Más de 1500 intelectuales de
las más diversas áreas del arte, la literatura, la música, el periodismo y el
conocimiento en general –residentes dentro y fuera de Venezuela –, fijan
posición ante lo que califican como una “crisis de dimensiones sin precedentes
que atraviesa Venezuela”, en un documento que entregarán al Secretario General
de la Organización de Estados Americanos y al Presidente de la Asamblea
Nacional. Importantes nombres encabezan el texto, algunos de manera digital,
otros manual, como Rafael Cadenas, Guillermo Sucre, Victoria de Stéfano, Ana
Teresa Torres, Gusravo Guerrero, Luis Pérez Oramas, Sandra Pinardi, etc.
A continuación
publicamos el comunicado:
Los escritores, profesores,
artistas, maestros, urbanistas, músicos, curadores, fotógrafos, arquitectos,
diseñadores, editores, cineastas, artesanos, poetas, periodistas y demás
profesionales venezolanos, junto a sus colegas de otras nacionalidades y todos
aquellos quienes, abajo firmantes, se hacen solidarios de este comunicado,
queremos hacer pública nuestra posición ante la crisis de dimensiones sin
precedentes que atraviesa la Nación venezolana.
La violación continuada del
orden constitucional, y su definitiva ruptura a través de las sentencias 155 y
156 del Tribunal Supremo de Justicia, crímenes irrevocables en contra de la
república a los que se añaden actos espurios y sin legitimidad recientemente
adoptados por un gobierno sin base moral, legal y popular, así como el estado
de emergencia económica decretado, hoy convertido en un “estado de excepción”
de facto, y el uso indiscriminado de la fuerza pública en contra de la
población que manifiesta pacíficamente su descontento, exigen de los
venezolanos y de quienes con ellos se solidarizan la expresión de una decisión
ante la quiebra de la nación y de sus marcos institucionales y legales.
Invocamos la universalidad
ética de esta decisión ante un momento sin retorno.
La situación venezolana
trasciende cualquier dimensión de carácter político-ideológico o partidista. Es
una crisis real que afecta a todas las personas que habitan el país, y que se
manifiesta en hechos irrefutables: la mayor inflación del planeta, los peores
índices de violencia criminal, el desabastecimiento y la carestía generalizada
de alimentos y medicinas, la descomposición de los servicios públicos, el
secuestro gubernamental de todas las instituciones –salvo la Asamblea Nacional-
y el uso indebido, abyecto, de la fuerza en contra de la libertad de expresión
y de manifestación.
El gobierno de Nicolás Maduro
ha infringido todas las normas civilizadas de convivencia y orden legal.
Quienes lo apoyan con el uso de la violencia y con el abuso de los bienes
públicos, incluido un sector de la Fuerza Armada, sólo pueden ser calificados
como elementos pertenecientes a la criminalidad organizada. El progresivo y
brutal desmantelamiento del Estado de Derecho y la violación continua de la
Constitución, intencionalmente ejecutados desde la primera magistratura de la
Nación, ha conllevado la cancelación por tecnicismos espurios de la legal convocatoria
a un referendum revocatorio que hubiese permitido la solución pacífica y
constitucional de la crisis política en Venezuela; la suspensión indefinida de
las elecciones regionales y gubernamentales; el diferimiento ilegal de la
renovación de las autoridades judiciales y electorales; la violación del debido
proceso en centenas de casos de encarcelamiento por razones políticas y, en el
colmo de un ejercicio dictatorial de gobierno, la suspensión por parte de
un Tribunal sin legitimidad ética o jurídica de las competencias de la Asamblea
Nacional recientemente electa por el pueblo venezolano y, con ello, la
ruptura definitiva del orden constitucional en Venezuela.
Estos crímenes no tienen
enmienda, ni pueden prescribir en el futuro. Los responsables directos e
indirectos de su cometimiento deberán ser juzgados y condenados.
Las consecuencias de estas
continuas violaciones son claras e inevitables: la agonía entre la legalidad y
la legitimidad se ha resuelto en nuestro país por la interrupción absoluta del
orden legal. En Venezuela no podemos invocar la ley, porque ésta no existe, y
sólo nos queda por lo tanto la opción de restaurarla, invocando la fuerza moral
y ciudadana de la legitimidad política.
Ante esta hora crítica, los
abajo firmantes nos unimos al reclamo multitudinario de la población venezolana
al exigir, sin dilaciones o diferimientos, el cumplimiento de las únicas
condiciones, no negociables, para el restablecimiento de la ley y de la paz,
para el retorno del orden democrático y para la restauración de la república:
1. Revocación o renuncia
inmediata de los responsables de la ruptura del orden constitucional.
2. Restablecimiento absoluto
de las competencias de la Asamblea Nacional.
3. Liberación inmediata de
todos los prisioneros políticos.
4. Renovación de las
autoridades judiciales y electorales desde la Asamblea Nacional.
5. Apertura de canales
humanitarios, para asistencia alimentaria y médica.
6. Convocatoria de elecciones
regionales, gubernamentales y generales bajo estricta supervisión internacional.
Venezuela no merece la agonía
a la que ha sido injustamente sometida por un gobierno abyecto, ni es digna de
las divisiones y ultrajes que la dictadura plebiscitaria de Hugo Chávez y
Nicolás Maduro le ha impuesto; la Nación no soporta más las consecuencias del
perjurio y de la corrupción, y clama por un futuro más libre, más generoso, más
democrático y más próspero en el que pueda volver a ser, con su dignidad
restituida y bajo el exclusivo imperio de la ley, la república de todos los
venezolanos.
Caracas en el mes de Abril de
2017
16-04-17
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