Por Pedro Pablo Peñaloza
Tareck El Aissami se
encuentra y comparte un espacio con Walid Makled. Todo por culpa del
Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que el lunes 13 de febrero incluyó
al Vicepresidente de la República en la lista negra de
la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), donde ya
estaba ubicado el famoso capo de la droga.
“El Aissami recibió dinero por
facilitar el transporte de narcóticos propiedad del narcotraficante venezolano Walid
Makled García. El Aissami también está vinculado a la coordinación de envíos de
narcóticos al violento cartel mexicano Los Zetas, así como a la protección del
capo narcotraficante colombiano Daniel Barrera Barrera y del narcotraficante
venezolano Hermágoras González Polanco”, aseguró en su informe el Gobierno
norteamericano, que también sancionó al empresario Samarck López Bello, a quien
identificó como el “principal testaferro” del exgobernador del estado Aragua.
El caso Makled, con su
alargada sombra, se posa otra vez sobre los nombres de altos jerarcas del
régimen chavista. Funcionarios que estuvieron involucrados en la operación que
concluyó con la detención e incautación de los bienes de “el Turco”, hoy ocupan
puestos clave en el frente de la lucha contra el tráfico de drogas.
Por órdenes del presidente
Nicolás Maduro, El Aissami y el ministro de Relaciones Interiores, Néstor
Luis Reverol Torres, se encargan de combatir la criminalidad en el país.
Sin embargo, así como coinciden en tareas, también han compartido acusaciones.
Antes de caer en las manos de la justicia bolivariana en mayo de 2011 –y, en
consecuencia, en el más absoluto silencio- Makled prendió el ventilador contra
ambos.
En sendas entrevistas
publicadas por el diario El
Nacional en octubre de 2010, el capo de la droga declaró
que pagó 100 mil dólares a Firaz El Aissami, hermano del Vicepresidente, para
manipular la designación de un comisario del Cuerpo de Investigaciones
Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Aragua, y afirmó que Reverol
Torres sacó provecho de las propiedades que le había confiscado el Estado.
“Quiero denunciar al general
Néstor Reverol. Él ha manejado mis empresas durante 23 meses. Esas empresas han
generado en ese tiempo 140 millones de dólares. Esos 140 millones tendrían que
estar depositados en un tribunal y no están”, expresó desde la cárcel de la Cómbita
–Tunja, Colombia- donde se encontraba recluido tras ser capturado el 19 de
agosto de 2010 en Cúcuta.
Los señalamientos –siempre
desmentidos por los afectados– han encontrado eco en el exterior. Además del
castigo impuesto por el Departamento del Tesoro contra El Aissami, el titular
de Relaciones Interiores enfrenta un juicio en Estados Unidos por presuntamente
haber recibido dinero de narcotraficantes a cambio de
cooperación, según anunció el Departamento de Justicia el primero de agosto de
2016. Empero, en el seno de la revolución estos funcionarios no han dejado de
fortalecerse, desplegando a sus fichas más cercanas en el tablero burocrático.
Todos para uno
Reverol Torres puso en manos
de Susana Coromoto Acosta de Márquez el Servicio Nacional de
Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y
Decomisados (SNB). ¿Y quién es Acosta de Márquez? Su consuegra, la madre de la
esposa de su hijo, Néstor Luis Reverol Patiño, primer secretario en la embajada
de Venezuela en Argentina.
La actual directora general
del SNB -organismo que se encarga de fiscalizar y custodiar las posesiones de
los narcotraficantes que recupera el Estado– se desempeñó anteriormente como
responsable del Fondo Nacional Antidrogas (FONA) y de la Fundación Venezolana
para la Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas (Fundapret). Además, fue
la consultora jurídica del MIJ durante la gestión de El Aissami en ese
despacho, y prestó asistencia legal en la Oficina Nacional Antidrogas (ONA).
La Gaceta Oficial número
40.997 del 27 de septiembre de 2016 recoge los nombramientos de distintos
colaboradores del titular de Relaciones Interiores. Allí destaca Edylberto
José Molina Molina, viceministro del Sistema Integrado de Policía. El antiguo
subdirector de la ONA enfrenta el mismo proceso que llevan contra Reverol
Torres en Estados Unidos por narcotráfico.
El ascenso de Molina Molina
coincidió con la designación de Víctor José Martínez Rojas como director
encargado del Sistema Registral del Servicio Autónomo de Registros y Notarías
(Saren). Martínez Rojas viene de la ONA y también llevó la dirección de
Prevención, Control y Fiscalización de Legitimación de Capitales del Saren.
Annalibe Ruiz González trabajó
como directora Contra Legitimación de Capitales en la ONA, bajo la égida
de El Aissami, Reverol Torres y Molina Molina. Desde el 2 de agosto de 2016,
fecha en la que Reverol Torres volvió al MIJ, Ruiz González es la gerente
de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de las
Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban).
El general de división (GNB),
Alejandro Keleris Bucarito, se presenta en su cuenta Twitter como
“socialista y revolucionario”. Sin embargo, esos no son los únicos
títulos que acumula. Siempre al lado de Reverol Torres, ha sido
viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, jefe de la ONA e inspector de
la Guardia Nacional Bolivariana. En estos momentos ejerce la presidencia de la
Comisión Nacional de Casinos.
Otro soldado del ex comandante
de la GNB tomó las riendas de la ONA el 25 de octubre de 2016. Se trata
del general de brigada (GNB) José Ramón Castillo García, jefe del Comando Antidrogas
de ese componente militar. “La ONA acaba de recibir a un hombre que conozco
desde hace muchos años, el general José Castillo García, quien estuvo aquí
conmigo y conoce muy bien su trabajo, cuenta con 25 años en el servicio
antidrogas”, subrayó el ministro de Relaciones Interiores al entregarle el
cargo.
Todo este equipo, que
emprendió la cacería de Makled a mediados de la década pasada, ahora asciende
hacia la primera línea de la lucha contra el narcotráfico de la mano de dos
hombres tan fuertes como polémicos de la revolución: Tareck El Aissami y Néstor
Luis Reverol Torres.
Recuadro: Damas de la justicia
– En su condición de
fiscal séptima nacional en mayo de 2011, Marisela de Abreu Rodríguez imputó a
Makled por los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y
psicotrópicas, legitimación de capitales, asociación para delinquir y sicariato
en grado de determinador. En la actualidad, De Abreu Rodríguez es la directora
Contra las Drogas del Ministerio Público.
– Al frente del Tribunal
Cuarto de control del estado Carabobo, Carina Zacchei Manganilla ordenó la
intervención de la aerolínea Aeropostal –antigua propiedad de la familia
Makled– para que su administración fuera asumida por el Estado venezolano. En
la actualidad, Zachhei Manganilla ejerce como juez accidental en la Corte de
Apelaciones del estado Cojedes.
07-04-17
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