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domingo, 16 de abril de 2017

Breve compendio para entender la crisis política de Venezuela por @eleconomista



¿Qué hay detrás de la enésima crisis política en Venezuela? El portal de noticias venezolano El Estímulo ofrece, a modo de diccionario, un conjunto de nombres y términos clave que ayuden a comprender la coyuntura por la que atraviesa el país.

Un “golpe de Estado” sin movilización de tanquetas ni ruidos de bayonetas. Medios que no informan sobre las protestas que van escalando en violencia. Siete magistrados del Supremo que deciden por los parlamentarios electos. Un Gobierno que denuncia complot y se escuda en la represión. Países que alertan por la ruptura del orden constitucional pero que se resisten a calificar al Presidente de dictador. ¿Qué hay detrás de la enésima crisis política en Venezuela? Ofrecemos respuestas a modo de diccionario.

A

Arrechera: La Real Academia Española define la palabra coloquial venezolana como una indignación violenta. Precisamente, ese es el sentimiento con el que miles de opositores se han lanzado a las calles para expresar su descontento contra Maduro y las decisiones del Tribunal Supremo. A pesar de la represión militar y policial, los disidentes están convencidos de que llegó la hora para dar un cambio político en Venezuela.

Almagro, Luis: Es uno de los protagonistas de la crisis. Desde 2016, el excanciller de Uruguay solicitó la activación de la Carta Interamericana por la violación de principios democráticos en el país. El chavismo acusa a Almagro de extralimitar sus funciones y de atender a una campaña internacional para afectar a Venezuela.


B

Bolivia: País cuyo gobierno es uno de los principales aliados del chavismo. La representación boliviana ocupa desde abril la presidencia del Consejo Permanente de la OEA en la que juega un papel clave en el proceso de activación de la Carta Interamericana Democrática. Analistas consultados por El Estímulo advierten que el gobierno de Evo Morales podrá retrasar con artilugios burocráticos esa petición.

Borges, Julio: Es el presidente de la Asamblea Nacional (AN), el único poder controlado por la oposición luego de haber ganado las elecciones legislativas de 2015. Borges asegura que el Gobierno debe convocar a elecciones y respetar la institucionalidad al parlamento para dar salida a la crisis.

Brujas: Es el término despectivo que usan los manifestantes de la oposición para llamar a los agentes de la Policía Nacional Bolivariana y a la Guardia Nacional que reprimen las manifestaciones con bombas lacrimógenas, gas pimienta, chorros de agua, porrazos y perdigones.

C

Cacerolazo: El sonar de las cacerolas identifica el descontento contra Maduro en las calles. El antichavismo ha usado por años este recurso, que nació a finales de los años 80 contra el expresidente Carlos Andrés Pérez. En las últimas semanas, los cacerolazos trascendieron de las casas a las calles, donde se utilizan postes, barandas y santamarías.

Capriles, Henrique: El dos veces candidato presidencial y el gobernador de Miranda es figura clave en el conflicto. Su activa participación en las marchas y sus decididas acciones para denunciar el autogolpe judicial de Maduro fueron cobradas por una inhabilitación por 15 años impuesta por la Contraloría General. La medida frena en seco la postulación de Capriles para las presidenciales de 2018, en momentos que el oficialismo vive sus horas más bajas.

Carta Democrática Interamericana: Es un mecanismo simbólico, que se convirtió en un activo moral para la oposición venezolana. Con la activación de este recurso se contempla la suspensión temporal del Estado miembro en la OEA. Para que ello se materialice se requiere del voto de los dos tercios de los Estados que conforman el bloque.

Censura: La cobertura mediática juega un rol especial en esta crisis. Ningún canal tradicional ha transmitido en vivo las marchas. Tras el golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002, el oficialismo ha comprado o intimidado a los medios más populares para enfrentar lo que considera una “guerra mediática”. En especial con las televisoras privadas que han domesticado sus labores informativas, según denuncian diferentes ONG.

Codena: Es el nombre como se conoce al Consejo de Defensa de la Nación. Maduro busca dar salida a la crisis con esta instancia de consulta del Ejecutivo en asuntos relacionados con la defensa integral de la nación y soberanía. El organismo, integrado en su totalidad por funcionarios del Gobierno, sirve como “tribunal de apelaciones” del Supremo y no tiene la potestad de dirimir la ruptura del orden constitucional, denunciaron los juristas Alberto Arteaga y Juan Manuel Rafalli.

Colectivos: Nombre que se le da al grupo de paramilitares afines al chavismo, que se despliegan armados por las ciudades. Sus detractores los acusan de intimidar y agredir a los manifestantes que participan en las protestas. Estos grupos usan motos (aunque se los han visto en taxis blancos que asigna el Gobierno) y han actuado con impunidad contra algunos diputados de la oposición.

Contramarchas: Es la respuesta del chavismo a las movilizaciones de la oposición. Se realizan en el centro de Caracas, sede de varios ministerios y el palacio de Gobierno, bajo un estricto cordón de seguridad y el despliegue de funcionarios de organismos del Estado.

D

Desacato: Ese término determina el origen de la crisis. La sentencia 158 del Supremo dictamina que la Sala Constitucional asume las funciones del legislativo mientras persista el desacato que mantiene desde el 5 de enero de 2016 cuando juramentó a tres diputados del estado Amazonas, cuya elección el 6 de diciembre de 2015 fue impugnada por supuesto fraude. El TSJ advierte que la Asamblea Nacional saldrá de esta irregularidad cuando desincorpore a los parlamentarios y llame a elección de una nueva junta directiva, cuestionada por la bancada oficialista.

E

Empresas mixtas: El conflicto entre el Supremo y la Asamblea Nacional surgió con una de las sentencias de la Sala Constitucional sobre un recurso de interpretación referente a la constitución de empresas mixtas petroleras con las trasnacionales que operan en la Faja Petrolífera del Orinoco. Según la interpretación, el Ejecutivo puede ignorar el aval del legislativo que obliga la Ley de Hidrocarburos para crear esas asociaciones y obtener inversiones en momentos de crisis de liquidez.

F

Fuerza: Las múltiples denuncias sobre el orden constitucional ha lanzado a la oposición de nuevo a las calles con un músculo similar a las gigantescas movilizaciones, que acumuló en septiembre de 2016 cuando buscaba un referendo para sacar a Maduro del poder. Decenas de miles de personas han tomado calles, avenidas y autopistas a lo largo del país.

G

Golpe jurídico: La disolución de facto de la Asamblea Nacional por la vía jurídica ha sido calificada como un “golpe” por sectores de la oposición dentro y fuera de Venezuela. La usurpación de los poderes del legislativo por el Supremo es conocida popularmente como el Madurazo.

I

Impasse: Así es como el oficialismo califica a la crisis generada por las sentencias del Supremo. El término lo usó Maduro luego que la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, calificara como “ruptura del orden constitucional” la decisión de suplantar las funciones de 165 diputados por parte de siete magistrados de la Sala Constitucional. El Gobierno trata de resolver el ‘impasse’ en el Consejo de Defensa de la Nación (Codena).

J

Jóvenes: Son los más activos en las calles y son blancos de la represión de las autoridades y el accionar de los colectivos. Los más radicales están enmascarados y no dudan enfrentarse con piedras y cócteles molotov a los uniformados. Algunos de ellos violentaron la sede de la Magistratura tras disparos detonados en ese recinto. Diputados que no pasan los 35 años de edad son los más activos en las denuncias de golpe por Maduro.

L

Lacrimógenas, bombas: Es el arma más utilizada por la policía para disolver las protestas. Manifestantes acusan a los agentes de utilizar bombas vencidas en zonas residenciales.

M

Maduro, Nicolás: Cuestionado en el plano internacional y jaqueado por la crisis económica, el presidente venezolano asume la coyuntura con una impopularidad del 78%, según la reciente encuesta de la firma Venebarómetro. Maduro ha optado por denunciar un complot internacional para sacarlo del poder y utilizar a su aparato de seguridad para reprimir a los opositores en las calles. El sucesor de Hugo Chávez niega que se escude en el Tribunal Supremo para plantar cara a sus disidentes.

Marchas: La presión en la calle es la mayor carta de la oposición ante la crisis. Desde que aparecieron las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, partidos y diputados disidentes al presidente Nicolás Maduro han participado en varias marchas en todo el país que han terminado en violentos enfrentamientos, heridos, decenas de detenidos, asfixiados por bombas lacrimógenas y un joven de 19 años muerto por el balazo de un policía.

Militarización: El Gobierno prefiere sacrificar la movilidad en Caracas por la seguridad. Tanquetas, piquetes y barricadas de policías y militares suelen bloquear las principales entradas de la ciudad cuando se anticipa una movilización opositora. También se acostumbra a cerrar, sin previo aviso y bajo argumentos de seguridad, las estaciones del Metro capitalino por donde el antichavismo pretende movilizarse.

O

OEA: La Organización de Estados Americanos es el centro del pulso internacional de la crisis. Los 35 países que integran el bloque debaten la activación de la Carta Democrática contra el Gobierno. Este recurso ha sido solicitado por el secretario del mecanismo, Luis Almagro, quien exige convocar elecciones, liberar presos políticos y aceptar ayuda humanitaria en Venezuela. Maduro no descarta salirse de la organización a la que cuestiona su pasado y su cercanía “con el imperialismo”.

Orden Constitucional: Los fallos que dieron la estocada final a la Asamblea Nacional por el chavismo son calificados como la ruptura del orden constitucional por organizaciones como Mercosur, la OEA y la Unión Europea, así como la Fiscal General. Sin embargo, las declaraciones se resisten aún a acusar a Nicolás Maduro de dictador y su gobierno de representar una tiranía, tal como denuncia la oposición.

Ortiz Bustamente, Jairo: Es la primer víctima mortal de las protestas opositoras. El joven, de 19 años de edad, recibió un disparo en el pecho por un policía en Carrizal, a las afueras de Caracas. El asesinado “no se encontraba involucrado en ninguna manifestación pública ni en hechos de violencia”, explicó el ministerio del Interior en un comunicado.

P

Periodistas: Los comunicadores han sufrido las consecuencias de la intolerancia política. Deben cubrir las protestas con cascos, chalecos antibalas y máscaras de gas. Ipys Venezuela, ONG sobre libertad de expresión, precisó que en 11 días, 39 trabajadores de medios resultaron heridos o agredidos: 21 reporteros, 10 reporteros gráficos, 5 corresponsales extranjeros. La imagen de la corresponsal Elyangélica González arrastrada y golpeada por un grupo de militares refleja la brutalidad con la que se ha actuado contra algunos periodistas.

R

Redes sociales: Es el recurso que utilizan los opositores para trasmitir datos, videos y fotos sobre lo que acontece en las calles. Redes como Twitter o Instagram son usadas para buscar información en medio del apagón informativo impuesto por el Gobierno. Las señales de las páginas web de Vivo Play, VPI Televisión y Capitolio TV, que trasmiten en vivo las protestas y las actividades del Parlamento a través de Internet, fueron bloqueadas por las autoridades.

S

Saab, Tarek William: Es el Defensor del Pueblo. Más de cien ONG en Venezuela solicitaron su renuncia por desestimar las denuncias de “golpe jurídico” y mostrar una posición a favor del Ejecutivo. William Saab, exgobernador del chavismo, ocupa la presidencia del Poder Moral Republicano, un cuerpo integrado por tres organismos del Estado: Contraloría, Defensoría y Fiscalía. El funcionario tiene la llave, según la burocracia local, de remover a los magistrados y devolver las funciones del Parlamento. Naciones Unidas rebajó en 2016 a categoría dos a la Defensoría del Pueblo por su parcialización al Gobierno.

Sentencias 155 y 156: Son los números de las dos sentencias del Supremo que generaron la crisis. La primera, emitida el 28 de marzo, minimiza la inmunidad parlamentaria. La sentencia 156, emitida al día siguiente, establece que siete magistrados de la Sala Constitucional asumen las funciones del Parlamento mientras ese órgano se encuentre en desacato. Tras el rechazo de la comunidad internacional y de la Fiscal General por ambos fallos, el TSJ decidió enmendarlas. Pero “el golpe continúa” con la represión a diputados y el desconocimiento de las decisiones parlamentarias, asegura la oposición.

T

TSJ: Son las siglas del Tribunal Supremo de Justicia que emitió los fallos que, según la oposición, vulneran el equilibrio de poderes de Venezuela y dieron vía libre a Nicolás Maduro para dar un “golpe jurídico”, usurpando las funciones del legislativo. Los magistrados que componen el Supremo fueron electos por la antigua AN chavista sin cumplir con los requisitos legales. Muchos de ellos son exdiputados del oficialismo, abogados de familiares de funcionarios y abiertos simpatizantes del Gobierno, según ONG.

U

Unidad: La oposición luce una renovada versión en la crisis. Caras visibles dentro de la coalición Mesa de la Unidad Democrática, que habían mostrado distancia tras el fracaso de un diálogo con el Gobierno en 2016, marchan unidos y denuncian en una sola voz la ruptura del orden constitucional en Venezuela.

V

VTV: Son las siglas del canal estatal Venezolana de Televisión. Es la principal vitrina mediática del oficialismo, donde se trasmiten las 24 horas del día propaganda e informaciones parcializadas. Es allí donde los jerarcas de la revolución bolivariana tienen programas en horario estelar, donde lanzan acusaciones, amenazas y divulgan grabaciones sin orden judicial con el único objetivo de divulgar “la verdad”. La oposición está vetada en ese medio presidido por el ministro de Información, Ernesto Villegas.

Z

Zapatero, José Luis Rodríguez: El expresidente del gobierno español forma parte del grupo de mediadores del fracasado diálogo entre el Gobierno y la oposición a finales de 2016. La oposición lo acusa de estar parcializado a los intereses de Maduro. Sus últimas declaraciones en España generaron comentarios en Venezuela: se resistió a declarar a Leopoldo López como preso político y negó en calificar a las decisiones del Supremo como “golpe de Estado”.


Esta nota fue publicada originalmente en El Estímulo de Venezuela.

14-04-17