Por Roberto Patiño
Los graves problemas de
nuestra sociedad, magnificados en la crisis, se profundizan en el contexto del
régimen dictatorial de Nicolás Maduro. La solución de estos problemas no solo
se dificulta por la complejidad o escala de los mismos, o las taras que como
país debemos concientizar y superar para abordarlos. Ahora también nos
enfrentamos a un régimen dictatorial que ha pervertido las funciones y
naturaleza del Estado. Empeoran las deficiencias y consecuencias negativas de
un modelo rentista, centralizador y sectario, así como aumentan de forma
desproporcionada los niveles de corrupción, desconfianza e impunidad de este. A
ello se suma el afianzamiento del grupo en el poder, que utiliza para sus
intereses particulares instituciones y medios públicos, transgrediendo marcos
legales y constitucionales, afectando la normalidad de la vida del país y el
bienestar de sus ciudadanos.
Problemas tan graves y con un
efecto directo en las personas, como los de salud, alimentación y seguridad, no
sólo no son abordados de manera prioritaria, oportuna y eficiente por el
gobierno, sino que, además, son aprovechados por éste para establecer formas de
control y opresión, como sucede con los CLAP, los carnets de la patria o las
misiones de vivienda y trabajo, por ejemplo. También utiliza estos problemas en
la construcción y difusión de su discurso, en el que evade su responsabilidad,
divide a la sociedad y criminaliza o difama a sectores disidentes o críticos.
Este modelo de poder
destructivo y empobrecedor tiene efectos devastadores al vincularse a problemas
crónicos enraizados en nuestra sociedad. En el caso de la inseguridad y
violencia, podemos verlo no solo en el aumento de índices de criminalidad,
sino, también, en el deterioro de las instituciones policiales. Durante
décadas, la falta de planes estructurados, que contemplen la prevención y se
articulen con las comunidades, así como la formación y dotación de recursos
apropiados a los cuerpos y funcionarios policiales, han sido una de nuestras
grandes fallas en materia de seguridad pública. Ahora, a esto se le suma
la “cartelización” de sectores de las fuerzas policiales, que se convierten en
organizaciones criminales dentro de los cuerpos de seguridad. Es un nuevo nivel
de grupos delictivos en el que surgen bandas compuestas o apoyadas por
funcionarios de distintos rangos que perpetran actos de sicariato, secuestro,
contrabando o extorsión. Se produce un fenómeno de institucionalización de la
impunidad y la corrupción, que desintegra la confianza de las personas en las
instituciones, e incide significativamente en el aumento de la criminalidad.
Pero, sin duda, uno de los más
terribles efectos de esta política de poner al Estado en guerra contra las
personas, es el de criminalizar y denigrar valores de convivencia, solidaridad
e inclusión. El Estado no solo no cumple con sus funciones de velar por los
ciudadanos y generar condiciones de bienestar común, sino que, por el
contrario, gasta recursos, esfuerzo y tiempo en atacar a individuos o grupos
que hacen trabajo social, velan por los DDHH o realizan labores de
empoderamiento a comunidades y sectores sociales.
Estas campañas se hacen
directamente a través de voceros y canales de comunicación de instituciones del
Estado así como a través de grupos afines al gobierno o individuos particulares
en redes sociales. No se trata de críticas a modos de actuar o desavenencias
ideológicas o de metodología, sino de ataques que difaman y criminalizan,
desvirtuando actividades de bien común asociándolas con motivos
desestabilizadores, ilegales o éticamente cuestionables. Incluso, se
producen montajes de “guerra sucia”, en los que se generan materiales
falsos (volantes, documentos, invitaciones) y se montan “ollas podridas” con
pruebas fraudulentas y hechos manipulados.
Muchas veces estos ataques
pasan al plano físico, saboteando y obstaculizando actividades, en algunos
casos por funcionarios e instituciones gubernamentales. Hemos vivido este tipo
de ataques en nuestras labores de Caracas Mi Convive y Alimenta la Solidaridad
en el Municipio Libertador, superándolos gracias el apoyo de la comunidad y la
transparencia tanto de nuestra organización como de nuestras acciones.
Estos ataques no solo afectan
a los organizadores, voluntarios y aliados, sino, también, a las comunidades y
grupos beneficiados. De una manera perversa buscan asociar la convivencia y la
solidaridad a actividades que responden a agendas ocultas u oscuras
manipulaciones políticas y generar desconfianza en las personas. Inducen el
temor a participar y organizarse por las posibles retaliaciones por parte del
gobierno y las autoridades.
La continuidad del régimen en
el poder, seguirá generando la profundización de los problemas y la crisis, así
como el ataque institucionalizado del Estado hacia los diversos sectores de la
población. Pero esta política retorcida también habla del temor del
régimen a la gente y el poder de transformación de las personas. Conscientes de
ello debemos mantenernos en la senda de la convivencia y la solidaridad, desde
lo político y lo social, no solo como una forma de enfrentar los enormes
problemas de la crisis, sino también como una manera de resistencia y de logro
de verdaderas condiciones para el cambio.
04-09-17
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico