolás Maduro en contra de la Asamblea Nacional venezolana después de que la oposición alcanzara la mayoría absoluta en las elecciones del 6-D. Sin miedo a equivocarnos podemos decir que la fase final del proyecto de Maduro ha sido consumada con cierta antelación en Nicaragua antes que en Venezuela. Pero el proyecto de Maduro no se diferencia al del dictador Ortega.

No deja de llamar la atención que precisamente en los momentos en los que tiene lugar el golpe anti-parlamentario nicaragüense, esbirros del régimen madurista como son Jorge  Rodríguez y Diosdado Cabello, han amenazado con enviar a prisión a los diputados indígenas elegidos el 6-D, con el único objetivo de impedir que la oposición mantenga su mayoría absoluta. Rodríguez ha ido más lejos que el propio Ortega: ha llegado a exigir al supuesto poder judicial que dicte la ilegalización de la MUD.

A nadie engaña que el propósito de ambas autocracias, la de Ortega y la de Maduro, es implantar en sus respectivos países el modelo cubano de dominación político-militar.

Veamos: A la cabeza, un autócrata militar (en el caso venezolano, mediante la simbiosis Maduro/ Padrino López). Hacia un lado, un poder judicial corrompido en su propia esencia. Hacia el otro, un partido-estado, aparato ideológico cuya función es legitimar al poder militar de cúpula. El supuesto poder popular será constituido por organismos para-estatales y sus miembros no tendrán otra función que no sea la de ratificar con aplausos las palabras de los dirigentes máximos. Las elecciones, si es que tienen lugar, solo podrán celebrarse si la cúpula dominante está segura de ganarlas. Si no es así, serán suprimidas, como ocurrió en Cuba, o serán convertidas en una farsa como en Nicaragua, o serán postergadas indefinidamente como está ocurriendo hoy en Venezuela frente al clamor mayoritario por un referendo revocatorio. En los tres casos el poder del ejecutivo pasa por la supresión de las atribuciones parlamentarias, es decir, por el desconocimiento de la división de poderes al interior del Estado

Estas son, dicho en clave de síntesis, las características fundamentales de las dictaduras del siglo XXl, ya sea en Eurasia, en Europa o en América Latina. Estamos viviendo una asonada anti-parlamentaria de dimensiones mundiales, en algunos casos muy similares a las que dieron forma a los movimientos y regímenes totalitarios –comunistas y fascistas– del siglo XX.

En Nicaragua la situación es más que gravísima. Dieciséis diputados en ejercicio y doce diputados suplentes del Partido Liberal Independiente fueron destituidos siguiendo una orden  del Consejo Supremo Electoral. “La destitución de los diputados opositores constituye la demolición del último bastión de la institucionalidad democrática y del Estado de derecho porque violenta todos los procedimientos legales y destruye las bases del sistema constitucional nicaragüense”, expresó Wilber López, hasta el Jueves jefe de la bancada opositora. El Movimiento Renovador Sandinista, partido creado por el ex-vicepresidente y escritor Sergio Ramírez, ha denunciado que el “presidente Ortega ha liquidado a la Asamblea Nacional”.

Ironía de la historia. El sandinismo nació en nombre de los principios liberales (pro-parlamentarios) de Sandino en contra de la dictadura agraria familiar de Somoza. Hoy, el sandinismo renovado se levanta de nuevo pero ahora en contra de la dictadura, también familiar, pero a la vez “post-moderna”, encabezada por Daniel Ortega en nombre del sandinismo al cual traicionó.

Mediante la eliminación del Parlamento, los autócratas de nuestro tiempo no solo intentan liquidar a la oposición. Su objetivo es crear un orden político estatizado, uno en el cual la sociedad no pueda hacer escuchar jamás su voz.

El parlamento no es solo un lugar para dictar leyes. Es el espacio del debate y por lo mismo del diálogo, elementos sin los cuales ninguna democracia puede ser posible. El parlamento es, además y antes que nada, el espacio donde cada sociedad, mediante el proceso deliberatorio, se piensa a sí misma.

No puede haber democracia sin parlamento. La democracia directa, es decir, no delegativa y por lo mismo no-electoral, ha sido, desde los tiempos de Carl Schmitt (por el lado fascista) y de Vladimir I. Lenin (por el lado comunista), solo un subterfugio cuyo objetivo es destruir a la sociedad –entendida como el conjunto de asociaciones contraídas entre ciudadanos libres- en nombre de ideales metahistóricos representados por brutales dictadores. Por eso mismo el restablecimiento de toda democracia ha de pasar necesariamente por la revalidación del parlamento.

El parlamento es, dicho en pocas palabras, la democracia puesta en ejercicio.

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