Bloomberg 01 de septiembre de 2017
El
régimen socialista de Venezuela ha consolidado un control político casi total
después de instalar una asamblea constituyente todopoderosa. Resolver la crisis
económica y conseguir $3.500 millones para los pagos de bonos hasta noviembre
resultará más difícil.
El
presidente Nicolás Maduro logró superar las violentas manifestaciones
callejeras, el discurso estadounidense sobre la fuerza militar y varias rondas
de sanciones. Su nueva asamblea constituyente está eludiendo al congreso y se
espera que comience a redactar una nueva Constitución esta semana.
Pero
el resultado final puede ser que Maduro tenga la responsabilidad exclusiva del
colapso financiero terminal de un país que fue rico.
Maduro ha estado buscando nuevos salvavidas financieros en Rusia en tanto ha reducido las importaciones, cancelado deudas y vendido o hipotecado activos con un fuerte descuento. Al 31 de julio, el gobierno había acumulado $2.800 millones para sus pagos de noviembre, según la firma consultora con sede en Caracas Ecoanalítica.
No
pagar las deudas podría profundizar las restricciones económicas del país y los
acreedores podrían comprar activos de Venezuela en el exterior —de todo, desde
refinerías hasta buques petroleros y estaciones de servicio— debilitando aún
más su capacidad exportadora.
No
obstante, su director Asdrúbal Oliveros, se mostró escéptico respecto de que,
más allá de este año, el gobierno pueda cumplir si continúa alienando a los
inversores y a los líderes regionales. “El gobierno sigue atrapado en la misma
dinámica, está sosteniendo un sistema insostenible”, dijo.
El
nudo se sigue ajustando. La semana pasada, el gobierno de Trump prohibió la
negociación de deuda nueva emitida por el gobierno venezolano y la compañía
PDVSA, y bloqueó las operaciones en algunos bonos existentes que son propiedad
del sector público del país. La prohibición está destinada a evitar que las
entidades públicas venezolanas puedan vender bonos en el mercado secundario.
Dado
que Venezuela se encuentra económicamente aislada, la inflación se ha disparado
y el país se ha visto arruinado por la escasez de todo, desde repuestos para
autos hasta medicamentos básicos. La mortalidad infantil y enfermedades como la
malaria han aumentado, en tanto servicios deficientes y planes alimentarios poco
confiables han impulsado una agitación violenta entre quienes fueron en su
momento leales a Maduro y a su mentor, Hugo Chávez.
Venezolanos
como Adriana Rangel, una secretaria de 39 años, acuden en masa todos los días a
los cajeros automáticos ya que los retiros están limitados a unos pocos
dólares. Esperando en la fila de un banco en el distrito de negocios en el este
de Caracas, Rangel se quejó de las horas que pierde cada semana con esta
rutina.
Maduro
no ha dicho cómo mejorará los problemas de Venezuela, desde que asumió el mando
después de la muerte de Chávez en 2013, Maduro, de 54 años, insiste en que los
males del país no son consecuencia de una mala política, sino más bien de una
ofensiva librada por los enemigos de su gobierno de izquierda. Se ha negado a
relajar los controles económicos implementados por su predecesor pese a que el
precio del petróleo, la savia de Venezuela, se desplomó.
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