Por Alejandro Moreno
Dice la gente del barrio que
es más peligroso un policía que un malandro. Fruto de la experiencia. En lo que
llevamos de año se han multiplicado las denuncias de abusos policiales contra
el derecho a la vida de ciudadanos tanto delincuentes como inocentes. Ninguno
de los organismos de seguridad (¿?) se libra.
Entre febrero y marzo se dio
la orden de perseguir a sangre y fuego a los jefes de banda. Cayeron muchos,
grandes, medianos y pequeños, se llamaran pranes, volanteros, jefes o
simplemente malandros. Muchos inocentes también fueron ultimados porque se
parecían al que se buscaba, porque estaban en el lugar equivocado, porque
fueron vengativamente acusados de lo que no eran por algún enemigo o porque sí.
Se puede decir que, con muy pocas excepciones, ninguno fue sometido a juicio,
ninguno fue capturado, ninguno encarcelado. El que se defendió a tiros, a tiros
fue ejecutado. El que no se defendió porque no pudo, porque no quiso, porque
creyó en la justicia, siguió la misma suerte. Para Provea durante 2015 y lo que
llevamos de 2016 las violaciones a la integridad personal han aumentado en un
902%. “En este momento tenemos más de 700 ejecuciones extrajudiciales cometidas
desde la introducción de las OLP”, dijo su coordinador. La gente denuncia, pero
no pasa nada porque, como dijo un oficial por mí ya citado en otro artículo,
eso está hablado internamente. Lo más grave de todo esto es que la orden, el
permiso y la incitación a matar impunemente al que ha sido definido como
delincuente libera en el agente policial peligrosas tendencias a ir más allá de
esos límites oficiales, ilícitos pero límites, e incursionar en el campo
abierto del malandraje. Y esto además sin pudor y en banda. Así, en Vargas,
hace pocos días, es sólo un caso, de la manera más cruel, tres policías mataron
a un barbero y lo arrojaron por un barranco. Nada del otro mundo
desgraciadamente. Sin embargo, lo más preocupante es que un contingente de
cincuenta funcionarios, en solidaridad con los asesinos, agredió por dos veces
el cortejo fúnebre lesionando y deteniendo a varios de los participantes. Las
bandas malandras ahora son también de policías.
El muy serio periodista de
investigación Javier I. Mayorca, nos asusta con dos análisis bien sustentados:
uno de la FAN y otro del Sebin señalando en el primero el aumento significativo
de casos penales en los que están involucrados funcionarios militares y el
segundo indicando que a ese organismo nadie lo controla.
Con policías y militares
así, ¿quién garantiza nuestra seguridad?
ciporama@gmail.com
04-10-16
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