Por Tomás Páez
Reza el dicho que “hechos son
amores y no buenas razones”. En cada acto de la dictadura socialista, aunque
finge humanidad, expresa su desprecio por los venezolanos sin importar dónde se
encuentren, dentro del país o como integrante de la diáspora que hoy excede los
dos millones y medio de venezolanos, aproximadamente 10% de la población. Este
dato se ha construido al margen del Instituto Nacional de Estadística, pues el
Estado pretende encubrir esta realidad. Tal enmascaramiento es un atentado a la
democracia, pues, como bien afirma Jean-Paul Fitousse, “uno de los mayores
bienes públicos de la democracia es poseer un buen sistema de estadísticas
públicas, confiables y que además la gente crea en ellas”.
El régimen ignora la diáspora
y menosprecia a los venezolanos porque no admite lo obvio: la existencia de
hambre y la escasez de todo. Es el sistema autoritario el verdadero responsable
de la hambruna y de la escasez de medicinas que ha creado la crisis humanitaria
que padece el país. Para los voceros del régimen los ciudadanos son “los dame
pan y dime tonto” que corroboran cuando se jactan de que las escuálidas bolsas
de comida (CLAP), que han vendido a los ciudadanos, les han salvado la partida.
El desconocimiento de la
crisis humanitaria quizá obedezca al hecho de que están muy ocupados en sus
negocios personales, que no son pocos y de montos nada despreciables, y
posiblemente al escaso interés que sus actos muestran por los ciudadanos. No
han tenido oportunidad ni tiempo para ojear los numerosos informes y datos que
documentan la precariedad de la salud, la reaparición de enfermedades
eliminadas, la escasez de las medicinas, reactivos, equipos médicos y
alimentos. Tampoco pierden tiempo en solicitar información acerca del
comportamiento de la inflación, hoy convertida en hiperinflación, el peor de
los enemigos de los que menos tienen, que en la Venezuela del socialismo del
siglo XXI superan 82% de la población.
Insatisfechos por haber sido
designados como administradores de los recursos de los venezolanos, a quienes
deberán rendir cuentas de lo hecho, decidieron apropiarse de lo que nos les
pertenece. Ejemplos de ese arduo trabajo son los ministros, embajadores,
viceministros, expresidentes de Pdvsa y una extensa red de cómplices que se
añaden a las listas de imputados, solicitados o encarcelados. En lugar de
mantener y mejorar los elevados estándares de calidad a los que nos había
acostumbrado el equipo gerencial de aquella Pdvsa que reconocía el mérito de su
más valioso activo, el capital humano, se han encargado de desvalijarla y
destruirla hasta el punto de hacerla inviable. No podía ser de otra manera: el
modelo castiga al talento, recompensa al delator, condecora a los seguidores
fieles aunque carezcan de mérito alguno y termina premiando al delincuente.
Los reputados gerentes que
encumbraron la empresa a nivel mundial han sido reemplazados por los PRANES del
petróleo, como lo indican las siguientes notas de prensa: “Agentes federales y
fiscales investigan en Estados Unidos varias decenas de hechos de corrupción en
Pdvsa; el empresario Roberto Rincón se ha declarado culpable y dispuesto a
revelar el tramado del saqueo a la empresa petrolera…”, a lo que se suman
quienes poseen cifras milmillonarias en la banca de Andorra y las más recientes
denuncias de quienes fueran ministros y presidentes de Pdvsa. Y esto es solo la
punta del iceberg.
No admiten que han destruido
Pdvsa, el país, y niegan con descaro que en Venezuela exista crisis
humanitaria. Como en el caso del sector eléctrico, siempre habrá una iguana a la
que culpar del desastre. Mientras los voceros del régimen no logran ver ni la
crisis ni la diáspora, todo el mundo conviene en su existencia, busca y ofrece
soluciones para superarla: el secretario general de Naciones Unidas, la Unión
Europea, la OEA, el Grupo de Lima –integrado por parte importante de los países
latinoamericanos– y la Asamblea Nacional que representa a la gran mayoría del
país.
La negación de la crisis les
ha llevado a expresar su rechazo del siguiente modo: sobre el supuesto de una
crisis humanitaria, se propone una ayuda humanitaria a la que califican de
invasión desnuda, para diferenciarla de la cubana, de la que guardan un
hermético silencio ya que esa sí va bien vestida con los recursos de los
venezolanos. Lo de la “invasión desnuda” probablemente alude al riesgo de que
el modelo MILITAR-cívico deje en evidencia su monumental fracaso.
De manera presuntuosa
desconocen su responsabilidad en los resultados y culpan a terceros (iguanas,
ratas, guerra económica, etc.). En lugar de enmendar insisten en la aplicación
de las mismas políticas que han llevado a Venezuela al despeñadero, es decir,
pretenden apagar el incendio echándole más gasolina al fuego: persisten en
aplicar las políticas propias de la insania mental, como lo apuntó en algún
momento nuestro prestigioso y querido economista Héctor Silva Michelena.
Un vicepresidente afirmó en la
cumbre presidencial en México que había robo de cerebros, otro vocero denigra
de los venezolanos cuando afirma que se han formado en el exterior con recursos
públicos (¿y los de las familias dónde quedan?) y luego se quedan a vivir en el
lugar en el que estudian, razón por la que hay que evitar que salgan. Un poco
de historia les vendría bien. La democracia venezolana diseñó programas
espectaculares, como el Mariscal de Ayacucho, que son un mentís a esa
afirmación bárbara.
Como la diáspora no es real,
carece de sentido pensar en políticas públicas para algo que no existe. No
contentos con ignorar su existencia, se encargan de convertirlos en apátridas,
ya que no pueden acceder a los documentos de identidad, cédula y pasaporte.
Además, desconocen los derechos de los jubilados y pensionados que integran la
diáspora, violando en ese olvido consciente acuerdos particulares con países de
la Unión Europea en los que están obligados a pagar. El régimen conculca los
derechos políticos de los venezolanos al obstaculizar su inscripción en el
registro electoral e impidiendo el ejercicio del voto.
La diáspora que el socialismo
ha estimulado ha crecido más de 40% en los dos últimos años. Esta tendencia se
mantendrá en la medida en que persista y crezca la trágica crisis humanitaria y
la inseguridad siga cobrando una vida cada 16 minutos. Si no hay cambio de
modelo esta tendencia resultará indetenible.
La próxima elección
presidencial abre una oportunidad para que la diáspora participe más
activamente en la recuperación de la democracia y en la reconstrucción del
país. El régimen se sabe perdedor y sabe que es una pequeña minoría aislada
nacional e internacionalmente. Intentará agudizar sus acciones endemoniadas.
Para la alternativa democrática es un evento crucial en el que se reafirmará la
mayoría del país que desea poner coto a su destrucción y poder atender las
necesidades de todos.
Una de las piezas con las que
cuenta la dictadura es el Consejo Nacional de la Exclusión Electoral. Las
famosas listas del odio se elaboraron con la información que poseía la
institución y se puso nombre, apellido y número de identidad a quienes deberían
ser perseguidos y excluidos. La mayoría de la directiva de este organismo es
una extensión del régimen, obedecen órdenes y carecen de la autonomía
indispensable para poder ejercer las funciones para las que fue creado. En
lugar de facilitar la transparencia del proceso electoral, se ha convertido en
su principal traba.
Pocos dudan de su capacidad
para la trampa y la triquiñuela. La más reciente y notoria fue el número de
votos que asignó a la (in)constituyente, razón por la cual la empresa
Smartmatic denunció el engaño con el que pretendía completar la violación d la
Constitución con ese adefesio que no acepta la mayoría del país y que nadie en
el mundo reconoce. La otra farsa es su desconocimiento de la diáspora.
¿Cuáles son las acciones con
las que el organismo de la exclusión electoral logra eliminar a la diáspora del
proceso electoral? La primera consiste en confirmar su inexistencia
impidiéndoles inscribirse en el registro electoral permanente y evitando el
cambio de domicilio. Expresión de ello es que solo hay inscritos un poco más de
100.000 venezolanos en el exterior. La última consulta promovida por la
Asamblea Nacional y coordinada por la sociedad civil y los partidos políticos
arrojó que participaron más de 700.000 venezolanos.
El segundo mecanismo es
ponerle trabas al proceso de votación. Un ejemplo emblemático es lo que han
hecho con los ciudadanos que viven en el estado de Florida. El organismo de la
exclusión creó un centro de votación en Nueva Olrleans, a más de 1.300
kilómetros de distancia, un verdadero estímulo a la abstención. Por si fuera
poco han inventado exigir certificados de residencia para que la diáspora
ejerza el voto. Esta situación hay que denunciarla ante todos los organismos
electorales en el mundo y exigir que se acerque el centro de votación a los
ciudadanos.
El tema electoral es un asunto
que une a la alternativa democrática y en torno a él se puede ensamblar una
estrategia unitaria, impermeable a la fisura. La primera fase de la estrategia
consiste en exigir la apertura del registro electoral permanente. Esta iniciativa,
de carácter global y simultánea en decenas de países y centenares de ciudades,
debe tener como invitados y testigos a los demócratas del mundo, a los medios
de comunicación y organizaciones de derechos humanos. Las concentraciones deben
ser un espacio de encuentro que sirva para denunciar la crisis humanitaria que
vive el país.
25-12-17
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