Por Piero Trepiccione
Existe una creciente
atención global por la situación de la democracia en América Latina y el
Caribe. Las señales que apuntan al autoritarismo titilan en diversos países de
la región con mayor o menor intensidad. Las estructuras creadas para fungir de
contrapesos en un sistema de instituciones que se regulan entre sí, han sido
desbordadas, diluidas o simplemente cooptadas para servir de plataformas a los
deseos de los individuos que lideran los ejecutivos presidenciales.
Increíblemente, la visceralidad, las ofensas directas, la relación directa del
líder con las multitudes a partir de la utilización de las nuevas herramientas
tecnológicas para la comunicación pública y política, se han convertido en
protagonistas rutinarias de una forma de autoritarismo de peligrosa extirpe.
La aparición de una serie de
líderes en la región apuntalando la telepolítica como una forma de gestionar el
Estado derivó en el fenómeno del híperliderazgo, cuya principal característica
ha sido debilitar la institucionalidad construida durante décadas para
favorecer el balance de la democracia por sobre el poder de un individuo o de
unos pocos. Esta singular desviación está trayendo consecuencias terribles en
el funcionamiento global de nuestras democracias y está debilitando el
ejercicio de la ciudadanía responsable.
Ante el retroceso de la
institucionalidad frente al híperliderazgo, además de la aparición con
inusitada fuerza del autoritarismo de los gobernantes, apreciamos los avances
en la conquista de espacios públicos por parte de grupos asociados al
narcotráfico, a la minería ilegal, a negocios desarrollados bajo la sombra del
Estado y a organizaciones irregulares de dimensiones nacionales y continentales
inclusive. Las alertas están encendidas en diversos países. Las reiteradas
violaciones a los derechos humanos y los retrocesos en las condiciones de vida
de millones de latinoamericanos dan cuenta de un fenómeno que peligrosamente
está impactando la región y ante el cual, nos está costando responder como
sociedad.
Necesario entonces es
comenzar a visualizar el problema más allá de lo nacional. Hay que orquestar
una visión conjunta desde la acción regional para contrarrestar los
autoritarismos y denunciar los excesos del poder. Construir y reconstruir las
articulaciones entre diferentes organizaciones de la sociedad civil junto a
partidos políticos, movimientos sociales, gremios, sindicatos, universidades,
cooperativas y personas preocupadas para generar nuevos contrapesos
democráticos más allá de los poderes públicos formales, que en muchos casos de
la región, han sido cooptados por presidentes autoritarios y aferrados al poder
que no creen en la alternabilidad de la democracia ni el estar sometidos a los
marcos jurídicos consensuados por la sociedad.
La tarea no se puede
posponer. Algunos gobiernos en particular usan diariamente todos los recursos
públicos para destruir la democracia y servirse con fines netamente
individuales de las bondades del ejercicio del poder. Lo más grave, es que este
tipo de acciones las disfrazan de un marco ideológico para hacernos pensar que
lo están haciendo en favor del pueblo, quien es el beneficiario directo de sus
acciones, pero en realidad, se trasluce su aferramiento enfermizo al poder
llevándose por delante cualquier crítica o contrapeso que limite sus egos
desbordados. América Latina y el Caribe viven una auténtica crisis de sus
democracias. Hay que organizarse rápidamente para atacar los males de raíz y poder
proyectar soluciones a largo plazo que escapen de la ruta pendular que hemos
vivido en las últimas décadas.
09-01-20
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