Por Edgardo Lander
Crisis en todos los ámbitos
de la vida colectiva
El detonante principal de la
crisis por la cual atraviesa hoy Venezuela, más obviamente no la única causa,
ha sido el colapso de los precios del petróleo de los últimos tres años.
Mientras en el año 2013 el precio promedio de los crudos venezolanos fue de
$100, bajó a $88,42 en el año 2014 y a $44.65 en el 2015. Llegó a su nivel más
bajo en el mes de febrero del año 2016, con un precio de $24,25.[2] El
gobierno del Presidente Chávez, lejos de asumir que una alternativa al
capitalismo tenía necesariamente que ser una alternativa al modelo depredador
del desarrollo, del crecimiento sin fin, lejos de cuestionar el modelo
petrolero rentista, lo que hizo fue radicalizarlo a niveles históricamente
desconocidos en el país. En los 17 años del proceso bolivariano la economía se
fue haciendo sistemáticamente más dependiente del ingreso petrolero, ingresos
sin los cuales no es posible importar los bienes requeridos para satisfacer las
necesidades básicas de la población, incluyendo una amplia gama de rubros que
antes se producían en el país. Se priorizó durante estos años la política asistencialista
sobre la transformación del modelo económico, se redujo la pobreza de ingreso,
sin alterar las condiciones estructurales de la exclusión.
Identificando socialismo con
estatismo, mediante sucesivas nacionalizaciones, el gobierno bolivariano expandió
la esfera estatal mucho más allá de su capacidad de gestión. En consecuencia el
Estado es hoy más grande, pero a la vez más débil y más ineficaz, menos
transparente, más corrupto. La extendida presencia militar en la gestión de
organismos estatales ha contribuido en forma importante a estos resultados. La
mayor parte de las empresas que fueron estatizadas, en los casos en que
siguieran operando, lo hicieron gracias al subsidio de la renta petrolera.
Tanto las políticas sociales, que mejoraron significativamente las condiciones
de vida de la población, como las múltiples iniciativas solidarias e
integracionistas en el ámbito latinoamericano, fueron posibles gracias a los
elevados precios del petróleo. Ignorando la experiencia histórica con relación
al carácter cíclico de los precios de los commodities, el gobierno operó como
si los precios del petróleo se fuesen a mantener indefinidamente sobre los cien
dólares por barril.
Dado que el petróleo pasó a
constituir el 96 % del valor total de las exportaciones, prácticamente la
totalidad de las divisas que han ingresado al país en estos años lo han hecho
por la vía del Estado. A través de una política de control de cambios, se
acentuó una paridad de la moneda insostenible, lo que significó un subsidio al
conjunto de la economía. Los diferenciales cambiarios que caracterizaron esta
política, llegaron a ser de más de cien a uno. Esto, unido a la
discrecionalidad con la cual los funcionarios responsables pueden otorgar o no
las divisas solicitadas, hizo que el manejo de las divisas se convirtiera en el
principal eje de la corrupción en el país.[3]
En la época de las vacas
gordas todo el ingreso fiscal extraordinario se gastó, incurriendose incluso en
elevados niveles de endeudamiento. No se crearon fondos de reserva para cuando
bajasen los precios del petróleo. Cuando estos colapsaron, sucedió lo
inevitable, la economía entró en una profunda y sostenida recesión y el
proyecto político del chavismo comenzó a hacer aguas.
El PIB tuvo un descenso de
3,9 % en el año 2014, y de 5.7 % en el 2015.[4] Para el año 2016, la CEPAL
pronostica una caída del 7 %.[5] Hay un importante y creciente
déficit fiscal. De acuerdo a la CEPAL, la deuda externa se duplicó entre los
años 2008 y 2013[6]. Si bien como porcentaje del PIB todavía
no es alarmante, la drástica reducción del ingreso de divisas dificulta su
pago.[7]Se ha producido una caída fuerte de las reservas
internacionales. Las reservas del mes de junio del año 2016 representaban 41 %
del monto correspondiente a las de finales del año 2012.[8] El acceso a nuevos financiamientos
externos está limitado por la incertidumbre en torno al futuro del mercado
petrolero, la falta de acceso a los mercados financieros occidentales, y las
muy elevadas tasas de interés que se le exigen al país en la actualidad.
A esto se suma la tasa de
inflación más elevada del planeta. De acuerdo a las cifras oficiales, en el año
2015 la inflación fue de 180,9 %, y la inflación de alimentos y bebidas no
alcohólicas fue de 315 %.[9] Con seguridad se trata de una
subestimación. No hay cifras oficiales disponibles, pero la tasa de inflación
en el primer semestre del año, particularmente en el renglón de alimentos, ha
sido muy superior a la del año anterior.
Esta severa recesión económica
podría conducir a una crisis humanitaria. Hay un desabastecimiento generalizado
de alimentos, medicinas y productos del hogar. Las familias venezolanas tienen
que pasar cada vez más tiempo recorriendo establecimientos y haciendo colas en
la búsqueda de alimentos que no estén más allá de su capacidad adquisitiva. Se
está produciendo una reducción significativa en el consumo de alimentos por
parte de la población. De la situación en la que la FAO hizo un “Reconocimiento
de progresos notables y excepcionales en la lucha contra el hambre” basado en
datos hasta el año 2013, señalando que había una proporción de menos de 6,7 %
de personas desnutridas,[10] se ha pasado a una situación de
crecientes dificultades para obtener alimentos y donde el hambre se ha
convertido en un tema de conversación cotidiano. De acuerdo a las últimas
estadísticas oficiales, a partir del año 2013 se ha venido produciendo un
descenso sostenido en el consumo de prácticamente todos los renglones de
alimentos. En algunos casos en forma muy pronunciada. Entre el segundo semestre
del año 2012 y el primer semestre del año 2014, el consumo de leche líquida
completa se redujo a menos de la mitad.[11] Estas son cifras anteriores a la
profundización del desabastecimiento y la inflación ocurrida en el último año.
Las encuestas registran que es cada vez mayor el número de familias que ha
dejado de comer tres veces al día, incrementándose incluso el porcentaje de
familias que afirma comer una sola vez al día. De acuerdo a la encuestadora
Venebarómetro, una gran mayoría de la población (86.3 %) afirma que compra
menos o mucho menos comida que anteriormente.[12]
En el ámbito del acceso a
medicamentos y servicios de salud la situación es igualmente crítica. Los
hospitales y demás centros de salud presentan elevados niveles de
desabastecimiento de insumos básicos, así como la ausencia de equipos e
instrumental médico debido a limitaciones en el acceso a repuestos y otros
insumos, sean nacionales o importados. En hospitales y centros de salud es
común que solo se pueda atender y alimentar a los enfermos si los familiares
pueden aportar los insumos y alimentos requeridos. Son frecuentes las
suspensiones de operaciones por falta de equipos, insumos o personal médico.
Pacientes que requieren diálisis no reciben tratamiento. Medicamentos
indispensables para el tratamiento de enfermedades tales como diabetes,
hipertensión y cáncer escasean severamente.
El gobierno no reconoce la
posibilidad de que el país esté entrando en una emergencia que requiera
asistencia desde el exterior. Por una parte, porque esto sería visto como la
admisión del fracaso de su gestión. Pero igualmente, para evitar que ese
reconocimiento pueda servir como puerta de entrada para la operación de
dispositivos de intervencionismo humanitario, armado de considerarse necesario,
cuyas consecuencias son bien conocidas.
En estos últimos años el
gobierno ha puesto en marcha diversos operativos y mecanismos de distribución
de alimentos, los cuales han sido de corta duración y, en general, han
fracasado por la ineficiencia y los muy elevados niveles de corrupción. No han
logrado desmantelar la redes mafiosas, gubernamentales y privadas, que operan
en cada uno de los eslabones de las cadenas de comercialización, desde los
puertos hasta la venta al por menor. Por otra parte, todos estos mecanismos han
estado concentrados en la distribución, sin abordar en forma sistemática la
profunda crisis existente en la producción nacional.
La última iniciativa son los
Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), orientados principalmente
a la venta de bolsas con algunos alimentos subsidiados directamente en las
viviendas. Ha sido este mecanismo muy polémico, entre otras cosas porque no hay
suficientes alimentos disponibles para llegar a todos, y por operar a través de
estructuras partidistas (el PSUV). Con muy poco tiempo de funcionamiento ya se
han formulado múltiples denuncias tanto por su carácter político excluyente de
quienes no se identifiquen como partidarios del gobierno, como, una vez más,
por la corrupción.
Con excepción de Caracas,
durante meses en el año 2016 hubo racionamiento eléctrico, con suspensión del
servicio por cuatro horas diarias.[13] Para ahorrar electricidad, las
oficinas públicas en todo el país solo trabajaron dos días a la semana durante
meses y luego con un horario diario reducido, debilitando aún más la menguada
capacidad de gestión del Estado venezolano. La distribución del agua ha estado
racionada, afectando desproporcionalmente a los sectores populares. Hay
igualmente una severa crisis en el transporte público por falta de repuestos,
hasta los más comunes como baterías y cauchos.
Todo esto se traduce en un
severo deterioro de las condiciones de vida de la población, conduciendo a la
acelerada pérdida de las mejorías sociales que se habían logrado en los años
anteriores. El gobierno ha dejado de publicar, o solo publica con mucho atraso,
la mayor parte de las principales estadísticas económicas y sociales. Por ello,
las únicas fuentes actualizadas con las cuales se cuentan son algunos estudios
universitarios y de encuestadoras privadas.[14] En el último estudio difundido por
un proyecto interuniversitario,[15] en términos de ingreso y de la
capacidad para adquirir lo que definen como la canasta normativa de
alimentos, se caracteriza al 75,6 % de la población como pobre y la mitad del
total de la población como pobres extremos.[16] Esto, más que un deterioro,
constituye un colapso del poder adquisitivo de la mayor parte de la población.
La reducción de la capacidad
adquisitiva es generalizada, pero no afecta por igual a todos los sectores de
la población, con lo cual se ha producido un incremento de las desigualdades
sociales. La reducción de las desigualdades de ingreso había sido uno los
logros más importantes del proceso bolivariano. El actual deterioro de la
capacidad adquisitiva afecta en primer lugar a quienes viven de un ingreso fijo
como salarios, jubilaciones y pensiones. Por el contrario, quienes cuentan con
acceso a divisas que compran cada vez más bolívares, y quienes participan en
los múltiples mecanismos especulativos del llamado bachaqueo, con frecuencia
terminan favorecidos por la escasez/inflación.
En las condiciones actuales,
el gobierno ya no cuenta con los recursos que serían necesarios para abastecer
a la población mediante programas masivos de importación de alimentos. Por las
mismas razones, la incidencia de las políticas sociales, las Misiones, está
marcada por un sostenido deterioro.
Por la vía de los hechos, la
política económica del gobierno opera como una política de ajuste que
contribuye al deterioro de las condiciones de vida de la población. Se le ha
otorgado prioridad al pago de la deuda externa sobre las necesidades
alimentarias y de salud de la población venezolana. De acuerdo al
Vicepresidente para el Área Económica, Miguel Pérez Abad, Venezuela recortará
sustancialmente sus importaciones este año con el fin de cumplir con sus
compromisos de deuda.[17]Se ha anunciado que el monto total de
divisas disponibles para importaciones no petroleras en el año 2016 será de
solo 15 mil millones de dólares[18], lo que representa la cuarta parte del
volumen de las importaciones del año 2012. Y sin embargo, el Presidente Maduro
ha informado que “…el Estado venezolano ha pagado en los últimos 20 meses 35
mil millones de dólares a los acreedores internacionales…”[19] Esto es extraordinariamente grave,
dados los elevados niveles de dependencia de las importaciones que tiene la
alimentación básica de la población.
Son variadas las propuestas
que se han venido formulando desde organizaciones políticas y académicas, así
como movimientos populares, sobre posibles vías para la obtención de los
recursos necesarios para responder a las necesidades urgentes de la población.
Entre estas destaca la Plataforma de Auditoría Pública y Ciudadana,[20]que exige la realización de una
investigación a fondo de los extraordinarios niveles de corrupción con los
cuales han operado los procesos de entrega, por parte de organismos del Estado,
de divisas subsidiadas para las importaciones.[21] Esta auditoría permitiría comenzar
los procesos de recuperación de los recursos sustraídos a la nación. Esta
posibilidad ha sido rechazada por el gobierno. Sería abrir una caja de Pandora
que, con seguridad, implicaría tanto a altos funcionarios públicos, civiles y
militares, como a empresarios privados.
Igualmente importante sería
la realización de una auditoría de la deuda externa, con el fin de identificar
que parte de ésta es legítima y que parte no lo es. A partir de ésta, se
plantearía una renegociación de las condiciones de pago de la deuda, partiendo
de que es prioritario responder a las necesidades inmediatas de alimentación y
salud de la población sobre el pago a los acreedores. Se ha propuesto
igualmente la conveniencia de un impuesto extraordinario a los bienes de
venezolanos en el exterior, así como una reforma impositiva que aumente el aporte
de las grandes fortunas, en especial del sector financiero, que pagan tasa muy
bajas.
Nada de esto, por supuesto,
tendría mayor impacto si no se crean mecanismos de contraloría social efectivos
que garanticen que, en este contexto de corrupción generalizada, estos bienes
lleguen a quienes los necesitan.
Una nueva economía: las
múltiples caras del denominado “bachaqueo”
En los últimos tres años se
han producido reacomodos importantes en la estructura económica del país, muy
especialmente en los sectores de comercialización. Una elevada proporción del
acceso a bienes básicos en el país ocurre hoy por la vía de los mecanismos
informales del llamado bachaqueo. Algunos de los casos más escandalosos de
corrupción conocidos en el país en estos años tienen que ver precisamente con
el acaparamiento y la especulación en la importación y en las cadenas públicas
y privadas de distribución de alimentos.
Este complejo nuevo sector
de la economía, que ha adquirido en estos años un enorme peso, incluye una
amplia gama de modalidades y mecanismos tanto públicos como privados. Dada la
presencia simultánea de un generalizado desabastecimiento y la desbordada
inflación, la diferencia entre el precio de venta de los productos regulados y
el precio al cual estos mismos productos son vendidos en los mercados
informales puede ser de diez a uno, de veinte a uno, e incluso más. Esta
actividad, que mueve a mucha gente y moviliza mucho dinero, opera en diversas
escalas. Incluye, entre otras, el contrabando de extracción de diferentes dimensiones,
principalmente hacia Colombia, el desvío masivo de bienes de las cadenas
públicas de distribución mayorista, el acaparamiento por parte de agentes
comerciales privados, y la compra y reventa en pequeña o mediana escala de
productos regulados por parte de los llamados bachaqueros.
Por su novedad,
heterogeneidad y fluidez no se cuenta con una caracterización confiable sobre
la dimensión de este sector de la economía y sus relaciones con los otros
sectores de ésta. En esta actividad se pueden obtener ingresos muy superiores a
una elevada proporción de los empleos asalariados existentes en el país. Lo que
es indudable es que hoy, si dejase de operar de un día para otro este sector de
la economía, el país se paralizaría. De acuerdo a una de las principales
encuestadoras del país, el 67 % de la población venezolana reconoce que compra
los productos total o parcialmente a través de los llamados “bachaqueros”.[22] El hecho de que este sector de la
economía opere con mecanismos extremadamente diversos no solo hace difícil su
caracterización, sino igualmente su evaluación desde puntos de vista políticos
o éticos. Sobre el impacto perverso que para la sociedad tiene la corrupción en
las cadenas oficiales de distribución, el acaparamiento y la especulación por
parte de agentes privados y las mafias violentas, con frecuencia armadas, que
controlan determinados eslabones de las cadenas de comercialización, no queda
duda. No es lo mismo el bachaqueo en pequeña escala llevado a cabo por ese
amplio sector de la población que, en ausencia de toda otra alternativa para
alimentar a su familia, convierten la actividad de compra, trueque y venta
especulativa de productos escasos en una modalidad de sobrevivencia.
Lo que si puede afirmarse es
que en un proceso político orientado durante años por los valores de la
solidaridad y la promoción de múltiples forma de organización popular de base
en las cuales participaron millones de personas, la respuesta ante esta
profunda crisis no ha sido mayoritariamente solidaria, ni colectiva, sino
individualista y competitiva. Las significativas transformaciones en la cultura
política popular de años anteriores, los sentidos de dignidad, las
subjetividades caracterizadas por la auto confianza y el entusiasmo en a
relación sentirse parte de la construcción de un mundo mejor, entran en
dinámicas regresivas. Buena parte de las organizaciones sociales de base
creadas durante estos años (mesas técnicas de agua, consejos comunitarios de
agua, consejos comunales, comunas, etc.), se encuentran hoy debilitadas, tanto
por la carencia de los recursos estatales de las cuales se habían hecho
dependientes, como por el creciente deterioro de la confianza en el gobierno y
en el futuro del país. Otras, con mayor capacidad de autonomía, hoy debaten
cómo continuar operando en este nuevo contexto.
Es este el paisaje cultural
que hace posible, por ejemplo, que miles de niños de hasta 12 años estén
abandonando la escuela para incorporarse a bandas criminales, iniciándose
generalmente en el micro tráfico de drogas que constituye, gracias a las
políticas prohibicionistas con relación a las drogas que siguen vigentes en el
país, un lucrativo negocio y una fuente permanente de violencia.
Además de las consecuencias
de la desnutrición infantil, lo que posiblemente tenga un impacto negativo de
más larga duración para el futuro del país es el hecho de que la confluencia de
estas dinámicas ha ido produciendo procesos de desintegración del tejido de la
sociedad, un estado de desconfianza generalizada y una profunda crisis ética en
buena parte de la conciencia colectiva.
La coyuntura política
El fallecimiento de Hugo
Chávez en marzo del 2013 abre paso a una nueva coyuntura política en el país.
En las elecciones presidenciales de abril del 2013, el candidato escogido por
Chávez, Nicolás Maduro, gana a Henrique Capriles, candidato de la oposición,
por una diferencia de solo 1.49 % de los votos, mientras que cinco meses antes,
Chávez, en su última elección, había ganado con una diferencia de 10.76 %.
En las elecciones
parlamentarias de diciembre del 2015, la oposición organizada en torno a la
Mesa de Unidad Democrática (MUD) gana las elecciones por una amplia mayoría,
obteniendo 56,26 % de los votos contra 40,67 % de los partidarios del gobierno.[23] Como resultado de una ley electoral
anticonstitucional diseñada para sobre representar a la mayoría cuando ésa era
la situación del chavismo, la oposición obtuvo un total de 112 parlamentarios
con lo cual logró una mayoría de dos terceras partes en la Asamblea.[24]
La previa identificación de
la mayoría de los sectores populares con el chavismo se va resquebrajando, la
oposición gana en muchos centros electorales que hasta ese momento habían
votado contundentemente por el gobierno.
De una situación de control
de todas las instituciones públicas (Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder
Judicial, Poder Electoral, Poder Ciudadano y 20 de un total de 23
gobernaciones), se pasa a una nueva situación de dualidad de poderes y a una
potencial crisis constitucional.
Sin embargo, la mayoría de
oposición en la Asamblea Nacional no ha alterado, en los hechos, la correlación
de fuerzas en el Estado. Sistemáticamente cada vez que el Ejecutivo está en
desacuerdo con una decisión de la Asamblea, le ha solicitado al Tribunal
Supremo de Justicia que la declare inconstitucional, lo cual el Tribunal hace
rápidamente. A esto se añade que, en los asuntos de mayor transcendencia, el
gobierno, con el aval del Tribunal Supremo de Justicia, ha venido gobernando
por decretos presidenciales. Entre éstos destaca el Decreto de Estado de
Excepción y Emergencia Económica[25] mediante el cual el Presidente se
auto otorga poderes extraordinarios en el ámbito económico y en áreas de
seguridad pública. En consecuencia, durante los primeros seis meses de su
gestión, la Asamblea Nacional ha operado más como un espacio de debate político
y de catarsis, que como un poder del Estado con capacidad para tomar decisiones
efectivas sobre el rumbo del país.
El gobierno una y otra vez
ha anunciado medidas especiales, comisiones presidenciales, nuevos “motores de
la economía” reestructuraciones del Estado, nuevas vice-presidencias, nuevo
ministerios. Sin embargo, se trata en lo fundamental, de un gobierno a la
defensiva, sin rumbo, cuyo principal objetivo parece ser la preservación del
poder. Para ello se reafirma en un discurso incoherente que carece de sintonía
con la cotidianidad y las exigencias inmediatas de la población. Sigue apelando
a “la Revolución” y al enfrentamiento al imperialismo, al intervencionismo
externo, a la derecha nacional e internacional fascista, a los golpistas y a la
“guerra económica” como las causas de todos los males que afectan al país. Se
acentúa la utilización arbitraria de su control sobre el Consejo Nacional
Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para tomar medidas
destinadas a bloquear toda posibilidad de cambio.[26] Por esta vía se va, paso a paso,
socavando la legitimidad de la Constitución del año 1999. Mientras tanto, el
deterioro económico y social del país se profundiza.
Es bien sabido que, desde el
inicio del gobierno bolivariano, el gobierno de los Estados Unidos le ha
brindado respaldo político y financiero a la oposición venezolana, incluso
apoyando el golpe de Estado del año 2002. La ofensiva no cesa. En marzo del año
2016 el gobierno de Obama renovó la decisión del año anterior de declarar que
Venezuela constituye una “inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad
nacional y la política exterior de Estados Unidos”.[27] En mayo del mismo año, “por décimo
año consecutivo, el Departamento de Estado de EE.UU. determinó […] que
Venezuela no estaba cooperando plenamente con los esfuerzos antiterroristas de
Estados Unidos”.[28] En el contexto de la prominencia de
los gobiernos progresistas y los procesos integracionistas latinoamericanos
(UNASUR, MERCOSUR, CELAC), estas ofensivas tuvieron en el pasado poco éxito.
Sin embargo, estamos en presencia de un contexto geopolítico regional
profundamente alterado que se caracteriza por un debilitamiento tanto de los
movimientos sociales como de los gobiernos progresistas en toda América del
Sur. Son en este sentido significativas las implicaciones de los bruscos
virajes a la derecha que vienen operándose en Argentina y Brasil y los
consecuentes debilitamientos de los mecanismos de integración continental en
cuya creación y fortalecimiento el Presidente Chávez había jugado un papel
protagónico. Un expresión de estos cambios son los sistemáticos ataques de Luis
Almagro, Secretario General de la OEA, contra el gobierno venezolano,
presionando a los países miembros de la organización a que se le aplique al
país la Carta Democrática, y las resistencias que ha enfrentado Venezuela para
asumir, como le corresponde, la Presidencia pro-tempore de MERCOSUR.
Descontento generalizado,
protestas, saqueos, represión e inseguridad
Confirmando el estado de
ánimo que se percibe diariamente en cualquier aglomeración de gente, como en
las colas de compra de alimentos y el transporte público, todas las encuestas
de opinión destacan el profundo descontento existente en el país. De acuerdo a
Venebarómetro, 84,1% de la población evalúa en términos negativos la situación
del país, el 68,4% considera como mala la gestión del Presidente Maduro, el 68%
de los encuestados opina que Maduro debería salir del poder lo más pronto
posible y haya elecciones presidenciales.[29] De acuerdo a la encuestadora
Hercon, 81,4% de los encuestados consideran que “es necesario cambiar de
gobierno este mismo año para que se solucione la crisis que vive Venezuela”.[30] Según Óscar Schemel, director de la
encuestadora Hinterlaces, encuestadora en general favorable al gobierno, en el
mes de febrero el 58% de la población estaba de acuerdo con una salida
constitucional del presidente Maduro.[31] De acuerdo a un informe del
Proyecto Integridad Electoral Venezuela de la Universidad Católica Andrés
Bello, el 74% de la población ve la situación del país como “mala” o “muy
mala”, y más de la mitad cree que los principales responsables de los problemas
son el Gobierno y el Presidente.[32] De acuerdo a la encuestadora
Datincorp, el 72% de los encuestados quiere que el Presidente Maduro concluya
su mandato antes del 2019.[33]
En la mayor parte de las
encuestas se destaca igualmente que el apoyo a la oposición y a la Asamblea
Nacional ha tenido una tendencia al descenso como resultado de la frustración
frente a las expectativas que habían sido creadas por la MUD previas a las
elecciones parlamentarias. De acuerdo a una encuesta nacional realizada por la
Universidad Católica Andrés Bello, institución fuertemente inclinada hacia la
oposición, solo un 50,58% de los encuestados confía en la Asamblea Nacional y
un poco menos de la mitad confía en los diputados de la oposición y en los
partidos de oposición.[34]
Las dificultades que
enfrenta la gran mayoría de la población en su vida cotidiana, especialmente
los obstáculos o incluso la imposibilidad de obtención de alimentos y
medicinas, la carencia de agua, el racionamiento eléctrico, han generado, en
todo el país, niveles crecientes de protesta, cierres de calles y carreteras, saqueos
de establecimientos de comercialización de alimentos, y de camiones que
transportan estos bienes. Algunos de estos saqueos y protestas violentas pueden
estar organizados como una forma de enfrentamiento político al gobierno[35]. No hay duda de que en el país operan
paramilitares, pero es evidente, por su escala, que se trata en lo fundamental
de un fenómeno social de amplia base. A diferencia de la situación de febrero
del año 1989, en que el Caracazo consistió en una explosión popular
generalizada y prácticamente simultánea a escala nacional, en las actuales
condiciones, mucho más graves que las del 1989, se está produciendo un Caracazo
por cuotas. En algunos casos participan grupos armados que actúan con
violencia.
Esto se suma a la
inseguridad que durante muchos años ha sido caracterizada por la población
venezolana como el principal problema del país. De acuerdo a las Naciones
Unidas, Venezuela no solo tiene la tasa de homicidios más elevada de América
del Sur, sino que es el único país de esa región cuya tasa de homicidios se ha
incrementado en forma consistente desde el año 1995.[36] Algunos de los denominados
“colectivos” de origen chavista han devenido en mafias armadas. Un contexto de
generalizada impunidad en que, ni los asesinatos ni la corrupción son
investigados, y menos aún castigados, ha conducido a una profunda y
generalizada desconfianza en la policía, el sistema judicial, y la justicia. Se
han hecho más frecuentes los casos en que grupos de personas deciden asumir la
justicia por su propia mano, por la vía de linchamientos. Es dramático lo que
esto nos dice sobre el estado actual de la sociedad venezolana. De acuerdo a
una encuesta nacional realizada por el Observatorio Venezolano de Violencia,
dos terceras partes de la población justifica los linchamientos cuando se ha
cometido un “crimen horrible”, o cuando el criminal “no tiene remedio”. Sin
embargo, de acuerdo a este observatorio, “en la mayoría de los linchamientos
observados recientemente las víctimas no han cometido delitos ‘horribles”; más
bien se trata de inexpertos ladrones.” En un barrio popular apareció una
pancarta con el siguiente texto: Vecinos organizados. Ratero si te
agarramos no vas a ir a la comisaría. ¡¡Te vamos a linchar!!“[37] Son tan grotescas estas imágenes
que la Sala Constitucional del TSJ ha prohibido su divulgación por las redes
sociales.
El gobierno, ante esta
descomposición generalizada, ante una sociedad que ya no puede controlar, en
vista de que su discurso se hace cada menos eficaz, responde crecientemente con
represión. Con frecuencia las movilizaciones callejeras son bloqueadas o
reprimidas con gases lacrimógenos. Todas las semanas los medios divulgan casos
de muertes por balas policiales. A pesar de que el uso de armas de fuego está
expresamente prohibido en la Constitución,[38] el Ministro del Poder Popular para
la Defensa, mediante una resolución sobre las “Normas sobre la actuación de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Funciones de control del orden público,
la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y
manifestaciones” decidió que ante una situación de “riesgo mortal”, el
funcionario o funcionaria militar “aplicará el método del uso de la fuerza
potencialmente mortal, bien con arma de fuego o con otra potencialmente
mortal.”[39]
En ausencia de una política
pública de seguridad integral y consistente en materia de seguridad, frente el
desborde de la violencia hamponil y ante las demandas de la sociedad por una
respuesta, en julio del 2015 se creó un nuevo dispositivo policial, laOperación
para la Defensa y Liberación del Pueblo (OLP) cuya principal actuación ha
sido la de realizar agresivos allanamientos en barrios populares. Estos
operativos han sido denunciados por organizaciones de derechos humanos por
acentuar las desigualdades al reprimir solo las actividades ilícitas en los
sectores populares y por el uso desproporcionado de la fuerza. A partir de la
creación de este dispositivo, comenzaron a aparecer en los periódicos noticias
sobre la muerte de numerosos “hampones” y “delincuentes”. El número de
“abatidos” es presentado por los funcionarios como medida del éxito de los
operativos. Desaparece la presunción de inocencia y, con apoyo de la opinión
pública, se va naturalizando el asesinato extrajudicial, en un país cuya
Constitución prohíbe expresamente la pena de muerte.[40]
El referendo revocatorio
La Constitución Venezolana
contempla la posibilidad de la realización de referendos revocatorios de cada
uno de los cargos de elección popular una vez pasada la mitad de su período de
gestión. Este instrumento, que posibilita la evaluación por parte de los
electores de la gestión de los funcionarios y funcionarias electas, ha sido
reivindicado por el chavismo como uno de los importantes avances democráticos
de la Constitución de 1999, como una de las principales expresiones de la democracia
participativa.[41] Se establecen para ello un conjunto
de requisitos. En el caso del Presidente o Presidenta de la República, si el
referendo se realiza en el cuarto año de la gestión de seis años del
Presidente, y la mayoría opta por revocar su mandato, éste queda destituido y
se convocan nuevas elecciones presidenciales en un lapso de 30 días. Si el
referendo se realiza cuando quedan menos de dos años del período presidencial,
y la mayoría vota por la revocatoria del mandato, el Presidente queda
destituido y es remplazado por el Vicepresidente (cargo de libre nombramiento y
remoción por parte del Presidente). Es por ello que el gobierno, a sabiendas de
que perdería el referendo revocatorio, a través de su pleno control sobre el
CNE, se ha dedicado sistemáticamente a poner obstáculos y a retardar lo más
posible la realización del referendo.[42] Las diversas movilizaciones de la
oposición con el fin de presionar al CNE para que de los pasos necesarios en
función de la realización del referendo revocatorio son impedidas o reprimidas.
Altos funcionarios gubernamentales han anunciado que se despediría a los
empleados públicos que aparezcan apoyando el referendo y que los empresarios
que lo hagan no podrán tener contratos con el Estado.[43] Estudiantes han denunciado que les
han quitado sus becas por haber firmado por la realización del referendo. La
oposición presentó aproximadamente diez veces más firmas que las requeridas
para iniciar el proceso. De estas se anularon centenares de millares de firmas,
muchas por errores de forma. Se han ido imponiendo nuevas exigencias que no
habían sido informadas anteriormente y se han alargado sistemáticamente los
plazos más allá de lo contemplado en las normas vigentes.
El CNE durante años fue una
institución que contó con un alto grado de legitimidad. El carácter totalmente
automatizado de los procesos electorales y sus mecanismos de auditoría hacían
que fuese extraordinariamente difícil desvirtuar la voluntad de los electores.
Las observaciones internacionales que estuvieron presentes en los múltiples
procesos electorales realizados durante el gobierno bolivariano, una y otra
vez, afirmaron que se trataba de elecciones cuyos resultados eran altamente
confiables. Jimmy Carter llegó a afirmar que se trataba del mejor sistema
electoral del mundo. Durante años este organismo jugó un papel central en la
defensa de la legitimidad del gobierno ante los ataques del gobierno de los
Estados Unidos y la derecha internacional. Sin embargo, en los últimos años ha
ido perdiendo la confianza de los electores.[44] En la medida en que con sus
decisiones el CNE está impidiendo la realización del referendo revocatorio en
el año 2016, y va transparentando su papel actual de ejecutor de las decisiones
del Poder Ejecutivo, está sacrificando el prestigio y reconocimiento que había
logrado con mucho esfuerzo. Desde un punto de vista constitucional, sería tan
grave que el gobierno impidiese la realización de un referendo revocatorio que
haya cumplido con todos los requisitos legalmente establecidos, como lo sería
impedir la realización de una elección para mantenerse en el poder. Por ello,
si el gobierno, en forma ilegítima, bloquease la realización del referendo
revocatorio en el año 2016, estaría rompiendo el hilo constitucional. A partir
de ese momento pasaría a ser un gobierno de facto. Esto es particularmente
grave en las actuales condiciones en que, como consecuencia de la crisis, hay
un elevado grado de tensión acumulada en el país. Si se bloquea la posibilidad
de que la población venezolana pueda decidir en forma democrática y
constitucional sobre el futuro político inmediato del país, se corre el riesgo
de que se pase de la actual situación de múltiples, pero fragmentados, focos de
violencia, a una violencia generalizada lo que es en extremo peligrosa, dada la
amplia disponibilidad de armas de fuego en manos de la población.
Mientras más se postergue
una transición, que parece inevitable dados los amplios niveles de rechazo que
tiene el gobierno, mayor será el deterioro del chavismo popular y el imaginario
de otro mundo posible. El reto está en cómo evitar que el fin del gobierno de
Maduro sea experimentado como una derrota de las expectativas de transformación
social en la población venezolana. El pueblo chavista no tiene por qué cargar
sobre sus hombros el fracaso de la gestión gubernamental.
Del rentismo extractivista
petrolero al rentismo extractivista minero
La profunda crisis que hoy
se vive en Venezuela representa un momento de inflexión fundamental en la
historia contemporánea del país. Pero, ¿en qué dirección? Después de un siglo
de rentismo petrolero, de hegemonía de una lógica rentista, Estado-céntrica,
clientelar y devastadora tanto del ambiente como de la diversidad cultural,
éste debería ser el momento en que, como sociedad -más allá de la urgencia de
medidas extraordinarias requeridas para responder a la crisis alimentaria y de
medicamentos que vive en país- se asuma que se trata de la crisis terminal de
este modelo. Es el momento de dar comienzo a un amplio debate y procesos de
experimentación colectivos que enfrenten los retos de la urgencia de una
transición hacia otro modelo de sociedad. Sin embargo, en lo fundamental, ésta
no ha sido la respuesta a la crisis. El consenso petrolero nacional no ha sido
cuestionado sino en un terreno retórico. Los programas de gobierno del PSUV y
de la MUD en las últimas elecciones presidenciales, a pesar de las profundas
diferencias en todos los demás temas, ofrecieron duplicar la producción
petrolera para llevarla a 6 millones de barriles diarios para el año 2019. En
otras palabras, lo que ambos vislumbraban como futuro para Venezuela era la
profundización del rentismo.
Más allá de la poco probable
recuperación significativa de los precios del petróleo en el mercado
internacional, ¿de que le sirve al país contar con las mayores reservas de
hidrocarburos del planeta si por lo menos 80% de estas reservas tienen que
permanecer bajo tierra si queremos tener alguna probabilidad de evitar transformaciones
climáticas catastróficas que pondrían en peligro la vida humana?
En la actual coyuntura, el
énfasis casi exclusivo de la oposición ha estado en la necesidad de salir del
gobierno del Presidente Maduro como condición para regresar a la normalidad del
orden ¿neoliberal? interrumpida por el proceso bolivariano. Por parte del
gobierno, aparte de múltiples medidas inconexas que reflejan más improvisación
que capacidad de reconocer la situación actual del país, la respuesta más
importante ha sido la proclamación de un nuevo motor de la economía, la
minería, con lo cual se pretende reemplazar al rentismo extractivista
petrolero, por un rentismo extractivista minero.
El 24 de febrero del año
2016, mediante decreto presidencial, Nicolás Maduro decidió la creación de
una Nueva Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del
Orinoco”,[45] abriendo casi 112 mil kilómetros
cuadrados, 12% del territorio nacional, a la gran minería para la explotación
de oro, diamantes, coltán, hierro y otros minerales. De acuerdo al Presidente
del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, el gobierno ya ha suscrito
alianzas y acuerdos con 150 empresas nacionales y transnacionales, “quienes, a
partir de entonces, podrán ejecutar labores de exploración, para certificar las
reservas minerales, para luego pasar a la fase de explotación de oro, diamante,
hierro y coltán”.[46] Se desconoce cuáles son estas
empresas y el contenido de estos acuerdos.
La explotación minera, sobre
todo en la extraordinaria escala que se contempla en el Arco Minero del
Orinoco, significa obtener ingresos monetarios a corto plazo, a cambio de la
destrucción socio-ambiental irreversible de una significativa proporción del
territorio nacional y el etnocidio de los pueblos indígenas habitantes de la
zona. Esta área cubre selvas tropicales húmedas de la Amazonía venezolana,
grandes extensiones de sabanas de frágiles suelos, una extraordinaria
biodiversidad, críticas fuentes de agua. Todo esto por decisión presidencial,
en ausencia total de debate público, en un país cuya Constitución define a la
sociedad como “democrática, participativa y protagónica, multiétnica y
pluricultural”, y en carencia total de los estudios de impacto ambiental
exigidos por el orden jurídico vigente.
Lejos de representar una
mirada alternativa a la lógica rentista que ha predominado en el país durante
un siglo, expresa este decreto una decisión estratégica de profundizar el
extractivismo y acentuar la lógica rentista. El mineral a explotar en el cual
el gobierno ha hecho más énfasis ha sido el oro. De acuerdo al Ministro de
Petróleo y Minería y Presidente de PDVSA, Eulogio Del Pino, se estima que las
reservas auríferas de la zona serían de 7.000 toneladas, lo que a los precios
actuales representaría unos 280.000 millones de dólares.[47]
No hay tecnología de minería
en gran escala que sea compatible con la preservación ambiental. Las
experiencias internacionales en este sentido son contundentes. En regiones
boscosas, como buena parte del territorio del Arco Minero, la minería en gran
escala, a cielo abierto, produciría necesariamente procesos masivos e
irreversibles de deforestación. La rica biodiversidad de la zona sería
severamente impactada, generándose la pérdida de numerosas especies. Los
bosques amazónicos constituyen una defensa vital en contra del calentamiento
global que afecta al planeta. La deforestación de estos bosques implica
simultáneamente un incremento de la emanación de gases de efecto invernadero y
una reducción de la capacidad de dichos bosques de absorber/retener dichos
gases, acelerando así el calentamiento global. Por ello, las consecuencias de
estas acciones transcienden en mucho al territorio nacional. En lugar de
otorgarle prioridad a la necesidad urgente de frenar los actuales procesos de
destrucción de bosques y cuencas generados por la explotación ilegal del oro,
con la presencia de grupos paramilitares que controlan importantes extensiones
de territorio, con la legalización y promoción de las actividades mineras en
gran escala contempladas en el territorio del Arco Minero del Orinoco, se
produciría una fuerte aceleración de esta dinámica devastadora.
Este proyecto constituye una
flagrante y generalizada violación de los derechos de los pueblos indígenas,
tal como estos están garantizados en el Capítulo VIII de laConstitución de la
República Bolivariana de Venezuela. Se violan igualmente los derechos
establecidos en los principales instrumentos legales referidos a éstos que han
sido aprobados por la Asamblea Nacional en estos años: Ley de demarcación
y garantía del hábitat y tierras de los pueblos indígenas (enero 2001) yLa
Ley Orgánica de pueblos y comunidades indígenas (LOPCI, diciembre 2005).
Entre estas violaciones destacan todas las normas de consulta previa e
informada que están firmemente establecidas tanto en la legislación venezolana
como internacional (Convenio 169 de la OIT) en los casos en que se
programen actividades que podrían impactar negativamente los hábitats de estos
pueblos. Dándole un nuevo zarpazo a la constitución nacional, se continúa
desconociendo la existencia misma de los Pueblos Indígenas, amenazándolos con
su desaparición como pueblos, ahora a nombre del Socialismo del Siglo XXI.
En el pasado, tanto en
Venezuela como en el resto del planeta, se le dio prioridad a la explotación de
minerales e hidrocarburos sobre el agua, asumiendo que se trataba de un bien
infinitamente disponible. Fueron muchas y de catastróficas consecuencias las
decisiones que basadas en este supuesto de disponibilidad sin límites al agua
se tomaron en diferentes países del mundo. El ejemplo más dramático en
Venezuela es el del Lago de Maracaibo, el lago de agua dulce de mayor extensión
de América Latina. Como consecuencia del canal de navegación abierto para la
entrada de buques petroleros, la contaminación agroquímica y la descarga de
aguas cloacales sin tratamiento, lenta pero seguramente, durante décadas se ha
venido matando este vital reservorio de agua. ¿Está la sociedad venezolana
dispuesta a repetir esta catástrofe ambiental, está vez en las cuencas de los
ríos Caura, Caroní y Orinoco, en la Amazonía venezolana? La zona del territorio
venezolano al sur del Orinoco constituye la mayor fuente de agua dulce del
país. Los procesos de deforestación previsibles con la actividad minera en gran
escala inevitablemente conducirán a una reducción de estos caudales.
Uno de los fenómenos de
mayor impacto sobre la vida de los habitantes del territorio venezolano en los
últimos años ha sido el de las sucesivas crisis eléctricas, debidas en parte a
la reducción del caudal del Caroní, río cuyas represas hidroeléctricas generan
hasta 70% de la electricidad que se consume en el país. A las alteraciones
generadas por el cambio climático, la minería en gran escala en el territorio
del Arco Minero del Orinoco contribuiría directamente a la reducción de la
capacidad de generación de electricidad de estas represas. En primer lugar, por
la reducción del caudal de los ríos de la zona impactada por estas actividades.
Igualmente, la minera río arriba, al reducir la capa vegetal de las zonas
circundantes, inevitablemente incrementaría los procesos de sedimentación de
éstas. Con ello se reduciría progresivamente su capacidad de almacenamiento y
su vida útil. Todas las represas hidroeléctricas de este sistema del bajo
Caroní se encuentran dentro de los límites que han sido demarcados como parte
del Arco Minero del Orinoco.
En la explotación del Arco
Minero está prevista la participación de “empresas privadas, estatales y
mixtas”. El decreto contempla una variada gama de incentivos públicos a estas
corporaciones mineras, entre otras la flexibilización de normativas legales,
simplificación y celeridad de trámites administrativos, la no exigencia de
determinados requisitos previstos en la legislación venezolana, la generación
de “mecanismos de financiamiento preferenciales”, y un régimen especial
aduanero con preferencias arancelarias y para-arancelarias a sus importaciones.
Contarán igualmente con un régimen tributario especial que contempla la
exoneración total o parcial del pago del impuesto sobre la renta y del impuesto
de valor agregado.
En la explotación del Arco
Minero está prevista la participación de “empresas privadas, estatales y
mixtas”. El decreto contempla una variada gama de incentivos públicos a estas
corporaciones mineras, entre otras la flexibilización de normativas legales,
simplificación y celeridad de trámites administrativos, la no exigencia de
determinados requisitos previstos en la legislación venezolana, la generación
de “mecanismos de financiamiento preferenciales”, y un régimen especial aduanero
con preferencias arancelarias y para-arancelarias a sus importaciones. Contarán
igualmente con un régimen tributario especial que contempla la exoneración
total o parcial del pago del impuesto sobre la renta y del impuesto de valor
agregado.
Artículo 25. Ningún interés
particular, gremial, sindical, de asociaciones o grupos, o sus normativas,
prevalecerá sobre el interés general en el cumplimiento del objetivo contenido
en el presente decreto.
Los sujetos que ejecuten o
promuevan actuaciones materiales tendentes a la obstaculización de las
operaciones totales o parciales de las actividades productivas de la Zona de
Desarrollo Estratégica creada en este decreto serán sancionados conforme al
ordenamiento jurídico aplicable.
Los organismos de seguridad
del estado llevarán a cabo las acciones inmediatas necesarias para salvaguardar
el normal desenvolvimiento de las actividades previstas en los Planes de la
Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, así como la
ejecución de lo dispuesto en este artículo.
Son extraordinariamente
graves las consecuencias de esta “Prevalencia del interés general sobre
Intereses particulares”. Se entiende por “interés general”, la explotación
minera tal como ésta está concebida en este decreto presidencial. Toda otra
visión, todo otro interés, incluso la apelación a la Constitución, pasa a ser
definido como un “interés particular”, y por lo tanto sujeto a que los
“organismos de seguridad del Estado” lleven a cabo “las acciones inmediatas
necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las actividades
previstas” en el decreto. Pero, ¿cuáles son o pueden ser los intereses
denominados aquí como “particulares”? El decreto está redactado en forma tal
que permite una amplia interpretación. Por un lado, señala expresamente como
“particulares” los intereses sindicales y gremiales. Esto puede, sin duda,
conducir a la suspensión, en toda la zona, de los derechos de los trabajadores
contemplados en la Constitución, y en la Ley Orgánica del Trabajo, los
Trabajadores y las Trabajadoras. ¿Implica esto igualmente que los derechos
“gremiales”, y por lo tanto “particulares” de los periodistas de informar sobre
el desarrollo de las actividades mineras quedan suspendidos?
¿Qué implicaciones tiene
esto para quien, sin duda, sería el sector de la población más afectado por
estas actividades, los pueblos indígenas? ¿Serían las actividades en defensa de
los derechos constitucionales de dichos pueblos llevadas a cabo por sus
organizaciones, de acuerdo a “sus normativas” entendidos igualmente como
“intereses particulares” que tendrían que ser reprimidos si entrasen en
contradicción con el “interés general” de la explotación minera en sus
territorios ancestrales?
Todo esto es aún más
preocupante si se considera que solo dos semanas antes del decreto de creación
de la Zona de desarrollo del Arco Minero, el Presidente Nicolás Maduro decretó
la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas
y de Gas (Camimpeg), adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa.[48] Esta empresa tiene atribuciones de
amplio espectro para dedicarse “sin limitación alguna” a cualquier actividad
relacionada directa o indirectamente con actividades mineras, petrolíferas o de
gas. Con la previsible participación de esta empresa en las actividades del
Arco Minero, la Fuerza Armada lejos de representar la defensa de un hipotético
“interés general” en la zona, tendrán un interés económico directo en que las
actividades mineras no confronten ningún tipo de obstáculo. Estarían, de
acuerdo a este decreto, legalmente autorizadas para actuar en consecuencia.
De hecho, por la vía de un
decreto presidencial, nos encontramos ante la suspensión de la vigencia de la
Constitución del año 1999 en 12% del territorio nacional. Esto no puede sino
interpretarse como la búsqueda de un doble objetivo. En primer lugar, otorgarle
garantía a las empresas transnacionales, cuyas inversiones se busca atraer, de
que podrán operar libremente sin riesgo de enfrentarse a ninguna resistencia a
sus actividades. En segundo lugar, conceder a los militares un poder aún mayor
dentro de la estructura del Estado Venezolano, y con ello su lealtad al
gobierno bolivariano. Esto pasa por la criminalización de las resistencias y
luchas anti mineras.
En síntesis, un gobierno que
se auto denomina como socialista, revolucionario y anticapitalista, ha
decretado la subordinación del país a los intereses de grandes corporaciones
transnacionales mineras, un proyecto extractivista depredador que compromete el
futuro del país con previsibles consecuencias etnocidas para los pueblos
indígenas.
La reacción de diversos
sectores de la sociedad venezolana no se ha hecho esperar. Entre múltiples
foros, asambleas, movilizaciones y comunicados, destaca el “Recurso de nulidad
por ilegalidad e inconstitucionalidad con solicitud de medida cautelar del acto
administrativo general contenido en el Decreto [Del Arco Minero]”, introducido
ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el 31 de
mayo del 2016, por parte de un grupo de ciudadanos y ciudadanas.[49]
La lucha por la anulación
del decreto del Arco Minero es una expresión tanto de las luchas por un futuro
democrático, no-rentista capaz de vivir en armonía con la naturaleza, como por
abrir una brecha que permita ir más allá de la polarización infructuosa entre
el gobierno y la MUD en que la reflexión colectiva y el debate público siguen
atrapados.
Notas:
[1].
Este texto fue escrito como un insumo para los debates del Grupo Permanente de
Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo, impulsado por la Oficina Regional
Andina de la Fundación Rosa Luxemburg en Quito.
[2]. En
los meses de mayo y junio del 2016 se ha dado una lenta recuperación de los
precios del petróleo, acercándose el crudo venezolano a los $40, muy por debajo
del precio requerido para lograr un equilibrio presupuestario.
[3]. De
acuerdo al ex-Ministro del gobierno del Presidente Chávez, Héctor Navarro,
“unos 300 millardos de dólares del billón de dólares ingresado entre 2003 y
2012 han desaparecido de las arcas de la nación, sin haberse castigado a los
responsables.” Mayela Armas, “Héctor Navarro: ‘Esto no es socialismo… es
vagabundería. Fracasó el capitalismo de estado y la corrupción’”Aporrea,
Caracas 12 de diciembre 2015.
[4].
Banco Central de Venezuela, Resultados del índice nacional de precios al
consumidor, producto interno bruto y balanza de pagos, Caracas, 18 de febrero
2016.
[5].
“CEPAL pronostica que economía venezolana se contraerá 7% este año”, El
Nacional, Caracas, 8 de julio 2016.
[7]. En
realidad no hay acceso público transparente al las cifras sobre la deuda. Esta
tiene diversos componentes, entre otros la deuda de PDVSA y la deuda que se
define como interna pero que tiene que ser pagada en dólares
[9].
Instituto Nacional de Estadísticas, Cuadro 1. Índice Nacional de Precios al
Consumidor. Variaciones porcentuales, 2008 – Diciembre 2015.
[10].
Reconocimiento de la FAO a Venezuela, Oficina Regional de la FAO para América
Latina y el Caribe, Roma, 26 de junio 2013.
[11].
Instituto Nacional de Estadísticas, Encuesta de seguimiento al consumo de
alimentos (esca) Informe Semestral Segundo semestre 2012 al Primer semestre
2014.
[13].
Una elevada proporción de la energía eléctrica del país es hidroeléctrica. El
gobierno le atribuye la crisis eléctrica exclusivamente al fenómeno del El
Niño. La sequía, sin dudas, tiene un alto impacto pero no basta para explicar
la profundidad de la crisis. Son igualmente importantes la devastación de las
cuencas de los ríos de la Amazonía venezolana como consecuencia de la
explotación del oro por parte de miles de mineros informales, y la ausencia de
las previsiones, e inversiones necesarias para contar con modalidades
alternativas de generación eléctrica cuando este fenómeno de carácter cíclico
volviese a repetirse. Han sido prácticamente inexistentes las inversiones en
energías renovables.
[14]. Es
tal la velocidad con la cual están ocurriendo las cosas en Venezuela hoy que
todas las estadísticas citadas en el texto están necesariamente atrasadas
en relación a la cambiante realidad.
[15]. Encuesta
sobre Condiciones de Vida en Venezuela. ENCOVI, Pobreza y Misiones Sociales
Noviembre 2015, Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Central de
Venezuela, Universidad Simón Bolívar y otras instituciones. Caracas 2016.
[16].
Este estudio, como todos los que se realizan en Venezuela en la actualidad,
presenta severos problemas metodológicos. Una significativa proporción de los
ingresos, así como de los consumos de la población venezolana ocurren hoy por
la vía de mecanismos informales, ilegales e incluso mafiosos, mecanismos que
están lejos de la transparencia. Es por lo tanto extraordinariamente difícil
tener acceso a información medianamente confiable.
[17].
“Pérez Abad anuncia restricción de divisas para cumplir deudas de PDVSA”,
Versión Final.com.ve, Caracas 16 de mayo 2016.
[18].
Pérez Abad estimó importaciones no petroleras 2016 en apenas $15
millardos, El Cambur, Caracas 12 de mayo, 2016.
[21]. De
acuerdo a Edmeé Betancourt, quien en ese momento presidía el Banco Central de
Venezuela, del total de $59.000 millones en divisas subsidiadas entregados solo
en un año, en 2012, unos $20.000 millones fueron entregados a “empresas de
maletín”, una “demanda artificial” “no asociada a actividades de producción”.
“Presidenta del BCV: Parte de los $59.000 millones entregados en 2012 fueron a
‘empresas de maletín'”, Aporrea/AVN – www.aporrea.org, Caracas 25 de
mayo 2013.
[23].
Muchos analistas coinciden en indicar que más que expresión de respaldo a la
MUD, muchos de cuyos candidatos no eran conocidos por los electores, esta
votación es la expresión plebiscitaria de un rechazo creciente al gobierno de
Nicolás Maduro.
[24].
Para evitar el ejercicio de esta mayoría calificada que le permitiría a la
oposición tomar la mayor parte de las decisiones en la Asamblea sin tener que
negociar con los representantes del gobierno, el Ejecutivo, a través del
Consejo Nacional Electoral y con el apoyo complaciente del Tribunal Supremo de
Justicia, decide desconocer los resultados del Estado Amazonas, reduciendo así
el número de representantes de la oposición de 112 a 109.
[25].
Decreto N° 2.323, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de la
Emergencia Económica, dadas las circunstancias extraordinarias de orden Social,
Económico, Político, Natural y Ecológicas que afectan gravemente la Economía
Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N°
6.227 Extraordinario, Caracas 13 de mayo 2016.
[26].
Entre estas está la suspensión de elecciones sindicales (SIDOR) cuando no puede
garantizar resultados favorables, la negativa a reconocer el carácter de
partido de la organización políticaMarea Socialista, identificada con el
chavismo crítico, y con ello el bloqueo a su participación electoral.
Igualmente, como ya se señaló, el desconocimiento de los resultados de las
elecciones parlamentarias en el Estado Amazonas, y como veremos más adelante,
el bloqueo al referendo revocatorio.
[27].
The White House, Office of the Press Secretary. Executive Order – Blocking
Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation
in Venezuela, Washington, 9 de marzo 2015.
[28]. U.S State Department, Bureau of Counterterrorism and
Countering Violent Extremism,Country Reports on Terrorism 2015. Washington
2016.
[31].
Hinterlaces: “58 % quiere salida constitucional del Presidente Maduro”, El
Universal, Caracas, Caracas, 20 de marzo 2016.
[32].
Proyecto Integridad Electoral Venezuela, UCAB, Percepciones ciudadanas
sobre el sistema electoral venezolano y situación país, Caracas, abril 2016.
[34].
Universidad Católica Andrés Bello, Proyecto Integridad Electoral Venezuela,
Percepciones ciudadanas sobre el sistema electoral venezolano y situación país,
Caracas, abril, 2016.
[35].
Esta es, en todos los casos, la interpretación que formula el gobierno. Ejemplo
de esto son las declaraciones dadas por el Gobernador del Estado Sucre, Luis
Acuña. De acuerdo con él, los saqueos son parte de “un plan bien diseñado (por
la oposición venezolana) para generar zozobra”. “Venezuela: la resaca después
de dos días de saqueos generalizados en Cumaná”, El Nacional, Caracas, 17
de junio 2016.
[37].
Roberto Briceño-León, “Acuerdo Social. Justicia por mano propia”, Ultimas
Noticias, Caracas, 13 de junio 2016.
[38].
Artículo 68. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar,
pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley.
Se prohíbe el uso de armas
de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La
ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el
control del orden público.
[39]. Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 40.589, Caracas 27 de
enero de 2015.
[40].
“Artículo 43. El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer
la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. […]”, Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela.
Transcurrida la mitad del
período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no
menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la
correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo
para revocar su mandato.”
[42]. Un
paso más esta dirección la dio el PSUV al introducir ante el Tribunal Supremo
de Justicia un recurso de amparo para solicitar la suspensión de los procesos
del referendo argumentado que se habría cometido fraude en el proceso de
recolección de firmas. “PSUV introdujo recurso ante el TSJ contra el referéndum
revocatorio”, Contrapunto, 17 de junio 2016.
[43].
“Diosdado Cabello: Funcionarios públicos que firmaron no deberían seguir en sus
cargos”,Correo del Orinoco, 4 de mayo 2016; “Cabello: Empresarios que firmaron
no pueden trabajar con el Estado”, El Universal, Caracas 11 de mayo 2016.
[44]. De
acuerdo a una encuesta de marzo del año 2016 realizada por la Universidad
Católica Andrés Bello, “6 de cada diez venezolanos tiene poca o ninguna
confianza en el CNE. Sin embargo, 80% de los entrevistados consideran que los
resultados dados a conocer por el CNE después de las elecciones parlamentarias
reflejan la voluntad del pueblo y más de 95% considera que las elecciones son
el mecanismo mediante el cual deben resolverse los problemas del país.
Universidad Católica Andrés Bello, Proyecto Integridad Electoral
Venezuela, “Percepciones ciudadanas sobre el sistema electoral venezolano y
situación país”, Caracas, abril, 2016.
[46]. Agencia
Venezolana de Noticias, “Plan del Arco del Orinoco contempla industrializar
potencial minero nacional”, Caracas, 27 de febrero de 2016.
[47]. Agencia
Venezolana de Noticias, “Gobierno nacional prevé certificar en año y medio
reservas del Arco Minero Orinoco”, Caracas 25 de febrero, 2016.
[48].
Gaceta Oficial Nro. 40.845 correspondiente al 10 de febrero de 2016. Decreto Nº
2.231, mediante el cual se autoriza la creación de una Empresa del Estado, bajo
la forma de Compañía Anónima, que se denominará Compañía Anónima Militar de
Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), la cual estará adscrita
al Ministerio del Poder Popular para la Defensa.
[49].
“31 de Mayo: Introducido ante el TSJ Recurso de Nulidad contra el Decreto del
Arco Minero del Orinoco”, Aporrea, Caracas 1 de junio 2016.
Fuente: http://www.aporrea.org/energia/a230770.html#_ftn33
20-07-16
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