OMAR BARBOZA GUTIÉRREZ 09 de abril de 2017
Las
recientes sentencias de la Sala Constitucional pretendiendo desconocer la
inmunidad parlamentaria y que el TSJ asuma las funciones de la Asamblea
Nacional para ejercerlas por esa Sala o “por el órgano que ella disponga”, constituyen la continuación de un libreto
redactado y dirigido por los jefes de la corrupción de este gobierno que
quieren seguir desfalcando al país mientras el pueblo se muere de hambre, Para
hacer eso, seguir robando con impunidad, la Asamblea Nacional es un gran
obstáculo y por eso la quieren desaparecer para que nadie los pueda controlar
en su orgía de corrupción.
A
pesar de que el Artículo 5 de nuestra Constitución establece que la soberanía
reside intransferiblemente en el pueblo, y que los órganos del Estado emanan de
la soberanía popular y a ella están sometidos, la macolla corrupta que hoy
gobierna a Venezuela cuando recibió el mensaje contundente que le envió el
pueblo venezolano el 6 de diciembre de 2015, eligiendo a 112 Diputados con el
mandato de trabajar por el cambio político, sintieron amenazadas sus
intenciones de seguir robando sin control a nombre de una supuesta revolución,
y entonces prepararon un plan para tratar de evitarlo.
En
consecuencia, entre el 6 de diciembre de 2015 y el 31 de Diciembre de ese año,
violando la Ley y la Constitución designaron a supuestos Magistrados con la
misión de evitar que la nueva Asamblea Nacional ejerciera sus atribuciones
constitucionales, no les importó que no reunieran las credenciales
profesionales ni éticas para ocupar esos cargos, ni que algunos de ellos en vez
de currículum tuvieran prontuario, se acordaron de que el fin justifica los
medios, y la finalidad de ellos es seguir delinquiendo y destruyendo al país
sin ningún control.
Lo que
pasa es que necesitan con urgencia
seguir endeudando la República
porque ya rasparon la olla y no lo pueden hacer válidamente sin la autorización
de la Asamblea Nacional, a la cual no han podido doblegar ni comprar, por eso
decidieron asaltarla, pero les salió el tiro por la culata, quedaron en
evidencia como delincuentes judiciales.
Para
quienes creemos en el cambio político por la vía democrática porque es el que
puede reconciliar al país en el futuro cercano para reconstruir a Venezuela,
las reacciones frente al intento de Golpe de Estado surgido de la Sala
Constitucional, son motivos para reafirmar la esperanza de que vamos a salir más pronto que tarde de
esta pesadilla. En primer lugar, la reacción de la Asamblea Nacional en la persona
de su Presidente el Diputado Julio Borges, al denunciar el intento de Golpe de
Estado, calificar la sentencia de “basura” y romperla delante de los medios de
comunicación social, llamando al pueblo, a las Fuerzas Armadas y a la comunidad
internacional a desconocer esas sentencias y a sus verdaderas intenciones.
En
segundo lugar, la reacción de la Comunidad Internacional que por consenso
declaró que se trataba de un atentado contra la democracia en nuestro país,
Perú retiró su Embajador de manera definitiva, otros países llamaron a sus Embajadores,
Mercosur condenó la intención antidemocrática del gobierno, la OEA y su
Secretario General calificaron el hecho como una confirmación de las denuncias
que están tramitando, el Cuerpo
Diplomático acreditado en Venezuela se negó a participar en un acto de apoyo al
TSJ convocado por la nefasta Canciller venezolana.
Y en
tercer lugar, cuando la Fiscal General de la República, en un acto de valentía
republicana que debemos reconocer a pesar de las diferencias con actuaciones
anteriores, declaró de manera formal que esas sentencias constituían un
atentado en contra del orden democrático, los titiriteros y los títeres se
pusieron pálidos, asustados y de carrerita. Estaban descubiertos, por alguien
que no pueden decir que obedece a la CIA o a las maniobras del imperio y la
oligarquía, que simplemente tiene formación jurídica y entendió que avalar ese
despropósito era convertirse en cómplice de la corrupción en marcha y apoyar
una evidente maniobra en contra del estado de derecho, de la soberanía popular,
de la pluralidad democrática, principios que diferencian la civilización de la
barbarie.
Dentro
de toda la tragedia que significa lo ocurrido, y a pesar de que Maduro
pretende seguir engañando a la gente
haciéndole creer que el Consejo de Defensa de la Nación tiene alguna
competencia que tenga que ver con este asunto, el Gobierno Nacional ha recibido
un mensaje claro y contundente en defensa de la soberanía popular y de los
valores democráticos.
Todo
esto ha servido para hacer crecer la esperanza a favor del cambio político y
para demostrar que un nuevo gobierno de unidad nacional sí se puede lograr y es
urgente.
Omar
Barboza Gutierrez
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