Por Vladimir Villegas
Ya varios voceros de la
oposición, entre ellos el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, y el
secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús
Torrealba, han venido denunciando que se prepara lo que han denominado el
asesinato del referendo revocatorio, iniciativa que ha venido impulsando el
bloque de partidos desde el mes de abril.
Si llegara a adoptarse una
decisión judicial que declare nulo todo el proceso, por un presunto fraude en
la recolección de las firmas, Venezuela entraría en una dinámica más complicada
de la que ya estamos viviendo. Se habrá cerrado la puerta a una resolución
pacífica de la crisis política que padecemos desde hace unos años. Si tienen
razón, Ramos Allup, Torrealba y todos los que han venido vaticinando que el
Tribunal Supremo de Justicia hará caso de las demandas del Partido Socialista
Unido de Venezuela, pues quedará sin lugar el proceso de manifestación de
voluntad de convocar la consulta, previsto para los días 26, 27 y 28 de
octubre, al cual, sin duda alguna, el gobierno le teme porque dejaría ver las
dimensiones del gran descontento nacional.
No sabemos si en realidad la
dirigencia de la oposición tiene eso que llaman un Plan B en caso de que
efectivamente el referendo revocatorio pase a ser un difunto. Ese es un asunto
que ellos tendrán que resolver. Pero es indudable que una decisión que conlleve
la anulación de ese proceso de participación ciudadana colocaría a la MUD y a
sus líderes ante el mayor de los retos: lograr por la vía pacífica y
democrática que las instituciones atiendan el clamor de una población que todos
los días espera pacientemente la hora de manifestar su punto de vista sobre la
permanencia o no en el poder del actual presidente, Nicolás Maduro.
Si se cierra la puerta a una
vía que pueda conducir a resolver constitucional y democráticamente nuestras
diferencias como sociedad podríamos abrir una ventana hacia el precipicio de
una confrontación con otras características. Lo hemos venido alertando desde
hace tiempo, y en ello hemos coincidido con no pocos venezolanos que temen lo
mismo. Hasta en el chavismo hay sectores que ven el referendo como una
posibilidad incluso para la supervivencia de esa fuerza que hoy es gobierno
pero que en la realidad ha perdido gran parte del apoyo popular que atesoró
Hugo Chávez. Pero parece estar prevaleciendo una línea dura, la de aliñar la
actual crisis con el cierre de los caminos hacia la solución pacífica, y con
otro ingrediente que en el pasado sufrió en carne propia parte de la dirigencia
roja rojita: la represión.
Cerrar puertas y reprimir.
Hacer uso del poder del gobierno para imponer decisiones judiciales de dudosa
constitucionalidad y legalidad pueden correr una arruga que ya es casi una liga
elástica. ¿Y si esa liga se revienta y entramos en el escenario irracional
menos deseado? Preferible correr el riesgo de caer en la categoría de profeta
del desastre que guardar en nuestros adentros la angustia por tanta
irresponsabilidad política de quienes dicen actuar en nombre de la carta magna
que muchos de ellos firmaron, cuando en realidad lo que vienen haciendo es
convirtiéndola en letra muerta.
Si se anula la posibilidad
de hacer referendo, estaríamos ante la dura realidad de que en Venezuela puede
más el temor a la pérdida del poder que el Estado de Derecho y de justicia.
Ojalá Ramos Allup y Chúo Torrealba estén equivocados y queden como meras especulaciones
los anuncios sobre una posible anulación del proceso para la convocatoria del
referendo. No es de demócratas usar las instituciones a su antojo para impedir
la expresión de la voluntad popular. Tarde o temprano esta conducta, que hoy
parece salirle barata a quienes controlan el poder, se transformará en una
costosa factura política. No importa si creen que los actos indebidos no traen
consecuencias.
11-10-16
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