Por Hugo Prieto
La descomposición
institucional en Venezuela ha llegado a tal punto que en estos momentos hay
seis gobernadores de estado que no fueron elegidos por nadie. El Ejecutivo los
ha promovido a cargos de mayor jerarquía o simplemente los ha desplazado por
problemas políticos internos.
Luis Lander, profesor
universitario y director del Observatorio Electoral Venezolano, describe la
pendiente por donde rueda la crisis institucional del país. La validación de
los partidos políticos, por ejemplo, se realizó sin que el CNE realizara
auditorias del proceso. Se actuó con total discrecionalidad. Así no podemos ir
a elecciones presidenciales, regionales o locales, porque la plataforma
automatizada del CNE es confiable, siempre y cuando se hagan las auditorias,
previas y posteriores. Todo se ha ido desdibujando hasta el punto en que las
instituciones son un espejismo en el horizonte.
¿Usted cree que en Venezuela
todavía vale la pena hablar de elecciones, de una salida pacífica,
constitucional y electoral? ¿La consulta al soberano es posible? ¿Se puede
hablar con propiedad de eso?
Lo peor sería que en Venezuela
no se hable con propiedad de eso. Que ya es un tema descartado y resignarse a
que cualquier salida electoral está cancelada. Pero claramente es un tema muy
complicado. En octubre de 2016, con dos días de diferencia, primero el 18 y
luego el 20, ocurrieron dos cosas. El 18, mediante una nota de prensa que se
publicó en la página web del CNE, la presidenta del organismo, Tibisay Lucena
anuncia que las elecciones regionales no se van a realizar, tal como la
establece la Constitución en 2016, sino en el primer semestre de 2017 y, dos
días después, cuando estaba por anunciarse la recolección del 20% de las firmas
para activar el referéndum revocatorio, varios tribunales penales regionales,
extrañamente —el mismo día y casi de forma simultánea— deciden que en la
recolección de firmas del 1% hubo fraude y que hasta no se aclarara el supuesto
fraude debería suspenderse el proceso y el CNE, muy precipitadamente…
…No. Permita que lo interrumpa
porque está equivocado. El CNE en atención a la separación de poderes que
existe en Venezuela y obedeciendo una disposición del poder judicial acata la
decisión.
Yo no soy abogado, pero de
tanto ver elecciones, termina uno prestándole atención a los asuntos legales
que tienen que ver con este asunto. Abogados a quienes respeto han dicho hasta
la saciedad que esos tribunales penales de primera instancia no tienen
competencia electoral. Si el CNE hubiese actuado de forma independiente hubiese
dicho, efectivamente, que esos tribunales no tienen competencia en la materia
y, por lo tanto, prosigue con el proceso. Hay que recordar que la recolección
del 1% de las firmas (para que la MUD fuera la instancia promotora del
referéndum revocatorio) había sido validada por el propio CNE, en medio de
condiciones muy difíciles. Pero el CNE no hizo nada de eso. Repito,
apresuradamente, coge línea de esos tribunales y decide suspender el proceso.
Desde esa fecha (20 de octubre de 2016), formalmente, el derecho al sufragio en
Venezuela está suspendido. Digo suspendido, no cancelado, porque esto supondría
que en Venezuela no habría elecciones más nunca y pasaríamos a otra cosa, no
democrática.
¿Por qué no aprovecha la
oportunidad y explica cuál sería la diferencia entre suspendido y cancelado?
Pudiera ser una ingenuidad lo
que voy a decir, pero formalmente lo que el CNE está diciendo, a raíz de la
decisión que tomaron los tribunales penales, es que tiene que haber una
averiguación sobre el supuesto fraude cometido en la recolección del 1% de las
firmas. La suspensión es hasta que esa averiguación culmine en los tribunales,
cuya decisión final pudiera ser, efectivamente, aquí hubo fraude. Y como todo
delito penal conlleva a responsabilidad individual, los responsables son
fulano, zutano y mengano. Pero sería un exabrupto que el propio proceso de
recolección del 1% de firmas, que validó el CNE, fuera suspendido. ¿Qué pasa
entonces con los derechos de esos ciudadanos, quienes manifestaron su voluntad
para que se activara un referéndum revocatorio?
La elección de los diputados
de Amazonas, en la que también se denunció un supuesto fraude, reposa en la
Sala Electoral del TSJ, que aún no ha tomado una decisión, como tampoco se han
pronunciado estos tribunales penales. No sólo el derecho al voto está
suspendido. Aquí hay una denegación de justicia clara. Son como violaciones a
derechos políticos y constitucionales alrededor de un mismo tema (la vigencia
del voto).
Claramente lo que ilustra esto
es que esas decisiones, mucho más allá del ámbito jurídico, son decisiones
políticas, lo que viene a demostrar lo que tanto se ha dicho: que la separación
de poderes en Venezuela está en una situación sumamente precaria, digámoslo
así, por ser generosos. Manifestación tras manifestación, el poder judicial en
Venezuela termina siendo una herramienta política del actual gobierno, donde las
decisiones que se toman no están guiadas por el estado de derecho, ni por lo
que dicen la Constitución y las leyes, sino que están claramente motivadas por
razones de tipo político. Las recientes decisiones del TSJ (155, 156, así como
las respectivas “correcciones” que se hicieron en las decisiones 157 y 158)
tienen esa misma lógica. El problema con los diputados de Amazonas es que dado
el resultado de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, en la cual
la oposición obtuvo 112 diputados, que es exactamente las dos terceras partes y
la decisión de sustraer a los tres diputados de esa entidad más el diputado
indígena del circuito sur, es que le quitan las dos terceras partes, pero
genera una situación que nunca fue aclarada. ¿Cuál es el total de diputados que
hay en la AN actualmente? Si esos cuatro no están ¿No se reduce el número total
de diputados en la AN? ¿En vez de ser 167 se reduce a 163? ¿Es o no es?
Yo le sugeriría al ciudadano
Luis Lander que si está tan preocupado por ese asunto introduzca un recurso
interpretativo en la Sala Constitucional del TSJ. Le diría, además, que espere
el tiempo prudencial. Quizás, en medio de estas circunstancias, podría tardar
tanto como el sueño de los justos.
Esto lo menciono porque si
efectivamente se restan los cuatro diputados del total que tiene la AN, los 109
que tiene la oposición también hacen las dos terceras partes del parlamento,
tal como está conformado actualmente. Y eso, creo yo, no se ha explotado
suficientemente.
Lo que tendría implicaciones
en la conformación de los poderes públicos.
Claro, pero la suspensión de
esos cuatro diputados es una medida que tiene un piquete político innegable,
cuyo objetivo tendría como principio anular cualquier decisión de la AN que
pusiera en riesgo el proceso político venezolano. De modo tal que el TSJ ha
tomado alrededor de 60 decisiones que han bloqueado a la AN y donde el llamado
desacato, esgrimido por el TSJ, termina argumentado hasta de manera ridícula,
porque los cuatro diputados en cuestión efectivamente se han retirado de la AN.
Y el TSJ dice, ah no, pero así no me gusta, tienen que retraer el acto mediante
el cual designaron presidente a Julio Borges y la directiva anterior tiene que
aprobar el retiro de los cuatro diputados. Digamos, termina siendo una cosa
absolutamente grotesca, por decir lo menos.
Resulta muy curioso que en
medio del proceso de validación de los partidos políticos, que se ha hecho en
medio de circunstancias difíciles, precisamente para mantenerse en la legalidad
y en el juego electoral, se produzcan las sentencias 155 y 156 del TSJ, a las
que siguió el pronunciamiento de la fiscal, Luisa Ortega Díaz. ¿Por qué se
insiste en cumplir la legalidad, si el TSJ da un golpe de Estado? ¿No cree que
eso pervierta la percepción de que aquí puede haber una salida electoral?
Uno podría tener distintas
lecturas de la situación en la que estamos, porque efectivamente el TSJ tomó
las dos primeras decisiones (155 y 156) y las dos posteriores, cuyo propósito
aparente era aclarar la situación planteada por la Fiscal, pero que terminaron
por no aclarar nada y mantuvieron en esencia el contenido de las dos primeras
decisiones, sobre todo la disposición mediante la cual el Ejecutivo puede crear
empresas mixtas sin la aprobación de la AN. Por cierto, ya salió una decisión
alrededor de la mina de Las Cristinas, que está conceptuada como una de las más
poderosas del mundo. Lo que servirá para salir del rentismo petrolero para
meternos de cabeza en el rentismo aurífero. Todo esto desató un proceso,
diríamos, que está en pleno desarrollo y no sabemos en definitiva en qué va a
terminar. Pero los niveles de movilización de la ciudadanía, convocada por la
oposición, pero que logra movilizar a sectores mucho más amplios, nos retrotrae
a una situación, cuyo antecedente más cercano serían las manifestaciones muy
numerosas que se hicieron en septiembre y octubre del año pasado, justamente
antes de la convocatoria del diálogo que terminó por desmovilizar a la
población y dejó a la oposición prácticamente paralizada. Ahora, con este
proceso, termina presentándose una agenda concreta, unitaria, de cuatro puntos,
que va más allá de la MUD, que gira alrededor de cuatro puntos
—restablecimiento de las atribuciones y funciones de la AN, liberación de los
presos políticos, la apertura del canal de ayuda humanitaria (alimentos y
medicinas) y el cronograma electoral.
¿Qué interés tendría el
gobierno de retrotraer la situación a un momento, digamos, en que la población
estaba movilizada y en la calle, tal como ocurrió en 2014? Porque la situación
es muy distinta, la gente está decidida, se concentra y marcha a sabiendas que
la van a reprimir. Que a dos cuadras, lo que viene es “gas del bueno” (Chávez
dixit), perdigones y bastonazos. Lo que ocurrió el sábado (08/04) fue algo
realmente angustiante.
Varias cosas, ¿no? Creo que un
actor muy activo en la situación política venezolana que, por ser tan obvio,
muchas veces no lo tomamos en cuenta, se trata de la crisis. La gente está
realmente desesperada. Y eso es una cosa que para nada se resuelve. Se
profundiza y cada vez es más aguda. Es un actor muy activo que entra en la
situación. A diferencia de #La Salida, una propuesta promovida por los sectores
más radicalizados de la oposición, que para nada gozaba de unanimidad aún
dentro de la oposición, actualmente la MUD y otros sectores están unificados
alrededor de una propuesta. Además, hay una situación que es novedosa en la
fuerza que tiene. Me refiero al contexto internacional. El apoyo que tiene el
gobierno venezolano es cada vez menor. Cada vez está más debilitado y cada vez
se plantea con más frecuencia una pregunta. ¿Y ustedes por qué no hacen
elecciones? Eso, que pareciera una pregunta ingenua, presiona y gana peso.
Luis Lander retratado por
Gabriel Méndez
El domingo pasado, el presidente
Nicolás Maduro declaró que estaba “ansioso” de que hubiera elecciones
regionales. Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, ¿Usted cree que aquí
hay condiciones para que se realicen elecciones? ¿Qué cosas adicionales
deberían agregarse al proceso, porque creo que después de lo que ocurrió con el
referéndum revocatorio y la validación de los partidos políticos, una simple
convocatoria, anunciada por la señora Tibisay Lucena, no es suficiente?
Estoy de acuerdo con que una
simple convocatoria no sería suficiente. La cosa es más complicada que esa,
porque hay otros ingredientes que deberían ser tomados en cuenta. Julio Borges
hizo unas declaraciones que a mí me parecieron atinadas. Presidente, no me
interesa que usted esté ansioso por unas elecciones, aquí hace falta un
cronograma electoral. Los cronogramas electorales, además de la fecha,
contemplan varias actividades que son importantes. Una de ellas es la
inscripción de los candidatos.
Sí, pero también está, por
ejemplo, el tema de las auditorías.
A eso iba, porque eso es algo
muy importante. Nosotros, como Organización No Gubernamental, siempre
procuramos mantener una posición imparcial sobre el sistema electoral
venezolano, pero a propósito de un libro que publicamos (El sistema electoral
venezolano, editorial Alfa) el año pasado, le pedimos a dos expertos que han
sido muy activos en los procesos de auditoría por la MUD, que escribieran un
ensayo sobre las auditorias en Venezuela. Los escogimos a ellos (Miguel Cañas y
Mario Torres) por dos razones. Uno, porque son muy competentes en lo que hacen.
Dos, porque podían ofrecer, precisamente, la visión más crítica desde la
oposición. Ambos, terminan diciendo que la plataforma tecnológica que posee el
CNE es robusta, es sólida y es confiable, siempre y cuando se haga y
se garantice el proceso de las auditorias.
¿Previas y posteriores?
Absolutamente. Si vemos lo que
se está haciendo ahora con el proceso de validación de los partidos, desde esa
perspectiva (Cañas y Torres), estamos en una situación absolutamente
escandalosa. Lo digo porque ahí no ha habido ninguna auditoría. Y ninguna
participación de los partidos políticos para que conocieran el sistema que se
iba a usar y pudieran validar, efectivamente, las seguridades y los controles,
involucrados en este tema.
El Poder Electoral se
contaminó del Poder Ejecutivo. Rechaza la acción contralora y la participación
de actores distintos a su propia estructura.
Hasta las elecciones
parlamentarias de 2015, se hicieron auditorias, previas y posteriores a los
procesos, con mucha rigurosidad y profundidad y siempre se había llegado a una
conclusión. Esa parte del asunto funciona. Eso no quiere decir que el
sistema electoral venezolano, como lo ha dicho en forma reiterada la rectora
Tibisay Lucena, es de los mejores del mundo. Pero su plataforma tecnológica, el
soporte automatizado, es de muy buena calidad. En esa parte el Estado
venezolano invirtió mucho dinero, porque los precios del petróleo estaban en su
pico más alto. En este proceso de validación de los partidos, la actitud del
CNE ha sido distinta a la que ha tenido antes y la que tiene ahora, sobre
aspectos tan centrales como son las auditorías. Este proceso para nada fue
auditado. El ciudadano cuando va a manifestar su apoyo a uno de los partidos
políticos, no recibe ningún comprobante físico de lo que hizo. Debe confiar en
que el funcionario del CNE que está introduciendo los datos lo hace bien. Al
final de la jornada, no se entrega ningún acta de lo que pasó ese día, cosa que
sí ocurre en los procesos normales. Y, hasta la fecha, el CNE no ha dicho nada,
de lo que ha pasado con la validación. Digamos, discreción absoluta.
Borges pidió un cronograma
electoral, ¿Qué cosas faltarían alrededor de esa solicitud?
Unas auditorías serias del
proceso. No vamos a hacer elecciones en las condiciones en que se está haciendo
la validación de los partidos. Ese tipo de cosas tienen que ponerse claramente
sobre la mesa.
¿Después de esta secuencia de
hechos, de las circunstancias que ha enumerado, cuál sería la razón para que
nos aferremos a una salida electoral?
Cualquier otra salida puede
ser terrible para Venezuela. ¿Cuáles son las otras salidas que puede haber?
Una. El proceso de autoritarismo creciente de este gobierno se profundice y no
quede asomo de respeto a la Constitución, de tal forma que se convierta en un
gobierno dictatorial.
Tiránico.
Sí. Eso, por supuesto, es una
opción.
No sería como la dictadura de
Pérez Jiménez que en sus comienzos tuvo una suerte de luna de miel con algunos
sectores políticos del país.
Lo que pasa es que esa suerte
de luna de miel ya el chavismo la tuvo antes. Pero sigamos con las opciones.
Dos. Que haya un golpe de Estado de los sectores no maduristas de las Fuerzas
Armadas.
¿Y la intervención de
Larrazábal 2, como la calificó el padre Ugalde?
Hasta donde alguna gente ha
explorado ese planteamiento, sería un gobierno de transición, de acuerdo
nacional con sectores de la oposición y del chavismo. Pero ese gobierno de
transición no es otra cosa que un mecanismo para preparar unas elecciones, como
ocurrió en 1958.
¿Esa opción luce atractiva o
tiene sus visos golpistas?
Tiene ese riesgo. Obviamente,
lo que hubo contra Pérez Jiménez terminó siendo un golpe de Estado, algo
similar ocurrió con el gobierno de Medina en 1945. Si bien hubo una expansión
muy importante de la democracia en Venezuela, el origen fue un golpe de Estado.
Mucha gente dice que si no hay un pronunciamiento del sector militar, es muy
difícil que aquí la cosa se mueva en una dirección o en otra, porque hasta
ahora, la fuerza militar es el pilar fundamental de apoyo al gobierno.
En medio de la crisis también
surgen los políticos que les hablan con sinceridad a los pueblos. Churchill les
propuso a los ingleses, nada más y nada menos, que sangre, sudor y lágrimas.
Venezuela está en una situación que exige, si no eso, que los políticos hablen
con sinceridad.
Hay un problema de calidad en
el liderazgo político venezolano. La crisis le queda grande a la clase política
que tenemos. En el oficialismo, hay gente que en un momento tuvo luces, pero el
mismo proceso los ha consumido y ya no tienen la fuerza que pudieron haber
tenido antes. En la oposición, hay líderes que pueden haber tenido capacidad,
formación, pero son contemporáneos míos o mayores que yo y un liderazgo más
joven al que le falta formación. Esa condición, digamos, lleva a que se cometan
pifias, como las que cometió la oposición con el diálogo, donde una posibilidad
de diálogo, conducente a buscar una salida a la crisis, donde se involucre la
totalidad del país y no sea una cosa de dos polos absolutamente
irreconciliables, yo lo aplaudiría, yo estaría de acuerdo con eso. Lo que pasa
es que tendría que ser un dialogo de fiabilidad, de confiabilidad, donde la
cosa funcione. En el diálogo que hubo en noviembre, una de las cosas que estuvo
sobre la mesa es la salida electoral y no se concreta.
¿Cómo le pedimos a la gente
que se aferre a la salida electoral cuando en una manifestación afirman que no
les importa que los repriman porque ya nos están matando de hambre? ¿Cómo
le pedimos eso a la gente que está exasperada y desencantada porque no ve una
posibilidad de cambio en el horizonte?
Ahí es cuando un liderazgo le
tiene que hablar claro al país, que no nos caigamos a embustes y que hay
medidas que, aunque no aparezcan atractivas, es lo que hay que hacer y se diga
claramente. Si uno se pone como dramático en este asunto puede decir que hay
dos opciones: elecciones o violencia. Yo no quiero violencia. No la quiero para
mí ni para nadie. No creo que esa sea la salida. Si no creo en eso, hay que
hacer todos los esfuerzos posibles para que haya una salida democrática, una
salida electoral que, en definitiva, es eso: que todos los ciudadanos podamos
expresar nuestra opinión libremente y podamos decidir los destinos del país.
Por supuesto, en la elección presidencial, pero también en las elecciones
regionales. Y aquí cabe un comentario que vale la pena acotar, tenemos que
saber por ejemplo, que de los 23 gobernadores que hay en Venezuela, en estos
momentos hay seis que no fueron electos. Regresamos a la repudiada IV
república, cuando los gobernadores eran designados por el Presidente de la
República. Resulta que a los gobernadores de Aragua, Anzoátegui, Barinas,
Portuguesa, Sucre y Cojedes nadie los eligió. El Ejecutivo los promovió, en algunos
casos, a cargos de mayor jerarquía y, en otros casos, por pleitos internos,
como aparentemente ocurrió con Acuña en Sucre, son apartados del cargo y los
sustituyen unos señores que no fueron electos. Esta que fue una conquista
importante de la sociedad venezolana, estamos echando para atrás y dejando que
esto pase.
¿Usted no se da cuenta de que
su comentario lo único que genera es más arrechera? ¿Qué esa circunstancia es
indignante? ¿Para qué carajo vamos a luchar por una salida electoral si aquí
hay seis gobernadores en funciones que nadie eligió?
Ese es un derecho que nos
quitaron. ¿Qué hacemos? ¿Nos resignamos a que ya no lo podemos ejercer o
luchamos para restituirlo?
¿No queda otra que aferrarnos
a la salida electoral?
Yo creo que sí porque la otra
opción es coger pal’monte.
16-04-17
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico