Por La Nación Argentina
El chavismo sólo supo esperar
cinco días. La asamblea nacional constituyente avanzó ayer en el plan trazado
para allanar la reelección de Nicolás Maduro, al obligar a las organizaciones
políticas que quieran participar en procesos electorales "haberlo hecho en
las elecciones de ámbito nacional, regional o municipal inmediatamente anterior".
Un malabarismo político con el que hiere a dos pájaros políticos de un solo
tiro, ya que además dinamita los avances en Santo Domingo, una mesa de
negociación donde el viernes pasado se sentaron los partidos castigados ahora
por el órgano revolucionario.
El decreto bolivariano sitúa
en fuera de juego a Primero Justicia, Acción Democrática y Voluntad Popular,
las principales formaciones de la Unidad Democrática que llamaron a la
abstención en los comicios del 10 de diciembre. "Esta decisión busca evitar
que podamos postular un candidato que represente el cambio y la
esperanza para el pueblo de Venezuela en las próximas elecciones
presidenciales", denunció Tomás Guanipa, dirigente de Primero
Justicia.
"Maduro, no hay decreto
constituyente que suprima la necesidad del pueblo de cambiar de una vez por
todas la 'robolución'. Nosotros los adecos siempre estaremos aquí luchando pase
lo que pase, sin importar cuántas triquiñuelas se inventen", respondió
Acción Democrática tras conocer el decreto. Henry Ramos Allup, su secretario
general, es uno de los pocos líderes opositores que no está inhabilitado, preso
o en el exilio.
Se trata de un castigo
evidente por la abstención promovida en los comicios municipales y que vulnera
el principio de la retroactividad jurídica, que no se debe emplear en contra de
derechos fundamentales. Y todo ello pese a no estar reconocida la asamblea
constituyente ni por la oposición ni por la comunidad internacional, tras el
"mayor fraude electoral de la historia de América latina", según la
Secretaría General de la OEA.
Luis Florido, diputado de
Voluntad Popular y delegado opositor en Santo Domingo, cuestionó de
inmediato al gobierno: "¿Será que algunos quieren impedir que continúe la
negociación con la comunidad internacional?".
El propio presidente
Maduro se ha encargado de torpedear la nueva ronda de
negociaciones en la capital dominicana, calificando como
"colaboracionistas" a los opositores, amenazando a Borges con la
cárcel y adelantando la ilegalización de los partidos, que de plasmarse dejaría
en la carrera electoral a Avanzada Progresista (AP) y Un Nuevo Tiempo (UNT),
agrupaciones criticadas por sus postulados "tibios" con el chavismo.
Y para que nadie tenga dudas,
Maduro cargó en su última aparición televisiva de anoche contra Capriles, uno
de los rivales que más teme por su moderación y al que calificó de
"bandido". El primer mandatario aseguró que el ex candidato
presidencial no volverá a ejercer ningún cargo público durante 15 años, tras
ser inhabilitado por la Contraloría chavista.
El Palacio de Miraflores
sopesa adelantar las elecciones presidenciales entre febrero y abril, tras la
"triple victoria" alcanzada en los comicios de julio (constituyente),
octubre (regionales) y diciembre (municipales). Los dos primeros fueron denunciados
por distintos fraudes y en el último sólo participaron AP, UNT, partidos
alejados de la Unidad y chavistas disidentes, además de independientes
procedentes de los partidos mayoritarios. Los primeros alcanzaron un
estrepitoso fracaso y solo los independientes retuvieron alcaldías
históricamente opositoras, como Chacao y Baruta.
Maduro es el principal
favorito para las presidenciales, pese al rechazo popular del 65% de la
población. A su favor, el resquebrajamiento de la oposición, el éxodo masivo de
los más afectados por la crisis y el perfeccionamiento de las herramientas de
control social y político, en especial los CLAP (versión modernizada de la
libreta de racionamiento cubana) y el carnet de la patria.
21-12-17
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