Luis Manuel Esculpi 05 de septiembre de 2017
@lmesculpi
Todo
el proceso que los condujo a constituir una nueva área de poder fue
absolutamente fraudulento. No fue convocado por quien tenía la potestad para hacerlo. Establecieron una
fórmula para garantizarse la mayoría a priori. El invento de un registro
desconocido para conformar unos supuestos sectores, violó el principio de un
elector un voto.
Si
bien es cierto el presidente podría tomar la iniciativa, la convocatoria
correspondía al ” pueblo de Venezuela es depositario del poder constituyente
originario”, tal como establece la Constitución.
En
1999 con una interpretación laxa de la Constitución vigente para la época, producida por la Corte Suprema de Justicia,se
llamó a la Asamblea Constituyente y sin
embargo tanto sus bases comiciales, como la misma convocatoria fueron aprobadas
en referéndum.
Pretenden
ahora después de todas la violaciones darle carácter plenipotenciario y
supraconstitucional, cuando ella es el resultado de la promoción exclusiva del
poder constituido. La Carta Magna
vigente define tres atribuciones a una Constituyente convocada legítimamente:
“transformar el estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una
nueva Constitución”.
La
actual ilegítima pretende asumir la competencia de legislar cuando el órgano de
mayor legitimidad, por el cual votaron más de catorce millones de venezolanos
es precisamente el poder legislativo, representado en la Asamblea Nacional.
La
primeras decisiones de la ilegítima han evidenciado sus verdaderos propósitos,
constituir una instancia con una falsa fachada de legalidad, desencadenar una
ofensiva de persecución contra la dirección de las fuerzas democráticas y
contra todo aquel factor que rechace sus ejecutorias.
En la
misma elección con todo y normas hechas
a la medida, recurrieron al expediente del fraude, la ausencia de electores fue
notable, contrastando con el exitoso evento que realizó la Mesa de la Unidad
Democrática cuya participación fue verdaderamente masiva. La propia empresa
Smarmatic señaló que sus números daban -cuando menos -un fraude de un millón de
votos.
La
actuación del gobierno para imponer su constituyente fraudulenta ha develado
frente al país y a la opinión pública internacional, su verdadero carácter
represivo y autoritario, donde se subrayan sus rasgos dictatoriales y se
cierran cada vez más los espacios democráticos. No todo les ha salido como lo
habían previsto, el desconocimiento de la mayoría de los países del continente y
de Europa ha constituido un serio revés
a sus propósitos.
Tenían
la absurda pretensión de acudir a fuentes de financiamiento internacional, con
la decisión de la constituyente
fraudulenta, desconociendo la disposición constitucional que le concede a la
Asamblea Nacional la prerrogativa de esa aprobación.
La
política de las fuerzas democráticas de asumir férreamente la defensa de la
Constitución vigente, enfrentando sus violaciones y desacatando las decisiones
que provienen de la instancia ilegítima, es
acertada, por lo que debe mantenerse y profundizarse.
Legalmente
la constituyente de Maduro ni es plenipotenciaria ni supraconstitucional
-aunque el gobierno vulnera constantemente la legalidad- está claro que
mientras no exista otra Constitución la vigente es la del año 1999, la aprobada
en referéndum y cuya reforma fue negada también por el referéndum celebrado en
el 2007. Demostración clara del amplio respaldo que recibió la Carta Magna
vigente, que antes él oficialismo definía como ” la mejor del mundo”. Como ha
quedado demostrado la motivación de promover su constituyente fraudulenta, está
asociada más al propósito de mantenerse en el poder, que a la necesidad de
elaborar una nueva Constitución.
Luis
Manuel Esculpi
@lmesculpi
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