Por José Ignacio Hernández G.
Los medios de comunicación reflejaron la
decisión adoptada el 20 de diciembre de 2017 por la ilegítima y fraudulenta
Asamblea Nacional Constituyente (ANC) por la cual se acuerda la eliminación de
la “Alcaldía Metropolitana y la Alcaldía del Alto Apure”.
Trataremos de explicar por qué
la ANC no puede eliminar tales entidades, y destaco, además, las consecuencias
que se desprenden de esa decisión para el funcionamiento institucional del
país.
¿Qué son las Alcaldías
Metropolitana de Caracas y del Alto Apure?
La llamada “Alcaldía
Metropolitana de Caracas” es, en realidad, un órgano del “Área Metropolitana de
Caracas”, unidad político-territorial reconocida en el artículo 18 de la
Constitución y regulada en una ley de 2009.
Así, el artículo 18 de la
Constitución ordenó la creación de un área metropolitana que integra a los
municipios de la ciudad de Caracas, para la mejor coordinación de los asuntos
comunes en la ciudad. Para cumplir con ese mandato fue creado en el año 2000 el
“Distrito Metropolitano de Caracas”. Sin embargo, luego de la elección de
Antonio Ledezma, la entonces Asamblea Nacional decidió eliminar el Distrito
Capital y crear, en su lugar, dos entidades: el Distrito Capital, dependiente
del Gobierno, y Área Metropolitana de Caracas, cuyas autoridades son de
elección popular. El órgano de Gobierno de esa Área es la Alcaldía
Metropolitana.
Por su parte, la disposición
transitoria tercera de la Constitución ordenó la creación de un régimen
especial para los Municipios José Antonio Páez y Rómulo Gallegos, del estado
Apure. En ejecución de esa norma fue creado mediante ley del año 2000 el
Distrito del Alto Apure, cuyo órgano de gobierno es la Alcaldía.
De conformidad con las
noticias comentadas, entonces, puede concluirse que la ANC ordenó la
eliminación del Área Metropolitana de Caracas y del Distrito del Alto Apure.
La ANC no puede modificar la
organización político-territorial de Venezuela.
La ANC no puede alterar la
organización político-territorial de Venezuela, y por ello, no puede ordenar la
supresión del Área Metropolitana de Caracas y del Distrito del Alto Apure. Hay,
al menos, tres razones que lo impiden.
La primera, en la cual hemos
venido insistiendo, es que la ANC es un órgano ilegítimo que no puede adoptar
ninguna decisión con validez jurídica. Todas las decisiones que adopte la ANC,
por ello, son jurídicamente inexistentes y no entrañan, por ello, deber de
obediencia.
La segunda razón es que la
existencia del Área Metropolitana de Caracas y del Distrito del Alto Apure está
garantizada en la Constitución, que es la norma jurídica suprema. Ningún órgano
puede, por ello, modificar en decisiones concretas lo dispuesto en la
Constitución. Con lo cual, al decidir suprimir al Área Metropolitana de Caracas
y al Distrito del Alto Apure, la ANC en realidad pretende derogar a la
Constitución de 1999.
La tercera razón es que la
eliminación del Área Metropolitana de Caracas y del Distrito del Alto Apure
viola los derechos políticos de las autoridades electas para ejercer los cargos
de representación popular en esas organizaciones, y viola también los derechos
de los electores que eligieron a tales autoridades. Al ordenar suprimir esas
entidades, la ANC está desconociendo el mandato popular conferido a las
autoridades electas para ejercer los órganos del Poder Ejecutivo y Legislativo
de esas dos entidades, lo que constituye una nueva violación a la Carta
Democrática Interamericana.
La dictadura de la ANC
La decisión de suprimir el
Área Metropolitana de Caracas y el Distrito del Alto Apure recuerda que,
técnicamente, la ANC es un órgano dictatorial.
En efecto, al anunciar su decisión, la ANC aludió a su “poder
originario”, esto es, un poder absoluto e ilimitado. Es un poder absoluto pues
la ANC pretende concentrar todos los poderes del Estado, incluso, para derogar
la Constitución de 1999. Es además ilimitado, pues la ANC adopta cualquier
decisión en cualquier materia y sin ningún tipo de control. Basta abrir cualquier
texto de Derecho Constitucional para comprender que todo poder absoluto e
ilimitado es, por definición, un poder dictatorial.
Con lo cual, ningún cargo de
elección popular está a salvo con la ANC. Con el mismo “poder originario”
empleado para suprimir al Área Metropolitana de Caracas y al Distrito del Alto
Apure, la ANC podría suprimir cualquier municipio, estado e incluso, a la
propia Asamblea Nacional. Allí está el ejemplo, también, de Juan Pablo Guanipa,
Gobernador electo del estado Zulia cuyo mandato fue desconocido por la ANC
invocando su “poder originario”.
¿Qué hacer entonces?
La única solución frente a
esta situación es abolir a la ANC, pues su sola existencia es incompatible con
el Estado de Derecho y con la democracia constitucional. Ni política ni
constitucionalmente es posible compatibilizar la ANC con las instituciones
reconocidas en la Constitución de 1999, pues el poder absoluto e ilimitado de
la ANC le permitiría, en cualquier momento, desconocer cualquier arreglo
institucional llamado a lograr esa convivencia.
Mientras la ANC siga
ejerciendo su “poder originario”, ninguna institución y ningún ciudadano
estarán a salvo en Venezuela.
21-12-17
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico