Por Gabriela Rojas y Claudia
Smolansky
La crisis política e
institucional que vive el país es consecuencia de la violación, por años,
de la separación de poderes, principio que caracteriza el Estado de Derecho
moderno y que garantiza el equilibrio en democracia.
La denuncia reiterada en
organismos internacionales de la falta de independencia de los poderes que
constituyen el Estado venezolano, en particular del Judicial, tuvo su expresión
más gruesa en las últimas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, en las
que se pone en papel la eliminación de una de las patas de la mesa del Estado,
el Poder Legislativo.
Abogados constitucionalistas y
analistas políticos consideran que las sentencias del jueves 30 de marzo no
significaron cambio alguno, sino que forman parte de una acción continuada que
el gobierno ha ejercido en el último año y medio. En el ajedrez de la política
el juego parece estar trancado. Una muestra de lo que podría considerarse un
error en esa materia o parte de la misma estrategia es la intención de
“corregir” las sentencias 24 horas después de dictadas. Las opciones jurídicas
para salir de la crisis institucional parecen estar agotadas, de acuerdo con
observadores. Creen que cualquier salida debe estar acompañada de la presión
social, esa que esta semana volvió a desbordar la autopista Francisco Fajardo
en Caracas.
“Antes teníamos un hilo de
nylon en el cuello, que si te movías te ahorcabas; ahora es un mecate que todos
podemos ver. Este tipo de sentencias ya existían, solo que estaban disfrazadas
en un lenguaje ambiguo con párrafos inentendibles. El TSJ siempre ha actuado en
el marco de la confusión. No puedes hablar de un cambio real, cuando se sigue
expresando que hay una Asamblea en desacato. Esto simplemente es una acción
continuada de lo que hemos visto en el último año y medio”, indica el abogado
constitucionalista Juan Manuel Raffalli.
El politólogo Luis Salamanca
señala que el desacato no aplica para ningún poder público, pues se trata de
una figura legal, mas no constitucional. Para que ocurra se debe desobedecer
una sentencia dictada por un juez de amparo, pero en este caso fue por un
supuesto fraude electoral con los tres diputados de Amazonas, que
posteriormente la misma Asamblea desincorporó.
Ese es apenas el origen del
laberinto de decisiones y actuaciones que desde diciembre de 2015 hasta la
fecha suman más de 20 episodios (ver infografía en la página 2) en los cuales
ha quedado de manifiesto el uso político de las instituciones, lo que ha
exacerbado la ingobernabilidad en el país durante el último año y medio,
precisamente desde que la oposición ganó la Asamblea el 6-D, logró la
mayoría simple y calificada y se convirtió en una posibilidad de constituir un
contrapeso real para el resto de los poderes.
La designación de los
magistrados del TSJ por una Asamblea saliente que sesionó de manera
extraordinaria un día antes de Navidad; los lapsos y procedimientos que fueron
obviados por los parlamentarios salientes, que ignoraron la obligatoriedad de
la participación del Poder Ciudadano y no recibieron objeción o llamado de
atención alguno por parte de estos representantes por ser excluidos del
proceso; la celeridad en las decisiones de los recién nombrados
magistrados, que emitieron sentencias fundamentales durante su período de
vacaciones decembrinas, un día antes de fin de año; la omisión del Poder
Electoral como garante de comicios que fueron calificados de fraudulentos sin
que el CNE demostrara la validez de ese proceso o convocara a nuevas
elecciones, y finalmente, como la serpiente que se muerde la cola, lo que
comenzó con la impugnación de los 3 diputados de Amazonas lleva 15 meses sin
una decisión formal del TSJ, el mismo que permitiría destrabar este ciclo
infinito de sentencias, decisiones y usurpaciones.
“Esto que hicieron los
magistrados es un delito de prevaricación, esto significa que un juez dicta una
sentencia injusta a sabiendas de que está siendo injusta y está ejerciendo mal
el derecho. No puede alegar que no sabes leer, la Constitución es muy
clara. Este delito es una causal de destitución de los magistrados”, sostiene
Salamanca.
Es aquí donde radica la nueva
piedra de tranca. A pesar de que las sentencias del TSJ fueron “revisadas y
corregidas”, el presidente de esta institución, Maikel Moreno, advirtió que una
Asamblea Nacional “en desacato” carece de legalidad para remover a los
magistrados, derecho constitucional que tiene el Poder Legislativo.
¿Quién rompe el hilo? A
las sentencias 155 y 156 que eliminaron la inmunidad parlamentaria y
suspendieron las atribuciones del Legislativo siguió una declaración de la
fiscal general, Luisa Ortega Díaz, que en otro país obedecería al ejercicio de
la independencia de los poderes, pero que en Venezuela fue calificada por el
presidente Nicolás Maduro de un “impasse”. Ortega Díaz afirmó el 31 de marzo,
en la presentación de su informe de gestión, que con las decisiones del TSJ
“hubo una ruptura del orden constitucional”.
A pesar de que por primera vez
la fiscal general reconoció la actuación inconstitucional de la cabeza del
Poder Judicial, desde que la nueva Asamblea Nacional tomó posesión en enero de
2016, otras actuaciones de ese y otros poderes han incurrido en la misma
inconstitucionalidad.
En enero de este año, el
presidente Nicolás Maduro presentó su memoria y cuenta ante el TSJ y no en el
Parlamento como establece la Constitución. En enero de 2016 el
mandatario firmó un decreto de emergencia económica y de excepción “para
avanzar en las acciones y planes para la estabilización económica del país y
blindar los derechos sociales de los venezolanos” con numerosas prórrogas sin
la aprobación del Poder Legislativo. El artículo 138 de la carta magna estipula
que “toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos” y especifica en
el artículo 139 que “el ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad
individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución
o de la ley”.
El TSJ usurpó otra de las
funciones del Parlamento al designar a los rectores del CNE alegando que las
actuaciones del Poder Legislativo carecen de “validez, eficacia y existencia
jurídica por el desacato interrumpido que mantiene con el Poder Judicial”.
“Ningún camino que implique la
cooperación de otras instituciones va a tener viabilidad. No hay instituciones
independientes y autónomas que arbitren ese conflicto, no van a jugar con
reglas legales, van a jugar desde la óptica de la conveniencia política. Las
únicas salidas posibles son aquellas que van acompañadas de la presión política
combinada con la presión internacional, pero siempre dependerá más de la
presión interna”, señala el director del Centro de Estudios Políticos
de la Universidad Católica Andrés Bello, Benigno Alarcón.
Al abogado constitucionalista
José Ignacio Hernández también le cuesta ver una salida jurídica cuando el
principal filtro es la Sala Constitucional. “En países con
situaciones de conflicto puedes resolver a través del árbitro judicial, como fue
el caso de Dilma Rousseff o Carlos Andrés Pérez, o por vía electoral, que
tampoco está garantizado hasta la fecha, o por los militares, que no se han
atrevido a rebelarse. Por ello, hay que ejercer la soberanía directa desde la
calle”.
Líderes en la calle
El director de la encuestadora
Delphos, Félix Seijas, señala que de acuerdo con sondeos recientes la
voluntad de la gente de protestar no ha disminuido. Pero asegura que las altas
expectativas sin cumplir que generó la Mesa de la Unidad
Democrática (MUD) han cavado el hoyo de la desesperanza y desmotivación.
“En cualquier movimiento de resistencia pacífica debe establecerse una
estrategia, entrenamiento y estructura, y se deben evitar convocaciones
espontáneas”.
Seijas destaca que es
significativo y pudiera actuar como factor diferenciador del resto de las
protestas ocurridas desde que Maduro asumió la presidencia que en la marcha del
martes 4 de abril, y también en la del jueves 6, los dirigentes
políticos de oposición y los diputados fueron los primeros en
enfrentarse a los guardias nacionales y policías.
“El grueso de la clase D y E
de este país entiende que no hay separación de poderes, que hay un gobierno
fuerte que hace lo que le da la gana, pero también entiende que no hay un
contrapeso; es decir, una organización de oposición que pueda combatir ese
Estado autoritario. Entonces el venezolano siente que vale poco como agente de
cambio y ahí surge un problema de autoestima en la sociedad, que considera que
no puede luchar con algo tan grande si no tiene una organización que lo
conduzca”, expresa el analista.
Los sondeos de Delphos indican
que 60% de los venezolanos asegura que si se cumplen las condiciones, están
dispuestos a ejercer presión social. “La única arma de la oposición es la
presión social. Es la manera como que se puede crear fisuras en el poder. El
Estado le tiene mucho miedo a la calle, crea instancias paralelas de choque
como los colectivos para bajar el costo de la represión para la Fuerza
Armada Nacional. Mientras más tensión social observen los militares, más
se cuestionarán si realmente deben disparar a decenas de personas”, dice
Seijas.
09-04-17
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