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sábado, 8 de abril de 2017

La fiscal tiene la palabra por @romanibarra



ROMÁN IBARRA 07 de abril de 2017

La declaración de la Fiscal General de la República, en la que afirmó con toda razón, que las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia rompen el hilo constitucional, dieron en el mero centro de la cuestión, pues se trata de un golpe de estado perpetrado por los ¨magistrados chimbos¨ de la sala constitucional, bajo las ordenes de Miraflores.

Todos recordamos como en fecha 23 de diciembre de 2015, la asamblea nacional deslegitimada por completo, producto de la derrota del 6D-15, y dirigida por Diosdado Cabello se empeñó en designar a esos ¨magistrados¨ de manera express, saltándose todos los procedimientos, y violando de manera flagrante, no sólo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino la Ley Orgánica de TSJ, con la única intención de frenar las posibilidades del sistema político venezolano en democracia, para convertirlo en un sistema totalitario controlado por el puño de Maduro y sus amos de Cuba.

Se demuestra así la existencia de un golpe de estado continuado, bajo la ejecución sistemática del TSJ, que encontró en las sentencias 155 y 156 la apoteosis de su perversidad, y en las sentencias 157, 158, la más grande estupidez, con las cuales pretendía enmendar su aviesa intención criminal y golpista; aunque previamente había venido emitiendo otro conjunto de sentencias para vaciar de contenido la existencia del poder más importante de una democracia, como es el poder legislativo. Todo ello, tras la búsqueda de la consolidación del socialismo hegemónico ordenado desde Cuba, pero les salió el tiro por la culata. Se encontraron con una sociedad unida, y dispuesta a defender la democracia, y la palabra certera –en esta ocasión- de la Fiscal para dar al traste con la intención delictual de los ¨magistrados¨.

No era un impasse como aseguró Maduro entre el Ministerio Público, y el TSJ, fue ni más, ni menos que un golpe de estado seco, al cual, el mundo entero le ha salido al paso para desenmascarar al gobierno, presionándolo para que asuma la obligación de respetar la Constitución.

En cuanto a la complicidad del defensor del pueblo, y del contralor general de la república, sinceramente dan vergüenza, toda vez que sin atender a sus obligaciones, salieron de inmediato a cohonestar la tropelía del gobierno, y su TSJ. Otro tanto, puede decirse del ministro de la defensa, quien no sólo es cómplice con su silencio inicial, sino que luego se atrevió a pedir la renuncia del secretario general de la OEA, Luís Almagro desde el twitter. Es él quien debería renunciar de inmediato para no seguir destruyendo a la Fuerza Armada con su actitud. Ni con la represión brutal que ha ordenado podrá detener la decisión del pueblo venezolano por reconquistar la democracia y sus instituciones.

Las cartas están echadas, y luego de las declaraciones de la Fiscal General, la consecuencia lógica inmediata es que de inicio al enjuiciamiento y destitución de los magistrados chimbos, de conformidad con el artículo 265 de la Constitución, sin menoscabo de la invocación del artículo 132 del código penal, toda vez, que es un hecho público, notorio, comunicacional, el golpe dado por la sala constitucional contra la Asamblea Nacional. Tienen que ser enjuiciados estos sujetos por la conspiración para subvertir el orden democrático de la república, y ni la Fiscal; ni el pueblo venezolano, ni el mundo civilizado estamos dispuestos a soportar esta canallada criminal. Presos deben ir los culpables.  Elecciones ya para restituir el orden democrático de la nación, y vencer la crisis creada por estos malandros.